La escena en Madrid este viernes refleja a la perfección el clima político actual: un ministro de Hacienda que celebra lo que califica como un acuerdo histórico, mientras el resto de gobiernos autonómicos protestan hablando de agravio y “cacicada”.
Tal como detalla El Mundo en su crónica del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo ha conseguido aprobar un nuevo modelo de financiación con el respaldo exclusivo de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno de Canarias.
Este resultado posiciona un sistema esencial para la sanidad, la educación y los servicios sociales en un terreno muy complicado. Se presenta con el rechazo de casi todas las comunidades de régimen común, incluidas las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, y se hace evidente la ausencia deliberada de la Comunidad de Madrid, que intentó sin éxito obstaculizar la reunión.
Qué se ha aprobado exactamente
El modelo ratificado en el CPFF incorpora cambios significativos en la financiación autonómica:
- Incluye 20.975 millones de euros adicionales al sistema a partir de 2027.
- Aumenta la cesión de grandes impuestos:
- – IRPF: del 50% al 55%.
- – IVA: del 50% al 56,5%.
- Conserva un “statu quo” que asegura que ninguna comunidad perderá recursos en comparación con el modelo actual, al menos según las simulaciones oficiales.
Hacienda defiende que el nuevo esquema es común para todas las comunidades de régimen común, que no se trata de una alternativa “a la carta” y que la adhesión será voluntaria. El ministro Arcadi España lo presenta como un sistema “más equitativo, igualitario, solidario y transparente”, diseñado para reducir las disparidades de financiación entre diferentes territorios.
Quién gana más y quién protesta más
A pesar de que la distribución final puede ajustarse en el trámite parlamentario, las simulaciones difundidas por el Gobierno destacan algunos ganadores claros:
- Andalucía: alrededor de 4.846 millones más anuales.
- Cataluña: cerca de 4.686 millones adicionales.
- Comunidad Valenciana: en torno a 3.669 millones extras.
- Madrid: unos 2.555 millones más, a pesar de su boicot político.
Paralelamente, el caso de Canarias se ha vuelto un símbolo de negociación diferenciada: el Gobierno canario estima que los acuerdos relacionados con el modelo y el Régimen Económico y Fiscal podrían incrementar su financiación en alrededor de 1.300 millones anuales, muy por encima de los 611 millones de la primera simulación.
Sin embargo, el equilibrio político es mucho más delicado que el financiero. En la votación:
- Apoyos:
- – Generalitat de Cataluña.
- – Gobierno de Canarias, que cuenta con la participación del PP.
- Rechazos:
- – Todas las comunidades gobernadas por el PP que estuvieron presentes en el CPFF.
- – Las autonomías socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias.
- Ausencia:
- – Comunidad de Madrid, que envió su “no” de forma remota y llamó al boicot.
El elemento que aviva la tensión es que el Gobierno solo requería el voto favorable de una comunidad para que el modelo saliera adelante, dado que Hacienda controla el 50% de los votos del órgano. De hecho, el pacto previo con Esquerra Republicana y el apoyo asegurado de Cataluña eran suficientes; la adhesión de Canarias fortalece el respaldo político, pero no altera la aritmética.
Implicaciones políticas y económicas
Desde la óptica económica, la reforma:
- Refuerza la autonomía fiscal de las comunidades al aumentar su participación en IRPF e IVA.
- Inyecta recursos adicionales a servicios esenciales (sanidad, educación, servicios sociales, vivienda), estimando un volumen total de financiación de 224.507 millones en 2027 frente a los 152.484 millones del último año liquidado .
- Introduce mecanismos de nivelación horizontal y vertical para ajustar las disparidades en capacidad fiscal y necesidades de gasto.
Sin embargo, la cuestión no solo reside en las cifras. El choque territorial es palpable:
- Varias comunidades critican un modelo que “favorece principalmente a Cataluña” y pone el acento en la ordinalidad y la autonomía fiscal de los territorios con mayor capacidad recaudadora.
- Gobiernos del PP y destacados barones socialistas advierten que el proceso se ha acelerado sin haber alcanzado un consenso mínimo previo y que, por tanto, la reforma llega “coja”, con el 90% de los ejecutivos autonómicos en contra.
- La oposición parlamentaria ya señala que el modelo podría enfrentarse a un bloqueo en las Cortes Generales, donde el Gobierno Sánchez se encuentra lejos de la mayoría absoluta necesaria.
La propia naturaleza “voluntaria” del sistema plantea otro dilema: si algunas comunidades eligen no sumarse, el mapa fiscal podría fragmentarse aún más, estableciendo diferentes reglas según el territorio. Esto complicaría la planificación para las empresas, las inversiones y los servicios públicos en el mediano plazo.
Un modelo con letra pequeña… y con curiosidades
Aparte del conflicto político, el diseño incluye elementos interesantes:
- Un fondo climático de aproximadamente 1.000 millones que destina dos tercios a las comunidades del litoral mediterráneo, consideradas más vulnerables al calentamiento de los océanos y fenómenos extremos.
- La garantía explícita de que los recursos del REF canario no se integren en el sistema común, protegiendo así la singularidad del archipiélago.
- La posibilidad de que el modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027, siempre que supere el Consejo de Ministros y consiga la aprobación en un complicado voto en el Congreso.
Por último, es relevante señalar que esta reforma llega tras más de una década de debates infructuosos y con un sistema vigente que ha caducado desde 2014. Que esta iniciativa haya logrado salir adelante con el apoyo de solo dos comunidades y el rechazo del resto refleja tanto la urgencia por tomar decisiones como la fractura territorial que este nuevo modelo deberá gestionar desde el primer momento.