El Gobierno Sánchez lleva años construyendo un relato sobre la economía española que tiene una característica peculiar: sus datos son técnicamente verificables y su conclusión es profundamente engañosa.
Sí, el salario medio ha subido. Sí, el empleo está en máximos históricos.
Sí, el SMI ha crecido más que en ninguna legislatura anterior. Todo eso es cierto. Y sin embargo, los jóvenes españoles son más pobres que sus padres a la misma edad, comprar una vivienda se ha convertido en algo prácticamente imposible para quien no tenga ayuda familiar y la clase media trabaja más años para mantener un nivel de vida que la generación anterior alcanzaba antes.
Esa contradicción entre el dato oficial y la experiencia real de millones de ciudadanos no es un malentendido.
Es el resultado de una comunicación política que selecciona los indicadores favorables, silencia los desfavorables y presenta mejoras nominales como si fueran mejoras reales sin mencionar que los precios han subido en la misma proporción o más.
Los datos reales detrás del titular
España tiene un salario medio bruto mensual que en 2026 ronda los 2.500 euros. Suena razonablemente bien hasta que se añaden dos datos que el relato oficial omite sistemáticamente.
El primero es que el salario mediano, el que divide a la población trabajadora en dos mitades iguales, está significativamente por debajo de esa media. Más de la mitad de los trabajadores españoles gana menos de lo que el Gobierno presenta como el sueldo típico. La media se eleva por los salarios altos de una minoría, creando la ilusión estadística de que el trabajador promedio está mejor de lo que realmente está.
El segundo es la comparación europea. El salario anual medio ajustado a jornada completa en España está alrededor de los 33.700 euros, frente a los 39.800 de media comunitaria. La diferencia respecto a Alemania, Bélgica, Francia o los Países Bajos es de decenas de miles de euros anuales. Esa brecha no se ha cerrado durante la legislatura de Sánchez: se ha mantenido estructuralmente idéntica.
El poder adquisitivo que nadie quiere calcular honestamente
El indicador más revelador no es cuánto gana un trabajador español hoy sino cuánto puede comprar con ese dinero comparado con lo que podía comprar en 2018, cuando Sánchez llegó al poder.
Los salarios han subido nominalmente. Los precios también han subido, en muchos casos más. La energía, la alimentación, el alquiler y los servicios básicos han experimentado incrementos que en conjunto superan el crecimiento salarial acumulado en muchas franjas de renta. La narrativa de que los salarios han superado la inflación en 2024 ignora que los años anteriores, especialmente 2021 y 2022, la inflación destruyó poder adquisitivo de forma masiva y que la recuperación nominal de 2024 no compensa ese deterioro acumulado.
El resultado es que una parte significativa de la clase media española tiene en 2026 menos capacidad de compra real que en 2018, aunque sus nóminas sean numéricamente más altas. Esa paradoja, salario nominal mayor, poder adquisitivo igual o menor, es exactamente lo que la propaganda oficial oculta cuando habla del «éxito» de la política salarial del Gobierno.
Los jóvenes: más pobres que sus padres
El indicador más contundente del fracaso económico real de esta legislatura no está en las estadísticas macroeconómicas sino en la comparación generacional. Los jóvenes españoles de hoy son, en términos de poder adquisitivo ajustado y de acceso a los activos fundamentales de la vida adulta, más pobres que sus padres a la misma edad.
Solo el 11% de los menores de 25 años en España es propietario de una vivienda, frente al 78% de los mayores de 55 años. Esa brecha no existía con esa magnitud en la generación anterior. Los padres de los actuales veinteañeros compraron sus primeras viviendas en un mercado donde la relación entre el precio de la vivienda y el salario era radicalmente más favorable. Un piso en Madrid o Barcelona costaba en los años noventa entre tres y cinco años de salario. Hoy cuesta entre ocho y doce años de salario bruto, sin contar impuestos ni gastos de compraventa.
La edad de emancipación en España ha superado los 30 años, la más tardía de la Unión Europea junto con Italia. No porque los jóvenes españoles sean más dependientes culturalmente que los alemanes o los holandeses sino porque el mercado inmobiliario, combinado con unos salarios de entrada que no han crecido al ritmo del coste de la vivienda, hace que la emancipación antes de los 30 sea económicamente inviable para la mayoría.
Necesitas el 30% del precio en efectivo antes de que el banco te conceda una hipoteca. En una vivienda de 250.000 euros en una ciudad media española, eso son 75.000 euros ahorrados. Para alguien que gana 1.400 euros al mes y paga 700 de alquiler, llegar a esa cifra requiere entre quince y veinte años de ahorro estricto. Los padres de esa persona compraron su primera vivienda a los 28 años con tres años de ahorro.
Eso no es un problema de valores o de prioridades generacionales. Es el resultado de una política de vivienda que ha fracasado sistemáticamente durante décadas y de una política económica que ha permitido que el precio de la vivienda se desconecte completamente de la evolución salarial.
El problema de fondo que nadie resuelve: la productividad
Detrás de todos estos síntomas hay una causa estructural que ningún Gobierno español, ni de izquierdas ni de derechas, ha conseguido resolver en décadas: España genera poco valor por hora trabajada comparado con Europa occidental.
La productividad laboral española está sistemáticamente por debajo de la media de la Unión Europea y muy por debajo de Alemania, Francia, Países Bajos o los países escandinavos. Esa diferencia de productividad es la razón profunda por la que los salarios españoles son más bajos: en una economía de mercado, los salarios tienden a converger con la productividad, y si la productividad no crece, los salarios no pueden crecer de forma sostenida sin destruir empleo o generar inflación.
El Gobierno Sánchez ha subido el SMI de forma significativa, lo que ha mejorado la situación de los trabajadores en los tramos más bajos de la distribución salarial. Pero subir el SMI sin mejorar la productividad es como subir el precio de un producto sin mejorar su calidad: el mercado acaba ajustando por la vía de la destrucción de los empleos menos productivos o de la inflación de costes.
La estructura productiva española, con una alta dependencia del turismo, la hostelería, el comercio minorista y la construcción, y con un tejido industrial y tecnológico menos desarrollado que el de Alemania o Francia, impone un techo a los salarios que ninguna política de rentas puede superar de forma duradera sin transformar esa estructura.
El empleo récord que no es lo que parece
El dato que el Gobierno repite con más frecuencia es el del empleo. Más de 22 millones de ocupados, tasa de desempleo por debajo del 11%, máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social. Son datos reales. Y son también datos que requieren contexto para ser entendidos correctamente.
El desempleo español, incluso en sus mínimos históricos de esta legislatura, sigue siendo el más alto de la Europa occidental y uno de los más altos de toda la Unión Europea. El 11% de desempleo que se presenta como un logro extraordinario sería considerado una crisis en Alemania, donde el desempleo habitual oscila entre el 3 y el 5%, o en los Países Bajos, donde raramente supera el 4%.
El crecimiento del empleo se ha concentrado en sectores de baja productividad y baja remuneración. La hostelería, el comercio, los cuidados y el turismo han absorbido buena parte de los nuevos empleos, lo que explica por qué la tasa de empleo puede subir sin que los salarios medios mejoren de forma sustancial. Más personas trabajando en empleos de bajo valor añadido produce más empleo pero no produce más riqueza per cápita.
Y el porcentaje de empleos temporales en España, aunque ha mejorado con la reforma laboral, sigue siendo más alto que la media europea. La temporalidad no es solo un problema de derechos laborales: es un obstáculo para la formación en el puesto de trabajo, para la acumulación de experiencia y para la productividad a largo plazo.
Lo que la propaganda no dice
La comunicación económica del Gobierno de Sánchez tiene una característica que cualquier analista honesto puede identificar: selecciona el período de comparación más favorable, elige el indicador que produce el resultado más positivo y omite el contexto que relativizaría ese resultado.
Cuando dice que el SMI ha subido más del 50% desde 2018, no menciona que la inflación acumulada desde 2021 ha erosionado buena parte de esa subida en términos reales. Cuando dice que el empleo está en máximos históricos, no menciona que España sigue siendo uno de los países con mayor desempleo de Europa. Cuando dice que los salarios han crecido por encima de la inflación en 2024, no menciona que ese año siguió a dos años en que la inflación destruyó poder adquisitivo masivamente.
El resultado es un relato que es técnicamente defendible en cada uno de sus elementos y profundamente engañoso en su conclusión. Los ciudadanos que escuchan ese relato y luego miran su cuenta bancaria, el precio del supermercado, el alquiler que pagan o el precio del piso que aspiran a comprar algún día sienten una disonancia que la propaganda no puede resolver.
Esa disonancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana es, posiblemente, la razón más profunda del descontento político que las encuestas reflejan. La gente no necesita leer análisis económicos para saber si está mejor o peor. Le basta con comparar lo que puede comprar hoy con lo que podía comprar hace ocho años.
Y la respuesta que esa comparación produce no coincide con el relato de La Moncloa.