España tiene el mayor número de ocupados de su historia. El inepto Gobierno Sánchez lo celebra en cada rueda de prensa y lo convierte en argumento electoral.
Pero hay una cifra que no aparece en los discursos de La Moncloa y que contradice el relato triunfal con una contundencia que los datos no permiten ignorar: cada día laborable, 1,6 millones de trabajadores no están en su puesto.
El absentismo ha alcanzado niveles récord en el mismo momento en que el empleo marca máximos históricos.
La paradoja no es casual. Es el resultado de una combinación de factores estructurales, culturales y regulatorios que nadie en el Gobierno Frankenstein tiene interés en analizar con honestidad porque hacerlo obligaría a reconocer que el modelo de protección laboral tiene un problema de sostenibilidad que se está acelerando.
Los números que el discurso oficial no menciona
España alcanzará unos 22,4 millones de ocupados en 2025. Es un récord histórico que merece reconocimiento. Pero las horas efectivamente trabajadas no han crecido al mismo ritmo que los empleos creados. Desde 2019, los puestos equivalentes a jornada completa han crecido un 14%, mientras que las horas trabajadas solo han aumentado un 11%.
La diferencia la explica el absentismo. La proporción de empleados que no trabajan durante la semana de referencia ha pasado del 5,5% en 2019 al 8,8% en 2025. Cada trabajador pierde de media 114,6 horas al año, frente a las 80 de 2019. La jornada efectiva en el sector privado ha descendido a unas 30,9 horas semanales.
El coste directo de las bajas por contingencias comunes en 2024 fue de 28.969 millones de euros, el 1,82% del PIB. Si se suman los costes indirectos, pérdida de productividad, retrasos, reorganización y sustituciones, el impacto total estimado asciende a 128.668 millones de euros, cerca del 8,1% del PIB. Es una cifra comparable al presupuesto anual de educación y equivalente a una crisis económica severa que se desarrolla en silencio, sin recesión oficial ni titular de portada.
Lo que los empresarios llevan años pidiendo y el Gobierno ignora
La CEOE y las organizaciones empresariales llevan meses presionando con una propuesta concreta que el Gobierno ha recibido con la incomodidad del que escucha algo que no quiere abordar: que la Seguridad Social asuma el pago de las bajas laborales desde el primer día de incapacidad temporal, en lugar del sistema actual en que las empresas cargan con parte del coste durante los primeros días.
El argumento empresarial tiene su lógica. Si el coste de la baja recae parcialmente sobre la empresa, eso genera incentivos perversos en ambas direcciones: las empresas presionan de forma implícita a los trabajadores para que no se bajen aunque estén enfermos, y los trabajadores que sí se bajan generan un coste inmediato a su empleador que enturbia la relación laboral. Si la Seguridad Social asume ese coste desde el primer momento, la decisión de darse de baja quedaría completamente desvinculada de la relación con la empresa.
Los sindicatos se oponen con el argumento de que trasladar ese coste a la Seguridad Social generaría un incentivo para prolongar las bajas innecesariamente. Es un argumento que tiene su validez, pero que los propios sindicatos aplican de forma selectiva: cuando se trata de ampliar derechos y prestaciones, el gasto de la Seguridad Social nunca es un problema; cuando se trata de hacer más sostenible el sistema, de repente aparecen los límites presupuestarios.
Lo que ninguno de los dos lados del debate quiere decir con claridad es lo que todos los que trabajan en recursos humanos de cualquier empresa mediana saben perfectamente: una parte significativa de las bajas laborales en España no corresponde a enfermedades reales.
Las bajas falsas: el elefante en la habitación
El 22,8% de las ausencias laborales registradas en España no tiene parte médico que las respalde. Una de cada cuatro sillas vacías no tiene ningún papel que la justifique. Pero incluso dentro de las bajas médicamente documentadas, la percepción generalizada entre médicos de atención primaria, empresarios y gestores de recursos humanos es que una proporción relevante responde a causas que no justificarían la incapacidad temporal según criterios estrictamente clínicos.
El sistema español de bajas médicas tiene una vulnerabilidad estructural que lo hace especialmente susceptible al abuso: el médico de cabecera, que es quien emite el parte de baja, está sometido a una presión asistencial enorme, tiene poco tiempo por paciente y se encuentra en una posición incómoda cuando un trabajador que no presenta síntomas objetivos le solicita una baja argumentando agotamiento, estrés o malestar general.
En ese contexto, decir que no es la opción más conflictiva. La consecuencia es que muchas bajas se conceden no porque el cuadro clínico lo justifique sino porque es la solución de menor resistencia para el médico, que no tiene herramientas ni tiempo para investigar si el trabajador realmente no puede trabajar.
Las bajas falsas tienen efectos que van mucho más allá del coste directo para la empresa o para la Seguridad Social. Distorsionan la planificación de las empresas, especialmente las de menor tamaño, que tienen que reorganizar turnos y cubrir ausencias con horas extra o personal de sustitución. Generan injusticia entre compañeros de trabajo, que asumen la carga del ausente. Y erosionan la confianza en un sistema de protección social que debería reservar sus recursos para quienes realmente los necesitan.
El mapa territorial del absentismo
El problema no afecta por igual a todas las regiones. Cantabria lidera el ranking con un 9,2% de trabajadores ausentes durante la semana analizada. Le siguen Canarias con el 8,8% y el País Vasco con el 8,6%. En el extremo opuesto, Baleares, La Rioja y la Comunidad de Madrid rondan cifras entre el 5,5% y el 6,1%, donde hay mayor presencia de empleo cualificado y menos exigencia física.
Los sectores más afectados son los que combinan esfuerzo físico elevado, alta exposición al público y estructuras rígidas de turnos: los servicios de limpieza con el 10,7%, la recogida y tratamiento de residuos con el 9,6% y las residencias y cuidados con el 9,2%. El sector tecnológico y las consultorías presentan tasas significativamente inferiores.
Esa diferencia sectorial es relevante porque apunta a causas reales que merecen atención: las condiciones de trabajo en los sectores con más absentismo son objetivamente más duras, el esfuerzo físico y psicológico es mayor y la probabilidad de enfermedades laborales genuinas es más elevada. No todo el absentismo es igual y tratarlo como un bloque homogéneo impide identificar las soluciones adecuadas para cada caso.
Las causas reales que nadie quiere reconocer
Reducir el absentismo a una «crisis de la cultura del esfuerzo» es una simplificación que no ayuda a resolver el problema. Pero ignorar que los cambios culturales influyen en la disposición a ausentarse también es una forma de no querer ver la realidad.
El envejecimiento de la población activa explica una parte del aumento: hay más trabajadores mayores con dolencias crónicas y periodos de baja más prolongados. El aumento de diagnósticos relacionados con salud mental, ansiedad, depresión y burnout explica otra parte: son patologías reales y crecientes que generan bajas legítimas pero que también son las más difíciles de objetivar clínicamente y las más susceptibles de ser utilizadas como cobertura para ausencias que responden a otras motivaciones.
Y hay una tercera causa que los estudios académicos mencionan con cuidado pero que cualquier empresario describe sin rodeos: una parte de los trabajadores ha aprendido que el sistema permite ausentarse sin consecuencias reales y lo utiliza como un derecho subjetivo que no requiere más justificación que el deseo de no ir a trabajar ese día.
Eso no es la mayoría. Pero tampoco es marginal. Y su coste lo pagamos todos.
Lo que haría falta y nadie hace
Las medidas que los expertos y las organizaciones empresariales llevan años reclamando sin éxito son conocidas y no requieren inventar nada nuevo.
Mayor control médico de las bajas de larga duración, con revisiones periódicas que evalúen si la incapacidad sigue siendo real. Mejora de la atención primaria para reducir las listas de espera que prolongan bajas más allá de lo que la patología requeriría. Incentivos para las empresas que inviertan en prevención de riesgos laborales y en mejora de las condiciones de trabajo. Y una revisión honesta del sistema de complementos que muchas empresas pagan voluntariamente para llevar la prestación al 100% del salario, que efectivamente reduce el coste económico de estar de baja hasta hacerlo prácticamente nulo para el trabajador.
Ninguna de esas medidas requiere criminalizar a los trabajadores enfermos. Requiere distinguir entre los que están enfermos y los que no lo están. Esa distinción, que debería ser el punto de partida de cualquier política seria sobre el tema, es la que el debate político español lleva años evitando porque hacerla explícita incomoda a los sindicatos y porque los partidos que dependen del voto de los trabajadores del sector público, que es donde el absentismo es más elevado, tienen pocos incentivos para exigirla.
El resultado es un sistema que tiene 1,6 millones de sillas vacías cada día y una factura de 128.000 millones de euros anuales que alguien tiene que pagar.
Ese alguien somos todos.