Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 con un discurso que incluía la vivienda como uno de sus ejes sociales prioritarios.
Ocho años después, el metro cuadrado ha subido un 74%, el acceso a la propiedad es más difícil que nunca para una generación entera de españoles y el alquiler en las grandes ciudades ha subido entre un 50 y un 70%.
El historial de promesas incumplidas sobre vivienda de este Gobierno es tan largo que merece un repaso específico antes de analizar los datos.
El catálogo de promesas que nunca llegaron
En 2018, Sánchez anunció un plan de construcción de 20.000 viviendas públicas de alquiler asequible en suelos del SEPES, la entidad pública de suelo. En 2026, esas viviendas siguen siendo mayoritariamente planos y proyectos. La ejecución real ha sido una fracción mínima de lo prometido.
En 2019, el Gobierno anunció una inversión de 2.000 millones de euros en vivienda pública a través del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Los fondos se ejecutaron de forma parcial y con retrasos que los propios técnicos del Ministerio reconocieron en informes internos.
En 2021, Sánchez prometió que la nueva Ley de Vivienda resolvería el problema del acceso al alquiler y a la compra. La ley se aprobó finalmente en 2023 después de años de negociaciones y bloqueos, con el control de alquileres como medida estrella. El resultado en los mercados donde se ha aplicado ha sido una reducción de la oferta de alquiler disponible que ha agravado la escasez y en algunos casos ha presionado aún más los precios al alza, exactamente lo contrario de lo prometido.
En 2022, el presidente anunció la construcción de 43.000 viviendas públicas de alquiler social en los próximos tres años con fondos europeos. Los datos de ejecución disponibles muestran que la mayoría de esas viviendas no han salido del papel en el plazo prometido.
En 2023, Sánchez se comprometió personalmente a que ningún joven español tendría que destinar más del 30% de su salario al alquiler. En 2026, la tasa de esfuerzo para el alquiler en Madrid y Barcelona supera el 40% para una parte significativa de los arrendatarios, y en algunos barrios el porcentaje es considerablemente mayor.
En campaña electoral de 2023, el PSOE prometió la creación de una promotora pública estatal de vivienda que construiría decenas de miles de viviendas asequibles. La promotora existe formalmente pero su actividad real está muy lejos de las magnitudes prometidas.
Y en 2025, ante la presión mediática por el agravamiento del problema, Sánchez anunció nuevas medidas urgentes de vivienda incluyendo más limitaciones al alquiler turístico, más suelo público movilizado y más fondos para ayudas al alquiler joven. El precio del metro cuadrado siguió subiendo.
Lo que los datos dicen mientras las promesas se acumulan
En 2018, el precio medio del metro cuadrado en España era de 1.608 euros. En junio de 2026, es de 2.795 euros. Un incremento del 74% en ocho años de Gobierno socialista que ha tenido la vivienda como prioridad declarada en todos y cada uno de sus programas electorales.
Para un piso estándar de 80 metros cuadrados, la diferencia respecto a 2018 es de 95.000 euros adicionales. Un comprador que en 2018 necesitaba 86.000 euros para la entrada y los gastos de una vivienda media necesita ahora una cantidad significativamente mayor. Y los salarios no han subido en proporción: la capacidad de acceso a la vivienda en propia medida de esfuerzo ha empeorado de forma sostenida durante el período.
El coste de una vivienda equivale ahora a aproximadamente 7 años de ingresos completos de un hogar medio español. No hemos llegado a los picos de la burbuja, pero la tendencia es inequívoca y el margen que queda antes de alcanzar esos niveles se ha reducido considerablemente.
Los impuestos que el Gobierno recauda mientras promete asequibilidad
Uno de los aspectos más reveladores de la hipocresía del discurso oficial sobre vivienda es la relación entre las promesas de asequibilidad y los impuestos que el Estado recauda sobre cada transacción inmobiliaria.
La carga fiscal sobre la vivienda en España, sumando IVA o ITP según el tipo de operación, AJD, plusvalías, IBI, y en algunos casos impuestos sobre el patrimonio o las sucesiones, puede representar alrededor del 25-30% del coste final de una vivienda. En una vivienda nueva de 250.000 euros, el Estado en sus distintos niveles captura entre 60.000 y 75.000 euros antes de que el comprador haya dado un solo paso dentro de su casa.
Ese es el dinero que el Gobierno prometió invertir en políticas de vivienda asequible. Es el dinero que lleva ocho años recaudando mientras los precios suben un 74%.
El ITP varía entre el 6% de Madrid y el 10% de Cataluña. El IAJD entre el 0,75% y el 1,5%. Nadie en el Gobierno central ha propuesto una reforma seria de estos impuestos para facilitar el acceso a la vivienda, porque hacerlo significaría renunciar a una recaudación que financia otras partidas del gasto público.
Las trabas administrativas que el Gobierno no ha eliminado
Mientras Sánchez prometía viviendas, la burocracia que impide construirlas seguía intacta. Los promotores inmobiliarios llevan años señalando los mismos problemas: licencias que tardan entre dos y cuatro años en concederse en muchos municipios, procesos judiciales relacionados con la planificación urbanística que pueden paralizar un desarrollo durante una década, inseguridad jurídica por cambios normativos que alteran las reglas del juego a mitad de un proyecto.
El resultado es un stock de suelo potencialmente edificable que permanece paralizado precisamente en las ciudades donde más se necesita nueva oferta. Y la lógica económica es implacable: cuando la oferta no puede crecer al ritmo de la demanda, los precios suben. El Gobierno no ha atacado ese cuello de botella con ninguna de sus grandes iniciativas de vivienda.
Los jóvenes atrapados que las promesas no han liberado
El impacto más visible de ocho años de promesas incumplidas es la situación de los jóvenes españoles. La edad media de emancipación en España sigue siendo una de las más tardías de Europa, por encima de los 30 años. La proporción de jóvenes que viven en alquiler ha aumentado. La proporción que accede a la compra antes de los 35 años ha caído.
Los alquileres en Madrid y Barcelona han subido entre un 50 y un 70% en la última década. Quienes pagan esos alquileres ahorran menos para la entrada. Quienes ahorran menos para la entrada tardan más en poder comprar. Y mientras tardan, los precios siguen subiendo, alejando aún más el objetivo.
Sánchez prometió en campaña que ningún joven tendría que destinar más del 30% de su sueldo al alquiler. La realidad en 2026 es que en Madrid y Barcelona ese porcentaje supera el 40% para muchos arrendatarios. La promesa fue un titular. La realidad es una factura mensual que consume el ahorro que haría falta para salir del alquiler.
Lo que haría falta y nadie hace
Los economistas especializados en mercado inmobiliario llevan años señalando las mismas soluciones: reducir la fiscalidad sobre la compraventa, especialmente para primeras viviendas, agilizar los procesos de licencia y planificación, garantizar seguridad jurídica estable a largo plazo para atraer inversión en construcción, y movilizar suelo público de forma real y verificable.
Nada de eso requiere inventar nada nuevo. Requiere voluntad política para enfrentarse a los intereses que se benefician del statu quo: las comunidades autónomas que recaudan el ITP, los ayuntamientos que dependen del IBI, los sectores que se benefician de la escasez de oferta.
Mientras esa voluntad no aparezca, el metro cuadrado seguirá subiendo. Las promesas de Sánchez sobre vivienda seguirán acumulándose. Y los jóvenes españoles seguirán pagando alquileres que se comen el ahorro que necesitarían para dejar de pagar alquileres.
El 74% de subida en ocho años no es solo una estadística. Es la medida exacta del fracaso de un Gobierno que prometió resolver el problema de la vivienda y lo ha hecho más grave.