Hay una diferencia fundamental entre decir «soy inocente» y decir «este proceso tiene defectos formales que invalidan todo el procedimiento».
La primera es una defensa sobre los hechos. La segunda es una defensa sobre la forma. Y la estrategia que ha elegido Víctor Moreno Catena, el procesalista que lidera la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional, es inequívocamente la segunda.
El expresidente no está negando que las joyas de 1,3 millones estuvieran en su caja fuerte sin declarar. No está negando que cobró 200.000 euros de una empresa pantalla peruana para influir ante las autoridades bolivianas. No está negando los contratos de consultoría sin trabajo verificable, las sociedades en Dubái y las Islas Vírgenes Británicas ni los 600.000 euros de ingresos de «difícil justificación» que la UDEF ha documentado. Lo que está pidiendo es que todo eso no pueda ser usado contra él porque, según su defensa, el procedimiento por el que se obtuvieron las pruebas tiene defectos que invalidan la causa entera desde sus inicios.
Es una estrategia que en los círculos judiciales recuerda más a las defensas de los grandes narcotraficantes internacionales cuando ven que el sumario está bien fundamentado que a la respuesta de alguien que tiene algo sustancial que oponer a los hechos investigados.
La nulidad total: apostar el todo por el todo
La petición de Moreno Catena es una nulidad «general» que afecte a toda la investigación desde sus inicios: diligencias, registros, bloqueos de cuentas y la pieza separada sobre las joyas. El argumento: se habrían vulnerado derechos fundamentales y parte de las evidencias habrían sido «ilícitamente analizadas».
La amplitud de esa petición dice todo lo que hay que saber sobre el estado real de la defensa. Cuando un abogado pide la nulidad de un aspecto concreto del procedimiento, normalmente es porque tiene un argumento sólido sobre ese aspecto específico. Cuando pide la nulidad de todo desde el principio, normalmente es porque no tiene un argumento sólido sobre ningún aspecto concreto pero espera que alguna grieta formal en la cadena de custodia o en los procedimientos de obtención de pruebas sea suficiente para que el edificio completo se derrumbe.
Es la estrategia del último recurso. Y en términos morales, es también la más reveladora: Zapatero no dice que no hizo lo que la UDEF documenta. Dice que no debería poder ser juzgado por ello porque el procedimiento tiene defectos formales. La distinción entre inocencia y impunidad procesal nunca ha sido tan visible.
Por qué la doctrina EncroChat complica el guion
El principal escollo que enfrenta la estrategia de nulidad es la jurisprudencia europea sobre pruebas obtenidas mediante cooperación judicial internacional, cristalizada en lo que se conoce como la doctrina EncroChat.
Los tribunales europeos han validado de forma consistente que una prueba obtenida de manera lícita en su país de origen puede ser utilizada en el país receptor siempre que se sigan los procedimientos adecuados de transmisión y control. El Tribunal Supremo español respaldó en 2025 el uso de mensajes de EncroChat en casos de narcotráfico, apoyándose en el marco europeo de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.
La defensa de Zapatero intenta cuestionar la cadena de custodia del material analizado en Estados Unidos y la validez de las comunicaciones intervenidas. Pero el criterio dominante en los tribunales europeos es claro: si la prueba fue obtenida lícitamente en su país de origen y su incorporación a España respetó las garantías procesales, la queja sobre el mensajero no invalida el mensaje.
Hay una diferencia técnica enorme, y políticamente muy relevante, entre demostrar que una prueba concreta fue obtenida de forma ilícita y convencer a un tribunal de que todo el caso nació torcido desde el principio. Lo segundo es lo que Zapatero necesita y lo que los precedentes hacen extraordinariamente difícil de conseguir.
La amoralidad de una estrategia sin defensa sobre los hechos
Lo más revelador de la estrategia elegida por la defensa de Zapatero no es su complejidad técnica sino su dimensión moral.
El hombre que durante años construyó su identidad política sobre la ejemplaridad, la transparencia y la regeneración democrática no está ante los tribunales diciendo que lo que hizo estaba bien o que las acusaciones son falsas. Está pidiendo que se anulen los procedimientos que han revelado lo que hizo. No niega haber recibido las joyas. No niega haber cobrado por sus gestiones bolivianas. No niega los contratos sin trabajo verificable. Simplemente intenta que esa información no pueda ser jurídicamente utilizada en su contra.
Es la defensa del que no puede negar los hechos pero tampoco quiere afrontarlos. La defensa del que elige la impunidad procesal sobre la transparencia que tanto predicó. La defensa que en boca de cualquier político de derechas Zapatero habría descrito como el comportamiento del culpable que usa los tecnicismos jurídicos para escapar de la justicia que merece.
La ironía es que esa descripción, en la que él habría enfatizado la palabra «culpable» con toda su carga moral, es exactamente la que ahora se aplica a él mismo.
La Moncloa empieza a coger distancia
El movimiento procesal de Zapatero ha tenido un efecto colateral significativo en el ámbito político. La Moncloa ha comenzado a ajustar su discurso y a abrirse a un posible distanciamiento respecto al expresidente conforme avanza la investigación. Durante años, Zapatero fue presentado como figura casi institucional del socialismo español, mediador internacional, referente moral del progresismo. Esa imagen se ha agrietado de forma irreversible.
Dentro del PSOE crece la inquietud ante la imposibilidad de seguir defendiendo públicamente a alguien cuya estrategia judicial consiste en no negar los hechos sino en intentar que no puedan ser juzgados. Es una posición muy difícil de defender ante el electorado que votó al PSOE precisamente porque Sánchez prometió que su partido sería diferente.
La narrativa del Zapatero mediador humanitario, árbitro internacional y referente ético choca frontalmente con la del Zapatero que pide la nulidad de todo el procedimiento porque no tiene nada sustancial que oponer a las pruebas que lo señalan.
Lo que viene
Si la petición de nulidad total no prospera, y los precedentes hacen improbable que lo haga en su totalidad, la causa continuará avanzando con un coste político creciente tanto para el expresidente como para quienes lo han respaldado públicamente. Si prospera parcialmente, la defensa habrá logrado excluir algunas pruebas concretas pero el procedimiento continuará con el material restante.
En cualquier caso, la estrategia elegida ya ha producido su principal efecto político involuntario: ha confirmado que Zapatero no tiene una defensa sobre los hechos. Solo tiene una defensa sobre los procedimientos. Y esa diferencia, entre decir «no lo hice» y decir «no podéis juzgarme por ello aunque lo hiciera», es exactamente la que el electorado que valora la honestidad política sabe leer perfectamente.
Quien durante años se presentó como puente internacional y referente moral ahora espera que ese mismo tablero global le ofrezca una grieta procesal por la que escapar.
Es la caída más larga desde Bambi hasta la Audiencia Nacional que se recuerda en la democracia española.