El caso de Maricarmen Abascal, desahuciada a los 87 años tras haber habitado desde 1956 un piso en el distrito madrileño de Retiro, ha vuelto a poner en la mira la renta antigua en España.
Su contrato, que estuvo vigente durante setenta años, refleja la protección que brindó este sistema, pero también sus limitaciones ante cambios en las condiciones legales y económicas.
La renta antigua no representa un programa de ayudas públicas reciente.
Es un régimen de alquileres establecido antes del 9 de mayo de 1985, fecha en que entró en vigor el Real Decreto-ley 2/1985, conocido popularmente como decreto Boyer. No hay un registro estatal que facilite conocer la cifra exacta de contratos activos, pero diversas estimaciones indican que el número se sitúa entre 130.000 y 160.000 hogares.
Un régimen concebido para contener los alquileres
Durante años, la normativa restringió las subidas y garantizó la continuidad de inquilinos e, incluso, de sus familiares en determinadas circunstancias. Su propósito era evitar que se disparasen los alquileres en un contexto donde los salarios eran más bajos y los inquilinos tenían escasa capacidad de negociación.
Este sistema también generó una notable disparidad entre los contratos. Mientras algunos hogares lograron mantener rentas mínimas, los propietarios asumieron ingresos muy por debajo de los precios del mercado. Esta brecha ha ido creciendo con el tiempo, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona, donde el alquiler ha aumentado de forma acelerada.
Las estimaciones indican que este régimen se vuelve cada vez más reducido:
| Estimación | Peso aproximado |
|---|---|
| 150.000 viviendas | Cerca del 5% del parque de alquiler |
| 130.000-160.000 hogares | Entre el 3% y el 4% del mercado arrendado |
La diferencia entre ambas cifras se debe a la falta de un censo específico y a las distintas metodologías empleadas. En los últimos cinco años, se ha observado una disminución de siete puntos porcentuales en el peso de estos contratos, de acuerdo con los datos recogidos en el artículo principal.
Los límites que afectaron a Maricarmen
El caso de Maricarmen ilustra que haber residido durante décadas en un hogar no garantiza, por sí mismo, la permanencia indefinida. La protección depende del contrato, de sus cláusulas, de la situación personal del titular y de las normativas aplicables a la subrogación.
La cobertura mediática de este caso ha estado acompañada de errores y contradicciones. Se ha presentado la renta antigua como una protección absoluta, cuando en realidad el régimen tiene sus límites. Además, no se puede atribuir automáticamente el final de un contrato a una decisión política reciente, ya que la evolución normativa comenzó antes y ha tenido un impacto diferente en cada arrendamiento.
La afirmación de que “la quitaron los socialistas” simplifica la compleja historia legal en cuestión. El decreto Boyer de 1985 eliminó la posibilidad de crear nuevos contratos indefinidos de este tipo, pero fue aprobado durante el Gobierno socialista de Felipe González y bajo la dirección de Miguel Boyer como ministro de Economía. Desde entonces, sucesivas reformas han ido manteniendo, reduciendo o condicionando derechos, dependiendo de la fecha del contrato y de la situación del inquilino.
Crecimiento económico, pero con una vivienda cada vez más cara
La economía española sigue mostrando un crecimiento notable. En el segundo trimestre de 2026, el PIB creció un 0,7% y la actividad continúa con un comportamiento más sólido que el de otros grandes países de la eurozona. Sin embargo, este avance no se refleja de manera uniforme en los presupuestos familiares.
El precio medio de la vivienda libre alcanzó en el segundo trimestre los 2.355 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 12,5% en comparación interanual. El índice de precios de transacción del INE registró un aumento del 12,2%, todavía en cifras de dos dígitos, aunque algo más moderado que en trimestres previos.
El principal problema reside en la oferta. Mientras la demanda sigue en aumento en los principales núcleos urbanos, el número de viviendas disponibles no crece al mismo ritmo. Esto resulta en una presión simultánea tanto sobre la compra como sobre el alquiler, aun en tiempos de expansión económica.
Inflación y precios: el otro frente
La inflación general alcanzó el 4,3% en agosto, un incremento con respecto al 3,6% de julio. La tasa subyacente se situó en el 2,9%. El encarecimiento de la energía, los alimentos y otros bienes está reduciendo el margen de maniobra de los hogares, que ya dedican un porcentaje elevado de sus ingresos a la vivienda.
Las proyecciones también han empeorado. La OCDE estima que los precios aumentarán un 3,7% en España durante 2026 y un 3,4% en 2027. Funcas prevé un crecimiento del PIB del 2,5% para este año, pero ajusta a la alza su estimación de inflación media al 3,4%.
Así, la tensión residencial plantea una paradoja: la renta antigua sigue resguardando a miles de hogares, pero cada vez alcanza a menos personas, mientras que quienes entran en el mercado ahora deben enfrentar alquileres y precios considerablemente más altos. En este contexto, es fácil entender por qué la vivienda se ha convertido en uno de los principales puntos de desgaste para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Maricarmen disfrutó de siete décadas bajo un contrato excepcional; para miles de familias, la cuestión ahora es cuánto tiempo puede continuar siendo la vivienda un refugio ante el creciente encarecimiento.