Cuando Felipe González habla, el PSOE escucha aunque no quiera. Y lo que ha dicho esta semana en Toledo, en un coloquio junto al presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, no admite interpretaciones amables para Pedro Sánchez: asumir la responsabilidad política por la condena de Ábalos, dimitir o convocar elecciones.
Las dos salidas clásicas del político que sabe que ha llegado al límite.
La sentencia del Tribunal Supremo que condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a Koldo García a 19 años y ocho meses y que valida la versión de Víctor de Aldama como colaborador de la justicia ha producido el efecto que La Moncloa más temía: no solo el daño judicial sino el daño interno. Y cuando ese daño interno lo verbaliza el expresidente más importante de la historia del PSOE, el mensaje ya no es un rumor de pasillos. Es una declaración política de primer orden.
Lo que González ha dicho y por qué importa tanto
González no ha sido ambiguo. Ha calificado la sentencia de «correcta». Ha subrayado que de ella se deriva una responsabilidad directa para Sánchez, «que es quien los nombró». Ha dicho que el liderazgo no puede ser «mercenario», una frase que en boca del fundador del PSOE moderno dirigida al actual secretario general tiene una carga que ningún comunicado de Ferraz puede neutralizar. Y ha reiterado que Sánchez «tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya».
Lo relevante no es solo lo que ha dicho. Es quién lo dice y desde dónde lo dice. González no es la oposición. No es un tertuliano de derechas. Es el hombre que ganó tres mayorías absolutas con el PSOE, que construyó el partido moderno y que sigue siendo el referente histórico que ningún secretario general puede ignorar completamente sin pagar un coste interno considerable.
Que ese hombre diga en público que Sánchez debería dimitir o convocar elecciones es exactamente lo que muchos diputados socialistas comentan entre susurros en los pasillos del Congreso y que ninguno se atreve a decir con su nombre y apellidos.
Page: el verso libre que dice lo que el partido calla
Emiliano García-Page lleva años siendo el barón socialista incómodo, el que no sigue la disciplina de Ferraz cuando considera que los intereses del partido y los intereses de España van en direcciones distintas. En Toledo se ha alineado con González con una claridad que en La Moncloa no habrán recibido con alegría.
Page ha exigido «explicaciones» detalladas a Sánchez por la condena a Ábalos y por las tramas de corrupción del caso mascarillas. Ha alertado sobre el peligro de que sigan surgiendo colaboradores con la justicia que amplíen el mapa de responsabilidades. Ha insinuado un calvario judicial prolongado para el círculo cercano al presidente. Y ha mencionado la inquietud por otros casos que afectan al espacio socialista, desde las investigaciones sobre el hermano del presidente hasta las controversias vinculadas a Zapatero.
La función que cumple Page en el ecosistema socialista actual es la de espejo incómodo: demuestra que existe un PSOE alternativo al sanchismo, que la disciplina interna tiene límites cuando la corrupción deja de ser un caso aislado y empieza a percibirse como un sistema, y que el presidente no cuenta con la unanimidad que su aparato de comunicación intenta proyectar hacia el exterior.
El desgaste que ya no es coyuntural
Lo que González y Page han verbalizado en Toledo es la descripción de un problema que los análisis más rigurosos llevan meses identificando: el Gobierno de Sánchez ha pasado de gestionar casos aislados de corrupción a gestionar lo que la percepción pública ya interpreta como un sistema.
La condena de Ábalos a 24 años no es un episodio más. Es la validación judicial de la versión que Aldama ofreció sobre el funcionamiento interno de un Ministerio del Gobierno de Sánchez. Un ministerio cuyo titular nombró él, cuyo jefe de gabinete estaba al tanto de las operaciones investigadas y cuyos recursos se utilizaron para beneficiar a un empresario a cambio de comisiones.
A eso se suma el sumario de las cloacas de Ferraz. El caso Begoña con juicio oral anunciado. El caso Zapatero con seis delitos investigados. El hermano músico con contratos públicos. Y ahora Aldama apuntando a Puente con la misma puntería que usó para apuntar a Ábalos.
La narrativa de la persecución judicial que Sánchez ha utilizado durante años para neutralizar cada escándalo tiene un problema creciente: los jueces están condenando. El Supremo ha sentenciado. Los hechos que La Moncloa describía como montajes mediáticos tienen ahora años de prisión asociados.
Las encuestas que hacen más urgente el mensaje de González
El contexto demoscópico en que González lanza su advertencia refuerza su argumento sobre la necesidad de elecciones anticipadas. El PP se consolida cerca del 33-34% en los sondeos más recientes. El PSOE cae hacia el 26-27%, con una brecha de casi cinco puntos que en términos de escaños puede ser devastadora. VOX se mantiene estable. Sumar sigue en declive incapaz de consolidar su espacio.
La tesis que González introduce en el debate, y que en Ferraz escuchan con incomodidad, es que esperar hasta agotar la legislatura puede ser más perjudicial para el PSOE que atreverse a unas elecciones anticipadas ahora. Que cada mes adicional de investigaciones, sentencias y escándalos es un mes más de desgaste acumulado que llega a los comicios.
Es un cálculo que Sánchez hace simultáneamente desde La Moncloa pero con una variable adicional que González no menciona: el juicio de Begoña Gómez llega en primavera de 2027. Unas elecciones en febrero de ese año evitan que la campaña coincida con ese espectáculo. El presidente convocará cuando le sea menos costoso judicialmente, no cuando sea más honesto políticamente.
La fractura que González ha hecho visible
Lo más significativo del coloquio de Toledo no son las palabras concretas sino lo que representan: la ruptura del consenso de silencio que el sanchismo había mantenido dentro del PSOE gracias a la disciplina de partido y al miedo a ser señalado como traidor.
González no teme ese señalamiento. Su posición histórica y su independencia económica y política lo protegen de las consecuencias que cualquier diputado de a pie sufriría por decir lo mismo. Page tampoco teme: tiene su propia mayoría en Castilla-La Mancha y no necesita el favor de Ferraz para gobernar.
Pero lo que ambos han hecho en Toledo es dar cobertura y argumento a todos los que dentro del PSOE piensan lo mismo y no se atreven a decirlo. Han formulado en voz alta lo que circula en susurros. Han puesto nombre y apellidos a la incomodidad que recorre el partido desde que las condenas del Supremo convirtieron las sospechas en hechos probados.
Pocas cosas inquietan más a un gobierno que escuchar al viejo líder del partido decir en público lo que sus diputados comentan en privado.
González lo ha dicho. Page lo ha respaldado. Y Sánchez tendrá que seguir explicando por qué quien nombró a los condenados no tiene ninguna responsabilidad política en lo que los condenados hicieron.