El cambio de Alberto Núñez Feijóo en su enfoque hacia la inmigración no es repentino ni inesperado.
Desde hace meses, el líder del PP está ajustando un discurso que entrelaza promesas de orden con advertencias sobre criminalidad y regularizaciones a gran escala, en un contexto de disputa con el Gobierno sobre la narrativa de seguridad y control en las fronteras.
Ya se conocían aspectos fundamentales del plan del partido: un “visado por puntos” que valore la formación, el arraigo laboral y la conexión cultural, así como la noción de que los delitos graves conlleven la pérdida del derecho de residencia para inmigrantes en situación regular.
Ahora, como adelantaba El Mundo en su cobertura del último evento del PP, la atención se centra un paso más allá: la nacionalidad de aquellos extranjeros que hayan cometido delitos graves, abriendo la discusión sobre la posible anulación de la ciudadanía a quienes la hayan obtenido por residencia o naturalización.
Qué plantea realmente Feijóo y cuál es el límite legal
La intención política es evidente: asociar de manera directa delito grave y expulsión, añadiendo a esta fórmula la revisión de la nacionalidad en el caso de españoles no nacidos en el país. Feijóo subraya en su discurso la “tolerancia cero frente al delito” y se distancia tanto de la regularización masiva promovida por el Gobierno como de la postura radical que defiende Vox.
Sin embargo, en la letra pequeña, se presenta un obstáculo jurídico complicado de superar:
- El Código Civil ya establece causas específicas para la pérdida de nacionalidad en quienes la han adquirido, aunque no menciona de forma automática la retirada por la simple existencia de una condena penal.
- Según la Ley de Extranjería y el Código Penal, actualmente es posible expulsar a extranjeros condenados a penas de más de un año de prisión, incluso por delitos menos graves como ciertos robos o amenazas, siempre mediante un análisis caso por caso y garantizando derecho a recurso.
- La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los tratados internacionales obligan a examinar cada expediente de manera individualizada, así como a asegurar que la expulsión no genere situaciones de apatridia ni infrinja derechos fundamentales.
Para que un plan como el que sugiere Feijóo —retirar la nacionalidad por delitos graves y proceder a la expulsión— fuera factible, sería necesario reformar el Código Civil, modificar la Ley de Extranjería y moverse con tacto entre los límites establecidos por la Constitución y el derecho europeo. No es un detalle menor, sino el núcleo del desencuentro entre la retórica política y el edificio jurídico.
Un debate que no surge de la nada: Vox, Ayuso y la sombra del “reemplazo”
El clima propicio para este debate se ha ido cultivando durante meses. Vox ha estado defendiendo la revocación de la nacionalidad española a inmigrantes que cometan cualquier delito del Código Penal, no solo a aquellos considerados graves, como parte de un conjunto de propuestas dirigidas a endurecer al máximo las políticas penales y migratorias. Su objetivo, claramente expresado, es facilitar expulsiones “sin excepciones”, aunque la persona ya haya obtenido la nacionalidad.
Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha mostrado apertura a la idea de asociar la pertenencia a organizaciones criminales con la revocación de la nacionalidad adquirida, hasta el punto de impulsar una iniciativa en la Asamblea que instaba al Gobierno central a considerar esa reforma. Este movimiento anticipó una convergencia parcial entre algunos sectores del PP regional y las posturas más extremas de Vox, aunque la dirección nacional de Feijóo ha mostrado con frecuencia distancias en el Congreso, rechazando, por ejemplo, la “prioridad nacional” en ayudas públicas que defendía la formación de Abascal.
La situación se complica aún más porque el PP ha alimentado la narrativa del “reemplazo” en el censo electoral y ha vinculado la regularización extraordinaria de migrantes con la delincuencia e incluso el terrorismo. A la par, ha protestado contra el proceso de legalización masiva impulsado por el Ejecutivo, presentando mociones y enmiendas para ralentizarlo o condicionarlo a evaluaciones individuales.
Todo esto convierte el anuncio de un endurecimiento de las consecuencias penales y administrativas para inmigrantes delincuentes en un elemento más de una estrategia política más compleja: disputarle al Gobierno el control del debate sobre seguridad, contener a Vox por la derecha y conectar con un segmento del electorado preocupado por la combinación de delincuencia, fronteras y nacionalidad.
Reacciones políticas y sociales: del enfrentamiento ideológico al cálculo electoral
Las primeras reacciones oscilan entre la acusación de deriva xenófoba y la defensa de la idea de “priorizar la protección de los españoles”. El Gobierno y sus aliados han calificado de “racistas” o “inhumanas” algunas propuestas de Vox, advirtiendo que el PP se acerca peligrosamente a ese terreno al establecer de manera constante una relación entre inmigración y delincuencia.
En el Congreso, el PP ha intentado jugar a dos bandas:
- Aliarse con el rechazo a las mociones más extremas de Vox, como la prioridad nacional en ayudas o la repatriación automática de irregulares, para mantener una imagen de respeto al marco constitucional.
- Al mismo tiempo, provocar debates sobre seguridad nacional en los que se relaciona la regularización con un posible aumento del crimen y riesgo terrorista, colocando al Gobierno en una posición defensiva.
En la opinión pública, las encuestas indican un país polarizado. La regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno cuenta con apoyos significativos, aunque con tendencia a la baja, mientras que el discurso de mano dura se apodera de ciertos sectores. El riesgo político para el PP es evidente: si se percibe que la propuesta de retirar la nacionalidad a inmigrantes criminales graves invade espacios de apatridia o discriminación, podría perder apoyo entre los votantes moderados y fortalecer la narrativa del Gobierno respecto a una derecha radicalizada.
Posibles consecuencias: derecho, integración y seguridad
Si un conjunto de medidas como las que describe el PP llegara a publicarse en el BOE, sus repercusiones irían mucho más allá del titular:
- En el ámbito jurídico, se desataría una batalla de recursos ante el Tribunal Constitucional y probablemente ante instancias europeas, focalizando el litigio en el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación.
- En cuanto a la gestión de la integración, podría establecerse una percepción de ciudadanía condicionada entre quienes han adquirido la nacionalidad, con el mensaje implícito de que su estatus resulta más vulnerable que el de los españoles de nacimiento.
- En materia de seguridad, la verdadera eficacia de las expulsiones automáticas es cuestionable: los jueces y la normativa internacional exigen revisar cada caso individualmente y sopesar factores como el arraigo familiar, los riesgos en el país de origen y las posibles violaciones de derechos.
Paradójicamente, la obsesión por las expulsiones rápidas puede entrar en conflicto con la necesidad de controlar y rehabilitar a las poblaciones en prisión, especialmente en delitos relacionados con redes transnacionales donde la cooperación judicial es esencial. Por tanto, este debate trasciende lo moral o identitario; involucra también cuestiones de eficacia.
Curiosidades y datos relevantes del caso
- La propuesta de revisar masivamente nacionalidades otorgadas en los últimos años, que Vox ha considerado, implicaría reabrir más de un millón de expedientes, un desafío administrativo y judicial de gran envergadura.
- La Asamblea de Madrid ha funcionado como laboratorio político para muchas de estas propuestas: desde el endurecimiento del acceso a la nacionalidad hasta la revocación automática de residencia por delitos graves.
- La moción de “prioridad nacional” en ayudas públicas, a pesar de ser un estandarte ideológico de Vox, fue rechazada por el voto en contra de todo el arco parlamentario, incluido el PP, lo que demuestra que todavía existen límites compartidos.
- Aunque se habla mucho de expulsiones, la normativa española ya permite actualmente el retorno forzoso de extranjeros condenados a más de un año de prisión, lo que revela que gran parte del debate actual se sitúa más en el ámbito simbólico que en el puramente legal.
Esta mezcla de símbolos, temores y cálculos electorales es fundamental para entender el futuro del discurso sobre inmigración en España, con la nacionalidad como nueva frontera política.