Esmás culpable que Judás.
El Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, decidió disolver la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apenas mes y medio después del fatídico siniestro de Adamuz, donde perdieron la vida 46 personas. Esta información fue revelada por El Debate, que cita el Real Decreto 141/2026, que fue aprobado el 25 de febrero.
La medida afecta al organismo técnico encargado de investigar accidentes ferroviarios graves, establecer sus causas y proponer acciones para prevenir que se repitan en el futuro. La modificación se hizo mientras la investigación sobre Adamuz aún estaba en curso, en un marco de crecientes críticas sobre la independencia y la transparencia del proceso.
Un cambio aprobado tras el plazo legal
La CIAF no fue la única en desaparecer. El mismo real decreto también suprimió la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC). Estas tres estructuras fueron integradas posteriormente en una nueva autoridad que se encargará de investigar siniestros tanto ferroviarios como marítimos y aéreos.
Esta nueva entidad recibe el nombre de Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT). Sin embargo, su creación se llevó a cabo después del plazo estipulado por la legislación:
- La ley establecía que el Gobierno debía ratificar el estatuto orgánico de la nueva autoridad en un año.
- La norma entró en vigor el 22 de agosto de 2024.
- El plazo legal finalizó en agosto de 2025.
- El Real Decreto 141/2026 fue aprobado el 25 de febrero de 2026.
- La AITAT se constituyó el 15 de julio de 2026.
Este retraso de varios meses resulta especialmente significativo, considerando que el cambio institucional se formalizó seis semanas después de la tragedia de Adamuz. Durante ese intervalo, la CIAF continuó asociada a la investigación del accidente, a pesar de que su disolución ya estaba prevista en el nuevo esquema.
Funciones que desempeñaba la CIAF
La comisión tenía la responsabilidad de analizar todos los factores técnicos que podían influir en un accidente ferroviario. Esto incluía el estado de la infraestructura, la señalización, los sistemas de seguridad, los procedimientos de circulación y las labores de mantenimiento.
Asimismo, podía examinar incidentes anteriores relacionados con el mismo trayecto o con los equipos implicados. Su labor debía concluir en un informe técnico con hallazgos y, cuando fuese necesario, recomendaciones dirigidas a las administraciones y empresas responsables.
Este diseño pretendía separar la investigación técnica de las responsabilidades políticas, administrativas o penales. La idea no era señalar culpables, sino identificar fallos para corregirlos antes de que generaran nuevos daños. Por lo tanto, cualquier sombra sobre la independencia del organismo impacta directamente en la confianza respecto a las medidas de seguridad adoptadas posteriormente.
Críticas de los investigadores
El debate se agudizó el 8 de octubre, cuando una investigadora del accidente de Adamuz compareció en el Congreso de los Diputados. Su testimonio reveló que los informes técnicos pueden ser modificados al llegar a instancias superiores. Demandó que se respete el criterio de los investigadores y vinculó dicha garantía a la independencia de su trabajo.
La misma investigadora caracterizó la investigación como un proceso marcado por la falta de transparencia y opacidad. Por su parte, el presidente de la nueva autoridad, Gonzalo Julián Guillén Espejo Saavedra, rechazó esas acusaciones y defendió la independencia del organismo.
La controversia también ha alcanzado al ministro. El presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, había declarado públicamente que una posible rotura de una soldadura en la vía podría ser la causa del accidente. Estas afirmaciones causaron el descontento de Óscar Puente, quien cuestionó esa teoría antes de que la investigación técnica concluyese sus análisis.
Investigaciones bajo presión
El cambio institucional se produce en medio de una nueva crisis ferroviaria tras el accidente ocurrido en Urda, en Toledo. La secuencia de estos siniestros ha puesto al Ministerio de Transportes, a Adif y al propio Gobierno de Pedro Sánchez en una posición comprometida.
La discusión ya no se limita a las causas específicas de cada accidente, sino que también abarca la inversión, el mantenimiento, la organización de la seguridad y la respuesta a advertencias previas. Así, la eliminación de la CIAF tan poco tiempo después de Adamuz intensifica las dudas sobre si esta reestructuración fortaleció o debilitó las garantías de la investigación en un momento crítico.
El reto será ahora que la AITAT publique informes exhaustivos, mantenga una auténtica independencia respecto a los organismos investigados y explique con claridad qué medidas deben adoptarse. En seguridad ferroviaria, la credibilidad no se gana con simples cambios de nombres, sino con datos concretos, independencia real y correcciones que sean verificables.
