Veinticuatro horas después de preguntarse en el Parlamento «cómo no vamos a continuar», Pedro Sánchez recibió la respuesta más contundente que puede dar un Congreso a un presidente: una mayoría absoluta de diputados le exigió que se sometiera a una cuestión de confianza o que dimitiera directamente.

El dato político que nadie en La Moncloa puede ignorar es el siguiente: 178 votos a favor de que Sánchez plantee una cuestión de confianza. 177 a favor de su dimisión inmediata por las investigaciones de corrupción que rodean a personas designadas por él. Una mayoría absoluta del mismo Congreso que lo invistió diciéndole en voz alta y con nombres y apellidos que ya no le quieren allí.

Cómo fue la votación y quién votó qué

La moción, promovida por el PP, no es jurídicamente vinculante pero su significado político es de una claridad que ningún argumento constitucional puede neutralizar completamente.

Los 178 votos que instaron a Sánchez a plantear una cuestión de confianza sumaron a PP, VOX, Junts, UPN y Coalición Canaria. Los 177 que pidieron su dimisión tuvieron una composición similar. En ambos casos el resultado superó la mayoría absoluta de la Cámara.

El voto más significativo políticamente fue el de Junts. El mismo partido que el 16 de noviembre de 2023 facilitó la investidura de Sánchez con sus siete votos decisivos, el mismo partido al que el presidente pagó con la Ley de Amnistía para Puigdemont y con compromisos sobre financiación singular que generaron tensiones con el resto de comunidades autónomas, votó esta semana junto al PP y VOX para exigir su salida o su sometimiento a la confianza de la Cámara.

Votaron en contra de la moción el PSOE, Sumar y los aliados habituales del Gobierno que no se sumaron al gesto de Junts. La fractura entre la mayoría que invistió a Sánchez y la mayoría que ahora le pide que se vaya es el dato político más relevante de la semana.

La imagen que lo dice todo

La respuesta de Sánchez y del Grupo Socialista cuando se conoció el resultado de la votación fue una mezcla de desafío y burla que la oposición no olvidará pronto. El presidente se levantó, sonrió y aplaudió junto a sus compañeros. El mensaje implícito era el habitual: esto es una moción simbólica sin efectos jurídicos y aquí no ha pasado nada que cambie la gobernabilidad.

Feijóo respondió con una frase que resume la paradoja constitucional en que vive esta legislatura: «A partir de ahora, Sánchez actúa en contra de la mayoría absoluta del mismo Congreso que le otorgó la confianza durante su investidura». Y añadió que cualquier «demócrata europeo» habría tomado nota y se habría marchado.

Ambas cosas son ciertas simultáneamente. Sánchez tiene razón en que la Constitución no le obliga a acatar una moción no vinculante. Feijóo tiene razón en que no hay precedente en la democracia española de un presidente que continúe en funciones después de que la mayoría absoluta del Congreso le pida explícitamente que se vaya.

Junts: el árbitro que vota contra quien le paga

El movimiento de Junts merece un análisis específico porque no es solo tácticamente llamativo. Es políticamente devastador para el relato que La Moncloa ha construido durante dos años sobre la estabilidad de su mayoría parlamentaria.

Carles Puigdemont y los posconvergentes obtuvieron de Sánchez la Ley de Amnistía, que beneficia directamente al propio Puigdemont y a los otros investigados y condenados por el proceso independentista. Obtuvieron compromisos sobre financiación singular para Cataluña. Obtuvieron transferencias y concesiones competenciales que el PP y otros partidos denunciaron como cesiones inaceptables a cambio de apoyo parlamentario.

Y ahora votan con el PP y VOX para pedir la dimisión de Sánchez o su sometimiento a la cuestión de confianza.

Junts ha adoptado el papel del árbitro supremo que puede votar leyes del Ejecutivo en una sesión y apoyar su «cese» simbólico en la siguiente. Es la posición de quien ha cobrado lo que tenía que cobrar y ahora juega con total libertad. El presidente ya no solo gobierna en minoría: lo hace contra una mayoría absoluta que incluye a quienes le permitieron gobernar.

Lo que esto significa y lo que no significa

Desde el punto de vista constitucional, Sánchez tiene razón: el artículo 112 de la Constitución reserva en exclusiva al presidente la decisión de plantear una cuestión de confianza. La moción aprobada esta semana carece del peso jurídico para obligarle a nada. Puede seguir gobernando, puede seguir aprobando leyes con mayorías variables y puede seguir ignorando el mandato político de la Cámara mientras los números del día a día lo permitan.

Lo que no puede ignorar es el coste político acumulado. Una imagen internacional deteriorada ante un Gobierno cuestionado por su propio Parlamento. Un desgaste interno en el PSOE donde algunos diputados empiezan a hacer cálculos sobre lo que les costará electoralmente defender a un presidente al que la mayoría absoluta del Congreso le pide que se vaya. Una oposición que tiene ahora el argumento más potente de toda la legislatura: no son ellos quienes piden la salida de Sánchez, es la mayoría del Congreso.

Feijóo no ha presentado por ahora una moción de censura. Pero las cuentas están sobre la mesa y todo el mundo las ha hecho: si PP, VOX y Junts replicaran en una censura lo que han votado esta semana, Sánchez podría ser desalojado formalmente del poder. La pregunta es si Junts prefiere seguir utilizando esa amenaza como instrumento de presión para extraer más concesiones o ejecutarla directamente.

El presidente que sobrevive contra el clamor del Congreso

España ha normalizado durante esta legislatura el uso intensivo del reglamento parlamentario como instrumento político. Sánchez ha sido el maestro de esa estrategia: la Mesa del Congreso bloqueando votaciones que iba a perder, el Tribunal Constitucional admitiendo recursos que paralizaban iniciativas de la oposición, los socios votando en contra en un pleno y a favor en la comisión.

Lo que ha ocurrido esta semana es algo cualitativamente diferente. No es una votación que el Gobierno haya podido bloquear en la Mesa. Es el Pleno del Congreso, con mayoría absoluta, diciéndole al presidente que se vaya. Con Junts sumando sus votos a PP y VOX para hacerlo posible.

Sánchez seguirá en La Moncloa mientras los números del día a día lo permitan. Eso puede durar semanas, meses o lo que reste de legislatura. Pero a partir de esta semana lo hará con un dato grabado en el Diario de Sesiones del Congreso que ninguna nota de prensa puede borrar: la mayoría absoluta de la Cámara que le dio el poder le ha pedido formalmente que lo devuelva.

Es el precedente más incómodo de toda su presidencia. Y lo es precisamente porque Junts, el partido al que más pagó para gobernar, ha sido quien lo ha hecho posible.