Las estadísticas oficiales son uno de los pilares de cualquier democracia.
Sobre ellas se toman decisiones económicas, se elaboran los Presupuestos Generales del Estado, se fijan políticas públicas y se informa a los ciudadanos de la realidad del país. Pero ¿Qué ocurre si esas estadísticas dejan de reflejar fielmente la realidad? ¿Dónde termina la interpretación técnica y dónde podría empezar una posible manipulación de datos públicos?
En este vídeo reflexiono sobre esa cuestión a raíz de un hecho conocido: la investigación judicial que afecta a tres directivos de la SEPI. No se trata de afirmar que exista una relación entre ambos asuntos, sino de plantear una pregunta de carácter institucional:
¿Qué responsabilidad pueden asumir los empleados públicos cuando participan en la elaboración, validación o publicación de información oficial si algún día un tribunal concluyera que esos datos fueron alterados de forma consciente?
Los datos del SEPE muestran que el paro registrado disminuye un 4,7 % interanual en junio de 2026. Sin embargo, el número medio de beneficiarios por prestaciones apenas cae un 0,9 %, mientras que el gasto en prestaciones aumenta un 4,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.
¿Son compatibles estas cifras? ¿Existen explicaciones técnicas suficientes? ¿O conviene abrir un debate sobre la necesidad de reforzar la transparencia y la trazabilidad de las estadísticas públicas?
Las estadísticas oficiales pertenecen a todos los ciudadanos. Precisamente por eso deben ser objetivas, verificables y estar protegidas de cualquier utilización política. Porque la confianza en las instituciones comienza por la confianza en los datos.
