En el PSOE ha comenzado una conversación que hasta hace poco se resolvía con una sonrisa y un rotundo no: ¿y si las elecciones no se celebran en 2027 sino antes? La respuesta oficial sigue siendo que Pedro Sánchez completará la legislatura. La respuesta real, la que circula en los despachos de Ferraz, es que el presidente convocará cuando le convenga, que no es lo mismo.
Y lo que le conviene tiene dos variables que en La Moncloa calculan con una atención que los discursos públicos no reflejan. La primera es el calendario judicial: el juicio de Begoña Gómez llega en primavera de 2027 y unas elecciones en febrero de ese año evitarían el espectáculo de una campaña con la esposa del presidente ante un jurado popular. La segunda es el censo: cada mes que pasa es un mes más de regularizaciones procesadas, de nuevos españoles del exterior inscritos en el CERA y de votantes potenciales incorporados al padrón que estadísticamente favorecen a la izquierda.
Sánchez sabe que las encuestas le son devastadoras. Y trabaja a marchas forzadas para que el censo de las próximas elecciones no sea el mismo que el de las anteriores.
Los sondeos que Ferraz no puede ignorar
Los datos demoscópicos disponibles son inequívocos en su tendencia. El bloque PP–VOX supera holgadamente el 49% del voto en la mayoría de los sondeos, con proyecciones que en los escenarios más favorables para el centroderecha sitúan ese bloque por encima de los 200 escaños. El PSOE pierde votos de forma sostenida, con estimaciones de caída de hasta dos millones de sufragios respecto a 2023 en algunos escenarios. El hundimiento en Andalucía, donde el partido obtuvo 28 diputados, ha confirmado que el desgaste no es ruido mediático sino pérdida real de apoyo en el electorado.
El único sondeo que da al PSOE como ganador es el CIS de Tezanos, cuya credibilidad metodológica lleva años siendo cuestionada por prácticamente toda la comunidad demoscópica española e internacional.
Esos datos explican la urgencia con que La Moncloa trabaja en paralelo en dos operaciones de ingeniería electoral que no aparecen nombradas como tales en ningún comunicado oficial pero que son perfectamente identificables por quien quiera verlas.
La operación de alteración del censo
La primera operación es la regularización extraordinaria de inmigrantes, con plazo hasta el 30 de junio, que podría incorporar hasta medio millón de nuevos residentes legales en España. La residencia legal es el primer paso hacia la nacionalidad. La nacionalidad da derecho a voto. Y los nuevos ciudadanos naturalizados tienden estadísticamente a votar a la izquierda porque es la izquierda la que ha facilitado su regularización.
La segunda operación es la Ley de Memoria Democrática y su fórmula de nacionalización de descendientes de emigrantes españoles en América Latina por cualquier motivo desde el siglo XIX. Las estimaciones hablan de entre 2 y 4 millones de potenciales nuevos votantes en el horizonte. Los consulados funcionan como fábricas de votantes con la inscripción en el CERA prácticamente automática tras la concesión de la nacionalidad.
Ambas operaciones tienen una justificación oficial impecable en términos de derechos y reparación histórica. Su coincidencia con un ciclo electoral en que las encuestas son devastadoras para el partido que las impulsa no es una casualidad de agenda legislativa.
El respaldo de los derechosos: PNV y Junts
Aquí es donde la situación tiene un elemento que el análisis político convencional tiende a suavizar con eufemismos. Sánchez cuenta para esta última fase de la legislatura con el respaldo de dos partidos que ideológicamente son de derechas, que han gobernado sus territorios con políticas conservadoras y que apoyan a un Gobierno de izquierda porque ese apoyo les ha producido un rendimiento económico y competencial extraordinario.
El PNV y Junts no son socios ideológicos de Sánchez. Son socios transaccionales que han extraído de esta legislatura el mayor botín territorial de su historia reciente: el Cupo vasco actualizado, transferencias adicionales, compromisos sobre financiación singular, la Ley de Amnistía para Puigdemont. Y ambos ven las elecciones en febrero de 2027 como lo menos malo disponible: han cobrado lo que podían cobrar y una legislatura que se prolonga más solo añade desgaste sin beneficio adicional.
El PNV aguantará hasta el final porque romper le costaría más de lo que gana. Junts seguirá presionando para extraer las últimas concesiones antes de que el grifo se cierre. Ninguno de los dos tiene el menor interés en que España funcione bien como proyecto colectivo. Tienen interés en que Sánchez siga en La Moncloa el tiempo suficiente para que las concesiones prometidas se materialicen.
Ese es el pacto. Y Sánchez lo conoce y lo gestiona con la frialdad del que sabe que no tiene opciones mejores.
Lo que Sumar exige y lo que Sánchez no puede darle
La coalición tiene también su frente interno complicado. Yolanda Díaz y Sumar exigen más claridad, más transparencia y más garantías de que el Gobierno no abandona su agenda social en el tramo final de la legislatura. La formación ha pedido que el presidente actúe con mayor determinación respecto a cuestiones como la reforma del estatuto para expresidentes, en un contexto en que el apoyo público de Sánchez a Zapatero, imputado por seis delitos, ha generado incomodidad en sectores del espacio de izquierdas que esperaban una respuesta más cautelosa.
Para Sumar, las elecciones son una amenaza existencial. Las encuestas son devastadoras para ese espacio: la formación se debate entre desaparecer del Congreso o sobrevivir con representación testimonial. Su estrategia es resistir en el cargo el máximo tiempo posible, seguir gestionando los ministerios que controla y llegar a las elecciones con la mayor visibilidad posible.
Esa divergencia de intereses, Sánchez queriendo convocar en febrero por razones judiciales y censales, Sumar queriendo aguantar hasta el último día por razones de supervivencia política, es la tensión interna que Ferraz gestiona sin que trascienda demasiado.
El tablero que se mueve
El calendario más probable que maneja La Moncloa sitúa las elecciones en febrero o marzo de 2027, con la justificación oficial del fracaso de los Presupuestos como detonante de la convocatoria. Sánchez presentará las cuentas, sus socios las rechazarán o las negociaciones se estancarán, y el presidente utilizará ese bloqueo para disolver las Cortes y convocar elecciones alegando ingobernabilidad.
Es un guion conocido que tiene la ventaja de permitirle presentarse como víctima de la fragmentación parlamentaria en lugar de como ejecutor de una decisión estratégica calculada al milímetro para evitar coincidir con el juicio de su esposa.
Las encuestas le destrozan. El censo está siendo alterado a marchas forzadas. Los derechosos del PNV y Junts le aguantan porque les compensa. Y el reloj judicial corre en paralelo al electoral.
En política española, esa combinación de factores siempre ha producido los mismos resultados: más maniobra, menos transparencia y la sensación permanente de que lo que se dice en público y lo que se decide en privado son dos cosas completamente distintas.