Había una vez un presidente del Gobierno que se presentaba al mundo como el político más bueno de España.
El de los valores. El del diálogo. El de la paz. El que medió entre presidentes latinoamericanos por pura vocación humanitaria.
El que se fue de La Moncloa sin haberse enriquecido. El Bambi de la política española, ingenuo y bondadoso, siempre dispuesto a tender puentes donde otros levantaban muros.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Guardia Civil acaba de documentar que ese hombre cobró 200.000 euros para influir ante las autoridades bolivianas y conseguir que un tribunal suspendiera una condena millonaria contra el Grupo Gloria, una multinacional peruana que no tiene ninguna relación con España ni con ningún interés público español.
El dinero llegó en tres transferencias desde una empresa pantalla peruana. El último pago llegó dos semanas después de que el tribunal boliviano suspendiera la condena de 107 millones de dólares contra el grupo. La UDEF considera que esa coincidencia temporal es «poco probable que sea casual».
Bambi se ha hecho millones con el dolor ajeno. Y los documentos están en el sumario.
El contrato que lo dice todo
La arquitectura del negocio boliviano es la misma que aparece en todos los casos que rodean al expresidente: empresa pantalla, contrato de consultoría de fachada, pagos escalonados para dificultar el rastreo y gestiones políticas al más alto nivel presentadas como «asesoría técnica».
El importe total del contrato: 200.000 euros. El pagador formal: la empresa peruana Focus Social Research SAC, presentada por los investigadores como una simple pantalla del Grupo Gloria. El primer pago: 100.000 euros el 28 de junio de 2024. El objeto real del contrato según la UDEF: influir ante las autoridades bolivianas para mejorar la situación judicial de la cementera Soboce, vinculada al Grupo Gloria, en un litigio que superaba los 100 millones de dólares.
Lo que Zapatero vendía no era su conocimiento técnico del sector cementero boliviano. Vendía su agenda. Sus contactos. Su capacidad de conseguir reuniones con presidentes, ministros y procuradores que a cualquier otro le habrían sido imposibles. Vendía, en definitiva, el capital político acumulado durante sus ocho años como presidente del Gobierno español, que supuestamente le pertenecía a él personalmente y no a los ciudadanos que lo habían elegido.
La agenda boliviana: presidentes y ministros al servicio de un cliente privado
Los teléfonos incautados a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, revelan una actividad frenética al servicio de ese contrato. Zapatero se reunió con la embajadora boliviana en España, Carmen Almendras, el 8 de mayo de 2024. Firmó el contrato de consultoría el 13 de mayo. Y a continuación desplegó su agenda: encuentros y contactos con el presidente boliviano Luis Arce, con el ministro de Economía, con el ministro de Justicia y comunicaciones con el procurador general del Estado.
El hombre que durante años se presentó como mediador desinteresado en los conflictos latinoamericanos estaba usando exactamente esos mismos contactos, construidos a costa del erario público español durante su presidencia, para cobrar 200.000 euros de una multinacional peruana que quería librarse de una condena millonaria en Bolivia.
La otra cara del mediador humanitario: lobbyista privado al servicio de quien paga.
El patrón que se repite: de Venezuela a Bolivia pasando por Plus Ultra
El caso boliviano no es un hecho aislado. Es el último capítulo de un patrón que la investigación sobre Plus Ultra ha ido documentando con una coherencia que resulta difícil de atribuir a la casualidad.
Ingresos superiores a 600.000 euros en cinco años procedentes del empresario Julio Martínez, por servicios geoestratégicos que la policía considera «de difícil justificación». Casi medio millón de euros percibidos a través de la consultora Análisis Relevante, relacionada con la trama del rescate de Plus Ultra. El contrato boliviano de 200.000 euros. Las joyas de 1,3 millones sin declarar en la caja fuerte de Ferraz. Las sociedades en Dubái y las Islas Vírgenes Británicas detectadas por la UDEF.
La UDEF ha concluido en otro informe que Zapatero «se enriquecía dando apariencia de legalidad a mordidas» gracias a la trama investigada en Plus Ultra, utilizando contratos y facturas para justificar pagos cuyo verdadero origen sería el tráfico de influencias.
El hombre que iba de Bambi ha construido un modelo de negocio perfectamente engrasado: presidencia como inversión, contactos como activo comercial, empresas pantalla como cobertura y causas humanitarias como imagen pública que ningún cliente privado se atrevería a cuestionar.
El cinismo de quien predicaba la ejemplaridad
Lo que hace especialmente repugnante el caso Zapatero no es la corrupción en sí, que en la política española tiene lamentablemente precedentes. Es el cinismo del personaje. La distancia abismal entre lo que predicaba y lo que hacía.
Este era el presidente que aprobó en 2005 el Código de Buen Gobierno que obligaba a los altos cargos a rechazar regalos valiosos. Tenía 1,3 millones en joyas sin declarar. Era el presidente que hablaba del sufrimiento del pueblo venezolano mientras hacía negocios con el entorno del régimen que producía ese sufrimiento. Era el mediador desinteresado que cobraba 200.000 euros por sus gestiones ante el presidente boliviano. Era el socialista austero que ha generado en los años posteriores a su presidencia un patrimonio y unos ingresos incompatibles con cualquier definición honesta de esa austeridad.
Mientras Zapatero daba conferencias sobre valores democráticos y viajaba a Caracas con gestos de estadista, sus cuentas se llenaban con dinero procedente exactamente de los mismos regímenes y entornos que decía que iba a democratizar.
Ha hecho millones con el dolor ajeno. Con el dolor de los venezolanos a quienes decía defender mientras negociaba con quienes los oprimían. Con el dolor de los bolivianos a quienes una cementera extranjera perjudicó y a quienes Zapatero ayudó a eludir la justicia a cambio de 200.000 euros. Con el dinero público del rescate de Plus Ultra, que salió de los contribuyentes españoles y que según la UDEF acabó financiando parte de la estructura de tráfico de influencias que orbitaba alrededor del expresidente.
Lo que Bolivia ya investiga y lo que España aún no ha resuelto
Las gestiones de Zapatero en Bolivia han llegado al propio país sudamericano. Ya se habla allí de crear comisiones parlamentarias para investigar las gestiones realizadas por el expresidente español ante el Gobierno de Luis Arce. La pregunta que los parlamentarios bolivianos quieren responder es la misma que el juez Calama quiere responder en Madrid: si lo que se produjo fue una mediación legítima o un soborno con papeles.
En España, el juicio que se avecina tiene a sus hijas Alba y Laura también investigadas, a su secretaria como coimputada y a la Fiscalía Anticorrupción pidiendo que se las impute por organización criminal. El círculo se cierra con la misma lógica que la UDEF ha documentado en todos los contratos investigados: el apellido Zapatero como activo comercial, la familia como estructura operativa y las causas humanitarias como cobertura.
Bambi ha resultado ser algo muy distinto a lo que parecía. Y los documentos del sumario son la prueba que ninguna conferencia sobre paz y diálogo puede hacer desaparecer.