En los últimos diez años, la inversión pública destinada a la sanidad privada concertada ha aumentado un 48%, tal como revela el Observatorio Social de las Personas Mayores 2026, mencionado en un análisis de Infobae sobre el crecimiento de los conciertos sanitarios. Este incremento no solo implica un aumento en la actividad asistencial delegada a empresas y fundaciones privadas, sino que también reaviva la discusión sobre el alcance que debe tener la colaboración público-privada en el sistema sanitario español.

Liderando esta transformación se encuentra Cataluña, que ya destina un 21,6% de su presupuesto sanitario a conciertos con entidades privadas, casi el triple de la media nacional, que se sitúa en un 8,5%. En segundo lugar, la Comunidad de Madrid presenta un 12,2% de su gasto sanitario dedicado a la privada concertada. Así, el panorama sanitario comienza a polarizarse: algunas comunidades han integrado de manera estructural centros privados en la red pública, mientras que otras limitan la concertación a un rol más restringido en el sistema.

Un crecimiento que tensiona el modelo de sanidad pública

El notable aumento del 48,1% en una década ocurre en un marco donde el gasto sanitario público total también ha experimentado un fuerte crecimiento, superior al 40% en el mismo lapso, aunque con un ritmo desigual entre diferentes áreas. Los conciertos se han convertido en una de las principales partidas de gasto sanitario, superando los 10.000 millones de euros anuales en 2024, según la Estadística de Gasto Sanitario Público. Es decir, una parte significativa del presupuesto destinado a sanidad ya se canaliza a través de proveedores privados.

Esta transformación no se debe únicamente a razones ideológicas. Existen motivos concretos que lo explican:

• La necesidad de reducir listas de espera para cirugías y pruebas diagnósticas.
• La ausencia de infraestructuras propias en determinadas regiones.
• La presión demográfica de una población envejecida que demanda más atención especializada.

A pesar de ello, los datos presentan una paradoja. Informes del Ministerio de Sanidad indican que, en términos proporcionales, la participación de los conciertos sobre el gasto sanitario público nacional ha disminuido del 11,6% en 2013 al 10,1% en 2022. Sin embargo, otros estudios sociales señalan que el incremento de gasto en conciertos a nivel autonómico en la última década alcanza el 48%. Es decir, el dinero aumenta, pero no al unísono con el total del presupuesto, y la distribución territorial juega un papel fundamental.

Cataluña y Madrid, dos modelos muy intensivos en privatización concertada

La posición de Cataluña en cuanto a gasto concertado no es un fenómeno reciente. Su integración histórica de numerosos hospitales privados en la red pública, mediante la Red Hospitalaria de Utilización Pública, explica que más de una quinta parte de su presupuesto sanitario sea gestionado de esta forma. En la práctica, una parte considerable de las intervenciones quirúrgicas y pruebas especializadas se llevan a cabo en centros de propiedad privada, pero financiados con recursos públicos.

En Madrid, el enfoque es distinto, con un fuerte respaldo a hospitales de gestión privada que dependen de la financiación pública. Entre 2018 y 2022, el gasto en conciertos de sanidad privada se disparó un 62,9%, pasando de 845 millones a 1.377 millones de euros. Además, los hospitales de “dependencia funcional privada” dentro del Sistema Nacional de Salud han crecido un 36,8% en los últimos diez años, ya representando casi un tercio de la red hospitalaria. Esta región combina concesiones administrativas, conciertos de reemplazo y contratos parciales, utilizando intensivamente la colaboración público-privada en cirugía, consultas y emergencias.

Este contraste ofrece una visión de dos formas de entender la concertación:

Otras comunidades, como Andalucía, se sitúan notablemente por debajo, con un porcentaje cercano al 4% de su gasto sanitario destinado a conciertos, según datos recientes del Gobierno autonómico, que destaca que esta cifra se encuentra por debajo de la media estatal, que supera el 8%. De este modo, el mapa sanitario revela una disparidad territorial que impacta directamente en cómo y dónde se prestan los servicios.

Impacto real en pacientes, listas de espera y gasto total

Más allá de las cifras, surge la pregunta crucial sobre el efecto de este aumento de conciertos en la vida cotidiana de los pacientes. Distintos informes recientes indican que la sanidad privada, tanto a través de seguros como por medio de conciertos, representa cerca del 26,8% del gasto sanitario total en España, con aproximadamente 37.000 millones de euros en 2023. Esta presencia se traduce en actividad asistencial:

• Cerca del 15,4% de las intervenciones y el 11% de las consultas públicas se realizan en centros privados con concierto.
• La sanidad privada, en su conjunto, asume más del 40% de las intervenciones quirúrgicas y cerca de un tercio de las altas hospitalarias.

Al analizar las listas de espera, la colaboración público-privada surge como una herramienta para aumentar la capacidad asistencial. El sector privado concertado recibe flujos de pacientes derivados desde la sanidad pública, especialmente en cirugía programada, pruebas diagnósticas y rehabilitación. En términos macroeconómicos, los conciertos representan aproximadamente el 0,65‑0,67% del PIB y se concentran en el ámbito hospitalario, donde más del 60% de estos contratos se agrupan.

Sin embargo, el debate abarca más que la cuestión de la eficiencia. Organizaciones como la Federación de Pensionistas de CCOO, promotores del Observatorio Social de las Personas Mayores, alertan de que la expansión de los conciertos podría erosionar la línea entre la gestión pública y privada, abriendo la puerta a una “dependencia estructural” del sistema hacia operadores privados. Por su parte, la patronal de la sanidad privada ASPE argumenta que la colaboración está insuficientemente dotada y sostiene que la disminución relativa del peso de los conciertos ha provocado una pérdida acumulada de inversión de alrededor de 9.300 millones en la última década.

Lo que se viene: más regulación, más datos y compras “por valor”

Los especialistas concuerdan en que la discusión ya no se limita a cuánto se destina a la sanidad privada, sino qué condiciones acompañan esos fondos. Algunos informes recientes sugieren un cambio hacia la compra “por valor”: contratos que no se remuneran únicamente por el volumen de actividad, sino también por resultados en salud, tiempos de espera y calidad percibida por los pacientes. Esto demandaría:

1. Indicadores homogéneos de resultados clínicos en todos los proveedores, tanto públicos como privados.
2. Transparencia en los precios y condiciones de los conciertos.
3. Evaluaciones periódicas sobre el impacto en la equidad territorial y el acceso.

Asimismo, se abre una segunda línea de debate acerca del papel de la sanidad privada en el ámbito sociosanitario. Más del 70% de las plazas residenciales para personas mayores son de propiedad privada, y el gasto sociosanitario privado ya supera los 7.000 millones de euros. El acelerado envejecimiento de la población podría difuminar aún más las fronteras entre sanidad, dependencia y cuidados de larga duración, elevando las cifras de colaboración público-privada.

Un mapa sanitario que cambia y algunas “curiosidades” del nuevo paisaje

La transformación del modelo sanitario deja algunos datos curiosos:

• Madrid, Cataluña y Baleares se encuentran a la cabeza en la adopción del seguro privado, con tasas superiores al 30% de la población cubierta.
• Los ciudadanos de Madrid son los que más invierten en asistencia privada, con un gasto medio superior a los 370 euros anuales, seguidos por los de Baleares y Cataluña.
• Casi un tercio de los hospitales en España son ya centros privados, aunque disponen de un menor número de camas en comparación con la red pública.
• En ciertas regiones, como Cantabria o la Comunitat Valenciana, el porcentaje del gasto sanitario destinado a conciertos con el sector privado no alcanza el 3‑4%, distanciándose de los máximos registrados en Cataluña.

En la última década, la convergencia de la sanidad pública, privada y concertada ha trascendido de un debate técnico a constituir un elemento central del modelo social. Y todo apunta a que, lejos de una lucha en blanco y negro, el futuro se definirá por cómo se gestionan esas zonas grises que ahora comienzan a dibujarse.