Hay indicadores económicos que dicen más sobre el estado real de un país que cualquier estadística macroeconómica presentada en rueda de prensa.
El absentismo laboral es uno de ellos. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, el número de trabajadores que se ausentan de su puesto ha crecido un 67%, pasando de 959.000 personas diarias a finales de 2017 a 1,6 millones diarios en el primer trimestre de 2026. Y lo más preocupante no es la cifra total sino su composición: más de 362.751 personas faltan cada día sin presentar una baja médica, representando el 22,6% del total de ausentes.
Ocho años de Gobierno Sánchez. Ocho años en que prácticamente todos los indicadores de absentismo han empeorado. No es una tendencia global ni un fenómeno pospandémico que afecte por igual a todos los países europeos. Es el resultado predecible de un conjunto de decisiones políticas que han relajado los controles, eliminado los mecanismos de disciplina laboral y enviado el mensaje, más o menos explícito, de que ausentarse tiene pocas consecuencias.
Lo que los datos de Randstad revelan
Según los datos más recientes de Randstad Research, la tasa general de absentismo ha alcanzado el 7,6% respecto a las horas pactadas, el nivel más alto en los últimos cinco años. Las ausencias por motivos no médicos, sin incapacidad temporal, han crecido un 46,86% durante el período de gobierno de Sánchez.
La distinción es importante porque el debate público tiende a mezclar dos fenómenos muy diferentes. Las bajas médicas justificadas representan aproximadamente el 80% de las ausencias totales, unas 1,2 millones de personas al día, y son en su inmensa mayoría legítimas. Nadie en su sano juicio defiende que los enfermos vayan a trabajar.
El problema está en el otro 22,6%: las más de 362.000 personas diarias que no van a trabajar sin un diagnóstico médico que lo justifique. Permisos y licencias, faltas justificadas e injustificadas sin parte médico, ausencias amparadas en una interpretación cada vez más laxa de los derechos laborales. Ese es el segmento que ha crecido de forma especialmente acelerada durante la legislatura de Sánchez, y ese es el que genera la percepción, cada vez más extendida entre empresarios y trabajadores cumplidores, de que trabajar empieza a ser opcional.
La decisión que lo cambió todo: la derogación del artículo 52.d
El punto de inflexión tiene fecha y firma. En 2020, el Gobierno de Sánchez derogó el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía los despidos objetivos por faltas justificadas pero intermitentes. Era un mecanismo de control que los sindicatos consideraban abusivo y que los empresarios utilizaban como herramienta para gestionar el absentismo crónico.
Con su derogación, el equilibrio entre protección del trabajador y control del absentismo se inclinó decisivamente hacia un lado. Las empresas perdieron uno de los pocos instrumentos legales disponibles para gestionar las ausencias repetidas sin justificación médica, y el absentismo no médico empezó a crecer con una velocidad que los datos de los años posteriores confirman.
Es el mismo patrón que aparece en otras áreas de la legislación laboral del Gobierno de Sánchez: medidas presentadas como protección de los trabajadores que en la práctica tienen efectos secundarios que pagan las empresas, los trabajadores que sí cumplen y el sistema de protección social en su conjunto.
El coste que pagan los que sí van a trabajar
La CEOE estima que el absentismo laboral cuesta a la economía española alrededor de 33.000 millones de euros anuales, de los cuales aproximadamente 17.000 millones son atribuibles directamente a bajas por incapacidad temporal. El resto, los 16.000 millones restantes, corresponde a ausencias no médicas y a los costes indirectos de reorganización, pérdida de productividad y deterioro de la calidad del servicio.
Pero más allá de las cifras agregadas, el impacto real del absentismo se siente en los equipos de trabajo. Un empresario consultado por El Debate lo resume con una frase que cualquier trabajador que haya cubierto ausencias de compañeros reconocerá: «Es quien sí va a trabajar quien lo acaba pagando».
Las pymes y los autónomos son los que más sufren, porque tienen menos recursos para reorganizar equipos y absorber ausencias imprevistas. Una empresa grande puede redistribuir la carga entre varios departamentos. Un taller con cinco trabajadores, una clínica dental o una tienda familiar no tienen esa capacidad de absorción, y cada ausencia injustificada se convierte en una crisis de operaciones.
La geografía del absentismo: dónde es más grave
Los datos revelan una distribución geográfica que no es aleatoria. El País Vasco y Asturias, las regiones con mayor tradición de sindicalización y estructura industrial pesada, registran las tasas más elevadas. En el extremo opuesto, Baleares (5,9%), Comunidad de Madrid (6,2%) y La Rioja (6,4%) muestran los niveles más bajos.
Ese mapa dice algo sobre la relación entre estructura productiva, cultura sindical, calidad del empleo y absentismo. No todo es fraude ni todo es enfermedad. Pero la combinación de sectores industriales con alta sindicalización, marcos de protección laboral muy desarrollados y mecanismos de control reducidos produce tasas de absentismo que se sitúan entre las más altas de la Unión Europea.
España ya figura entre los países con mayor absentismo de la UE, una posición que bajo el Gobierno de Sánchez no ha mejorado sino empeorado de forma sostenida.
La salud mental: el componente que nadie quiere debatir honestamente
Hay un elemento del absentismo que merece tratamiento específico porque mezcla realidades muy diferentes y que el debate político tiende a confundir en ambas direcciones.
Las bajas por problemas de salud mental, ansiedad, estrés y depresión, han aumentado un 66% desde 2018 según datos del INSS. Es un incremento enorme que refleja algo real sobre el estado psicológico de la fuerza laboral española: la incertidumbre económica, la precariedad laboral, el aumento del coste de la vida y la presión sobre las familias producen enfermedades mentales que son tan reales como una fractura de brazo aunque no sean visibles en una radiografía.
El problema es que esos trastornos no están reconocidos oficialmente como enfermedades profesionales en España, lo que crea una zona gris donde las bajas por salud mental se procesan como cualquier otra incapacidad temporal pero sin los mecanismos específicos de seguimiento y retorno al trabajo que existen en otros países europeos.
Los sindicatos tienen razón cuando advierten que no se puede usar el debate sobre el absentismo fraudulento para estigmatizar a personas con problemas reales de salud mental. Pero también los empresarios tienen razón cuando señalan que la ausencia de mecanismos de control adecuados dificulta distinguir entre las bajas legítimas y las que responden a otras motivaciones.
Feijóo, el «cáncer» y el debate que Sánchez no quiere abrir
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el absentismo de «cáncer» para la economía española, advirtiendo sobre un coste superior a los 30.000 millones y demandando que patronal y sindicatos se sienten a tomar decisiones urgentes.
El PP insiste en que su objetivo no es eliminar las bajas médicas justificadas sino el absentismo fraudulento: revisar incentivos, reforzar controles y evitar que quienes no van a trabajar cobren igual que quienes sí lo hacen. La patronal, por su parte, reclama mayor poder para las mutuas en la gestión de las bajas, mientras los sindicatos advierten sobre el riesgo de recortar derechos sanitarios.
El Gobierno de Sánchez no ha abierto ese debate con la seriedad que los datos exigen. Ha preferido presentar cualquier propuesta de control como un ataque a los derechos de los trabajadores, cuando lo que está en juego es exactamente lo contrario: proteger a los trabajadores que sí cumplen de la carga injusta que les impone el absentismo de quienes no lo hacen.
Esa negativa a abordar el problema con honestidad es coherente con el patrón general del Gobierno: maximizar los apoyos electorales de los colectivos que se benefician del sistema tal como está, asumiendo como coste externo la pérdida de productividad, el deterioro de la competitividad y la injusticia que sufren los trabajadores cumplidores.
Lo que ocho años de sanchismo han producido
El diagnóstico es claro aunque incómodo. Ocho años de Gobierno Sánchez han producido un mercado laboral donde el absentismo no médico ha crecido casi un 47%, donde más de 362.000 personas faltan cada día sin justificación médica, donde el coste para la economía supera los 33.000 millones anuales y donde los trabajadores que sí acuden a su puesto cargan con las consecuencias de los que no lo hacen.
No es un fenómeno natural ni inevitable. Es el resultado de decisiones políticas concretas: la derogación del artículo 52.d, la relajación de los controles sobre las bajas, el mensaje implícito de que el sistema de protección social puede usarse con mayor elasticidad de la que técnicamente está diseñada, y la negativa sistemática a abordar el problema con los instrumentos que otros países europeos utilizan con más eficacia.
«Es quien sí va a trabajar quien lo acaba pagando», decía el empresario consultado por El Debate. Esa frase resume con más precisión que cualquier estadística lo que el sanchismo ha hecho al mercado laboral español: redistribuir la carga desde quienes no cumplen hacia quienes sí lo hacen, llamándolo progreso social.
No lo es.