La indagación sobre las supuestas cloacas de Ferraz incorpora una declaración de gran relevancia.
De acuerdo con lo que revela Alejando Entrambasaguas en El Debate, la cabecilla del clan de Los Rochos, Cintia Rocho, admitió ante la UCO que un intermediario vinculado a la red de Leire Díez se puso en contacto con ella para tomar medidas contra la jueza Beatriz Biedma, responsable de la investigación que involucraba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La declaración tuvo lugar el 24 de septiembre en la comandancia de la Guardia Civil en Badajoz. Los agentes se desplazaron a la ciudad para interrogar a dos personas relacionadas con clanes de narcotráfico. Esta investigación busca esclarecer si la red intentó intimidar o desacreditar a la magistrada a cambio de ofrecer beneficios judiciales a sus contactos.
El relato de Rocho, que aún se encuentra en una fase de instrucción judicial y a la espera de ser contrastado con otras evidencias, ubica a la organización criminal en el epicentro de una maniobra que habría tenido varias metas:
- Apartar a Biedma de la investigación sobre David Sánchez.
- Conseguir información sobre la vida personal de la magistrada.
- Presionar a otros jueces en Badajoz.
- Proporcionar información sobre periodistas que estaban investigando al hermano del presidente.
Información sobre seguimientos a periodistas
La UCO también está examinando si la red de la fontanera entregó a David Sánchez fotografías y datos relativos a seguimientos realizados a periodistas en Badajoz. Estas imágenes formarían parte de un plan para identificar a quienes trabajaban en el llamado caso Azagra y rastrear sus movimientos.
La simple existencia de este material no prueba por sí sola quién ordenó los seguimientos ni qué finalidad concreta se pretendía. Los investigadores necesitan aclarar quién tomó las imágenes, quién las recibió y si existió coordinación entre personas del ámbito político, empresarial y criminal.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lidera las diligencias en torno a las maniobras presuntamente atribuidas a Leire Díez. Esta causa busca esclarecer si varios individuos intentaron obstaculizar procedimientos judiciales que directamente afectarían al PSOE o al Gobierno mediante campañas de desprestigio, presión y conexiones con terceros.
Biedma presenta documentos y vídeos a Pedraz
Beatriz Biedma ha comparecido como perjudicada en el proceso. La magistrada sostiene haber sido objeto de una campaña destinada a menoscabar su reputación pública y profesional con el fin de alejarla de la investigación contra David Sánchez.
Entre la documentación presentada se incluyen vídeos publicados en YouTube, algunos de ellos con acusaciones e insultos dirigidos hacia ella. Según la información disponible, la jueza ha entregado alrededor de un centenar de grabaciones, además de documentos que asocia con una estrategia de acoso.
La indagación también evalúa la actuación del exmagistrado y abogado Luis Sáenz de Tejada, a quien diversos medios sitúan en el entorno de los contactos con la organización de Badajoz. La UCO habría encontrado comunicaciones entre él, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y otras personas ligadas a la ciudad.
Los investigadores plantean la hipótesis de una operación multifacética: cuestionar la imparcialidad de Biedma, presentar su actuación como ideológica y crear justificaciones para solicitar su separación. La instrucción determinará si estas acciones formaron parte de un plan coordinado o de iniciativas individuales.
El asesinato de Jesús Rocho se suma a la causa
Biedma ha comunicado a Pedraz un dato que agrega una dimensión particularmente delicada: el asesinato a tiros de Jesús Rocho, ocurrido en Badajoz el 30 de diciembre de 2024. La víctima era el padre de Jesús Sebastián Rocho Leal, una persona relacionada con actuaciones judiciales que involucraban a la magistrada.
La jueza menciona este crimen al intentar aclarar una anotación hallada en una agenda de Leire Díez que dice: «La Celsa. Heroína o gitano». Los investigadores vinculan el nombre de La Celsa a Cintia Rocho, aunque la anotación admite varias lecturas y aún no establece una conexión directa con el homicidio.
El asesinato ocurrió en un momento en que avanzaba la investigación sobre David Sánchez, durante un periodo que Biedma considera significativo para evaluar la presión que sufrió. Aunque la magistrada no atribuye públicamente el crimen a la trama investigada, solicita que se valore su coincidencia temporal y la posible relación entre las personas mencionadas.
Otros tres jueces bajo la lupa
Un documento interno que se atribuye a la célula clandestina de Ferraz habría incluido a otros tres jueces de Badajoz, además de Biedma:
| Magistrado | Situación mencionada en los documentos |
|---|---|
| Emilio García-Cancho | Titular del Juzgado de Instrucción número 2 y actual presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz |
| Samantha Reynolds Barredo | Jueza y esposa de García-Cancho; actualmente magistrada de la Audiencia Provincial de Cáceres |
| Marta Hernández Sánchez | Responsable del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz |
El archivo, elaborado presuntamente en noviembre de 2024, habría registrado maniobras para desacreditar a estos jueces y favorecer la absolución de David Sánchez. Esta afirmación se basa en la documentación analizada por los investigadores, que debe ser corroborada durante la instrucción.
Perfil de Cintia Rocho
Cintia Rocho, conocida como La Celsa, es identificada como la líder de Los Rochos, un clan con presencia en Badajoz y antecedentes ligados al tráfico de drogas. Su declaración ante la UCO la convierte en una pieza clave para reconstruir los contactos de la supuesta red.
Entre los elementos más destacados del caso se encuentran:
- La UCO se trasladó a Badajoz para interrogarla con carácter urgente.
- Se habría obtenido información personal sobre Biedma.
- Según las investigaciones, el encargo podría incluir un «susto» o una acción más severa.
- Su nombre se vincula a una anotación en la agenda de Leire Díez.
- La pesquisa también investiga si otros miembros del clan recibieron solicitudes similares.
La declaración no cierra ninguna de las líneas abiertas. Ahora, la Audiencia Nacional debe determinar si existió una estructura coordinada, quién dio las órdenes y hasta dónde se extendió la operación para influir en la investigación que llevó a David Sánchez ante los tribunales.