La situación fue breve, pero extraordinariamente inusual: en medio del juicio que se llevaba a cabo en la Audiencia de Barcelona, dos intérpretes no lograron realizar la traducción del catalán al castellano, lo que obligó a los abogados a hacer sus preguntas en español.
Este incidente, reportado por *El Debate*, tuvo lugar durante la vista relacionada con las lesiones que sufrió Roger Español durante la jornada del referéndum del 1-O.
La falta de traducción se tornó crítica, sobre todo en el momento en que las acusaciones deseaban interrogar a los agentes de la Policía Nacional.
La primera intérprete no pudo desempeñar su labor de manera efectiva desde el inicio, y la segunda tampoco solucionó el inconveniente, llevando a los abogados de las acusaciones a autocombinarse o a cambiar directamente al castellano para no interrumpir la sesión más tiempo.
🔴 "Les traduccions als judicis són un desastre, és un problema endèmic."
Anaïs Franquesa, advocada i directora d'Irídia, parla dels despropòsits amb el català durant el judici de Roger Español #TotEsMou3Cat
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— 3Cat (@som3cat) September 18, 2026
Qué sucedió en la sala
La segunda jornada del juicio comenzó con problemas de traducción. Ante la ineficacia de la primera intérprete, el tribunal llegó a considerar la posibilidad de suspender temporalmente la vista en busca de una sustituta. La abogada Laia Serra, de Òmnium Cultural, tuvo que reformular sus preguntas en dos idiomas para poder seguir con el interrogatorio. Finalmente, se dio cuenta de que cambiar al castellano sería la opción más efectiva.
El mismo obstáculo se presentó también al abogado Benet Salellas, que defendía a Roger Español. Él también se vio forzado a dejar de lado el catalán en algunas de sus preguntas para no frenar la dinámica del proceso. Esta situación, recogida en varias crónicas, dejó un escenario complicado en un juicio que se estaba llevando a cabo en Barcelona, donde aquellos que pretendían usar el catalán tuvieron que renunciar a su uso a causa de un inconveniente meramente operativo.
La respuesta de la Generalitat y el debate sobre el servicio
El Departament de Justícia de la Generalitat demandó explicaciones a la empresa encargada del servicio de interpretación, solicitando que aclarara de inmediato los posibles incumplimientos detectados. La consejería busca comprender por qué las intérpretes asignadas no pudieron cumplir con una función esencial en una vista donde se requería traducción para garantizar el normal funcionamiento del juicio.
La polémica no se ha limitado al caso específico. Irídia, Òmnium Cultural y la ANC han denunciado una violación de derechos lingüísticos y han criticado la falta de transparencia en la gestión del servicio. Además, se ha indicado que la interpretación judicial está externalizada y, en este caso, el problema no radicó en la solicitud de traducción, sino en las capacidades de las intérpretes asignadas para realizar esta tarea adecuadamente.
Un caso con carga política y simbólica
Este juicio se sitúa en el marco por las lesiones infligidas a Roger Español, quien perdió un ojo a causa del impacto de una pelota de goma durante el 1-O. Por esta razón, cada detalle procesal adquiere una trascendencia considerable: no solo se analiza lo que sucedió en aquel día, sino también cómo opera actualmente la justicia cuando se encuentra en juego la lengua catalana.
El incidente ha reavivado una conversación larga y delicada en Cataluña: se pone sobre la mesa si el derecho a expresarse en catalán en el ámbito judicial está realmente garantizado o si, en la práctica, depende de la calidad del servicio contratado. En esta ocasión, la secuencia es tan simple como ilustrativa: se solicitó traducción, la traducción falló y los abogados decidieron comunicarse en castellano para no detener la vista.
- Punto de tensión: el uso del catalán en los juzgados.
- Problema inmediato: intérpretes que no contaban con la formación adecuada para proseguir el interrogatorio.
- Solución práctica: optar por el castellano para evitar más retrasos.
- Efecto político: críticas a la gestión del servicio y al funcionamiento de la justicia en Cataluña.
Lo que deja la jornada
Más allá del eco político, este caso pone de relieve un asunto bastante específico: cuando un servicio de interpretación falla, el derecho lingüístico deja de ser una garantía para transformarse en una mera formalidad incómoda. En una sala de vistas, este tipo de fallo no solo retrasa el proceso; también remueve quién puede hablar, de qué forma y en qué idioma.
Asimismo, hay una implicación de imagen pública: en un juicio muy delicado, con una fuerte carga simbólica, la escena de dos intérpretes incapaces de traducir del catalán al castellano ha dado un giro a la conversación, centrando el foco en la gestión del servicio y no en el fondo de la causa.
Una curiosidad que resulta bastante ilustrativa es que el inconveniente no consistió en que el uso del catalán estuviera prohibido, sino, precisamente, que se intentó utilizarlo con traductores y, aun así, la opción más rápida para continuar fue dejar el idioma a un lado. En una vista diseñada para escuchar con precisión, se terminó imponiendo la solución menos estilosa, pero más práctica.