Más información
Hasta el momento, las grandes subastas de energías limpias en Europa se decidían casi del mismo modo que en una casa de subastas: ganaba la oferta más baja. Esa etapa ha llegado a su fin. Según pone de manifiesto elEconomista en su análisis sobre cómo Europa enfrenta a China en las subastas de renovables Europa apunta a China: las subastas de renovables no se adjudicarán por precio, la Comisión Europea ha hecho llegar a los Estados miembros unas nuevas directrices que transforman por completo el diseño de estos concursos.
El propósito ya no es únicamente la compra de electricidad verde a bajo costo, sino aprovechar ese poderoso poder de compra público para reforzar una industria europea de tecnologías limpias más robusta, menos dependiente de Asia y, sobre todo, de China. El mensaje político es contundente: la transición energética no es solo una cuestión de CO₂, sino de geopolítica y seguridad económica.
Más allá del precio: cambios en las subastas
La principal innovación es que una porción significativa de las subastas de energías renovables dejará de adjudicarse únicamente de acuerdo al precio presentado. A partir del 30 de diciembre de 2025, los Estados tendrán que incluir criterios no económicos en al menos el 30% del volumen anual que liciten, o en un mínimo de 6 GW al año por país.
Esto implica que, en esa sección de capacidad, las ofertas se valorarán también considerando factores como:
- Resiliencia industrial y de la cadena de suministro (por ejemplo, el origen de paneles solares, aerogeneradores o electrolizadores)
- Sostenibilidad ambiental y social a lo largo del ciclo de vida de los equipos
- Seguridad y fiabilidad en la ejecución de los proyectos, incluyendo tiempos y concessiones
- Ciberseguridad y control europeo de la operación, particularmente en aquellos casos que involucren componentes digitales críticos
La Comisión especifica que estos criterios deberán tener un peso mínimo en la puntuación total de las ofertas, situándose entre el 15% y el 30%, mientras que el precio seguirá siendo el parámetro predominante, con hasta un 70–85% de la evaluación. La lógica del coste no desaparece, pero ya no será el único criterio a considerar.
Las tecnologías contempladas abarcan gran parte del núcleo de la transición energética: solar fotovoltaica, eólica terrestre y marina, bombas de calor, geotermia, hidrógeno renovable cuando genere energía, biogás, biometano y combustibles renovables para aviación y transporte marítimo. Es, en efecto, la columna vertebral de la nueva economía descarbonizada.
En contraposición, quedan excluidos de la obligación directa del artículo 26 del Reglamento de Industria de Cero Emisiones las baterías, el almacenamiento, las redes eléctricas, la captura de carbono y la energía nuclear, aunque algunos de estos elementos podrán incorporarse de manera indirecta a través de criterios de integración en el sistema energético. La idea implícita es organizar primero el núcleo generador de electricidad renovable y más tarde perfeccionar el resto del ecosistema.
Europa observa a China, pero también al contribuyente
Este cambio de rumbo responde a un problema bien conocido en Bruselas: la clara dependencia europea de componentes asiáticos, especialmente en el sector de la fotovoltaica, donde más del 80% de los equipos provienen del exterior, en gran medida, de China. La introducción de criterios de resiliencia busca favorecer proyectos que diversifiquen proveedores, promuevan la producción local o minimicen riesgos geopolíticos.
No obstante, esta aspiración industrial se enfrenta a una realidad complicada: si se castiga el precio en exceso, las subastas podrían encarecerse, lo que a la larga incrementaría el costo del sistema energético. Por este motivo, la Comisión ha implementado una válvula de escape. Los Estados podrán eximir determinadas subastas de aplicar los nuevos criterios si pueden demostrar que suponen un sobrecoste superior al 15% para la administración, calculado sobre el impacto de esos requisitos no económicos. La exención no se activará de forma automática; deberá justificarse con datos objetivos y verificables antes de la licitación.
Paralelamente, Bruselas está estableciendo normas convergentes en otros ámbitos de contratación pública de tecnologías limpias: por ejemplo, la obligación de demostrar huella de carbono, durabilidad, reciclabilidad y eficiencia para poder suministrar equipos de cero emisiones a las administraciones. La intención es que el dinero público opere como una palanca coordinada para elevar estándares en toda la cadena de valor.
En este contexto, las nuevas subastas de renovables se transforman en una pieza clave de una estrategia más amplia que ya se encuentra en fase de prueba en otros instrumentos, como el Banco Europeo del Hidrógeno, donde además del precio de la prima por kilo se comienzan a incluir criterios de resiliencia, procedencia de electrolizadores y cumplimiento de normas ambientales y de ciberseguridad.
Consecuencias para los promotores y el sistema eléctrico
Para los desarrolladores de proyectos, la dinámica se complica, pero también surgen nuevas oportunidades. Presentar la oferta más económica ya no será suficiente:
- Los grandes operadores tendrán que demostrar prácticas empresariales responsables, capacidad de cumplimiento y altos estándares en ciberseguridad.
- Los proyectos que aporten innovación, mejor integración en el sistema —por ejemplo, en cuanto a localización o flexibilidad horaria— o una mayor proporción de contenido industrial europeo podrán obtener puntos adicionales frente a competidores con cadenas de suministro más vulnerables o menos transparentes.
Esto podría beneficiar a empresas con mayor solidez financiera y organizativa, capaces de documentar exhaustivamente sus cadenas de suministro y su impacto ambiental, mientras que las pymes podrían ver ventajas en ciertas exenciones en criterios de responsabilidad empresarial o en el tamaño del proyecto. El desafío para los reguladores consistirá en evitar que esta nueva complejidad se traduzca en subastas con menor participación o retrasos en la ejecución, algo que ya ha sucedido en licitaciones mal gestionadas en otros países.
En cuanto al sistema eléctrico europeo, el impacto será más variado. A corto plazo, podría observarse un ligero incremento en los costos reflejados en algunas subastas si se privilegian tecnologías o proveedores más costosos pero también más sostenibles o resilientes. A medio plazo, la apuesta de Bruselas es que ese aumento de precio actúe como un “seguro industrial”: menos vulnerabilidad ante interrupciones en el suministro externo, más capacidad de innovación interna y un tejido productivo capaz de competir en mercados globales.
Anécdotas y curiosidades de esta nueva etapa
- La fecha estipulada por la UE, 30 de diciembre de 2025, ha llevado a muchos reguladores a trabajar a contrarreloj, justo en el periodo de balances y celebraciones; en algunos ministerios, el calendario de subastas se está convirtiendo en el nuevo villancico energético.
- Algunos especialistas comentan con humor que los pliegos de subastas se están transformando en pequeños “doctorados” en sostenibilidad y geopolítica: para entender todos los criterios, es necesario combinar ingeniería eléctrica, análisis de riesgos y derecho europeo en una misma oferta.
- Mientras Europa exige que un porcentaje determinado de electrolizadores no provenga de China y que los datos de operación permanezcan en el Espacio Económico Europeo, en el sector se escucha que la electricidad renovable será “verde, pero también geoestratégica”.
- Los promotores con más experiencia añoran las subastas donde el único quebradero de cabeza era ajustar el céntimo por MWh; en el presente, además de contables e ingenieros, necesitan expertos en ciberseguridad y trazabilidad de materiales.
En definitiva, el tablero ya está en movimiento: la carrera por la energía limpia en Europa se libra desde ahora tanto en euros por megavatio hora como en resiliencia, sostenibilidad y capacidad para contar buenas historias regulatorias.