El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada -compuesto por las organizaciones sindicales FeSMC UGT, Comisiones Obreras del Hábitat y FTSP-USO, y las organizaciones empresariales Asecops y Aproser, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad- ha instado a un cambio «radical» y «urgente» de los procesos de contratación de los servicios de seguridad privada por parte de las administraciones públicas.
En un comunicado, el Observatorio ha apelado a esta necesidad de reconsiderar el modelo tras los últimos acontecimientos del pasado 2 de enero, cuando la Policía Nacional desarticuló una organización presuntamente dedicada al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social por importe superior a los seis millones de euros.
En este sentido, ha lamentado el perjuicio que las prácticas de la empresa objetivo de la investigación ha supuesto para sus trabajadores, para los organismos públicos afectados y para el conjunto del sector, «que se caracteriza por un estricto cumplimiento normativo».
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Así, ha expresado que es «absolutamente prioritario» seguir la ejecución contractual «más que nunca», con la participación de todas las autoridades competentes y al amparo de las facultades establecidas por la Ley de Seguridad Privada y Ley de Contratos del Sector Público.
Entre los motivos, el Observatorio ha señalado que no se puede «optar temerariamente» por modelos de contratación que partan de presupuestos de contratación que no respetan las exigencias legales de ajuste a los costes laborales de obligada aplicación y la obtención de un razonable beneficio económico por parte de los licitadores.
Además, también ha rechazado aquellos modelos que no atienden al necesario peso de la calidad en la adjudicación contractual, y mantener una normativa que en la práctica convierte en un mero trámite la consideración de los criterios de solvencia empresarial.
«Estas son las razones que han conducido a que día tras día se engrosen las cuentas de resultados de este tipo de empresas, con prácticas como las anteriormente descritas, dejando todo tipo de deudas con clientes, proveedores, órganos de recaudación y profesionales que prestan sus servicios para ellas, para finalmente desaparecer u ocultarse bajo otras siglas en espera de la oportunidad de reincidir», recoge el comunicado.
A su vez, se ha reiterado que desde hace varios años se han producido denuncias por parte de los agentes sociales a estas prácticas pero no se ha dado solución alguna para garantizar la seguridad jurídica para las empresas que quieren cumplir la normativa legal.