La escena que España vio esta semana no tiene precedentes en cuarenta años de democracia.
Un expresidente del Gobierno declarando durante casi tres horas ante un juez de la Audiencia Nacional. Sus dos hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, investigadas en la misma causa.
La Fiscalía Anticorrupción pidiendo que se las impute por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Y un auto del juez José Luis Calama que, tras escuchar a Zapatero, concluye que no ha conseguido desvirtuar «los indicios racionales de criminalidad».
Salió de la Audiencia Nacional sin esposado y sin medidas cautelares.
Pero el cuadro que el auto pinta después de sus tres horas de declaración es considerablemente menos sereno que el gesto de tranquilidad con que intentó despedirse de las cámaras.
Lo que la Fiscalía dice de las hijas y que nadie debería ignorar
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que llame a declarar a Laura y Alba Rodríguez como investigadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Calama no ha incluido esa calificación específica en su resolución, pero ha extendido la condición de investigadas a ambas y a la secretaria del expresidente.
La palabra que la fiscal ha elegido para describir su situación económica es «llamativos». Sus ingresos eran «llamativos» en comparación con la «poca consistencia» del trabajo que supuestamente los justificaba. Es una formulación jurídicamente precisa que en lenguaje ordinario significa algo muy concreto: el dinero que entraba en sus cuentas no tiene una explicación razonable en los servicios que prestaban.
Alba y Laura tienen cerca de treinta años. Llevan varios años vinculadas a las sociedades que ahora investiga la Audiencia Nacional. Sus ingresos, según la fiscal, eran holgados. Su trabajo, según la misma fiscal, tenía poca consistencia. Esa combinación, ingresos holgados con trabajo de poca consistencia, es exactamente lo que los investigadores financieros llaman una señal de alerta sobre el origen real del dinero.
Whathefav, los fondos y las autorizaciones bancarias compartidas
La agencia Whathefav, registrada a nombre de las hijas del expresidente, es el centro de la parte de la investigación que las afecta directamente. El juez ha documentado que ambas figuraban como autorizadas en las cuentas de la mercantil con capacidad para «redistribuir fondos», un rol que la instrucción no considera decorativo.
Los movimientos financieros analizados llevan al instructor a concluir que Whathefav no tiene las características de una empresa con actividad comercial normal: contratos escasos y difíciles de documentar, grandes flujos financieros y una dependencia notable de pocos pagadores relacionados con el círculo del rescate de Plus Ultra. Las autorizaciones bancarias compartidas entre las hijas y el propio expresidente añaden una dimensión que conecta las cuentas de la agencia con el esquema más amplio que investiga la causa.
La segunda sociedad bajo lupa es Análisis Relevante, la consultora por la que Zapatero ha admitido cobrar 90.000 euros anuales. El expresidente sostiene que prestaba servicios analíticos y acompañamiento institucional. La instrucción pregunta lo que cualquier analista financiero independiente preguntaría: ¿por qué una consultora que factura esas cantidades depende de encargos verbales imposibles de documentar? ¿Hasta qué punto esos servicios se solapan con gestiones ante gobiernos y organismos públicos que constituirían tráfico de influencias? ¿El dinero que entraba era contraprestación por trabajo real o era otra forma de canalizar fondos vinculados al rescate?
Los indicios que tres horas de declaración no han podido desmantelar
La cronología que el juez Calama ha ido construyendo conecta piezas que individualmente podrían tener explicación pero que juntas forman un patrón que la declaración de Zapatero no ha conseguido desarticular.
El rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público, pese a las objeciones técnicas sobre la viabilidad de la aerolínea. Los flujos económicos que el instructor vincula con fondos originados en ese rescate y que habrían circulado a través de sociedades instrumentales. El papel de Zapatero como figura de «liderazgo estratégico» con contactos institucionales y empresariales clave. La información llegada desde Estados Unidos sobre el empresario venezolano Rodolfo Reyes, que ya tiene orden internacional de arresto. Las joyas de más de 1,3 millones de euros sin documentación de origen ni regularización fiscal. Y los ingresos «llamativos» de sus hijas con trabajo de «poca consistencia».
El auto posterior a la declaración mantiene todo eso en pie. Zapatero no ha desvanecido ninguno de esos indicios. El juez los considera suficientemente sólidos como para seguir adelante.
«Acostúmbrese a guardar silencio cuando yo hablo»
La tensión que rodeó la comparecencia filtró a través de testigos presentes. El expresidente intentó desde el principio un tono didáctico, casi pedagógico, como si estuviera explicando una decisión política compleja a alguien que necesitara ser guiado por el razonamiento presidencial. El juez lo cortó con la frase que ya forma parte de los archivos del caso y de la memoria política del período: «Acostúmbrese a que, cuando yo hablo, tiene que guardar silencio».
Es la imagen que resume la inversión de roles que el caso ha producido. El hombre que durante ocho años tomó decisiones desde La Moncloa, que viajó a Caracas a mediar entre presidentes, que se presentó durante años como el estadista sereno que los demás necesitaban para resolver sus conflictos, tenía que callarse cuando un magistrado le recordaba las reglas básicas de una declaración judicial.
Al final, Zapatero intentó suavizar el ambiente: «Espero no haber tenido en ningún momento un tono no conveniente». El auto que el juez dictó después no reflejó ninguna mejora en su situación procesal.
Lo que viene
La instrucción sigue abierta. El juez la califica de «embrionaria», lo que significa que hay más diligencias pendientes, más documentación por analizar y potencialmente más imputaciones por venir. La Fiscalía ha pedido que las hijas declaren como investigadas por los delitos más graves que contempla la causa. El juez no lo ha hecho así en su resolución pero tampoco ha cerrado esa puerta.
El PSOE ha presentado la ausencia de medidas cautelares como una victoria. No lo es. Es la situación de alguien que sale libre porque el juez considera que su notoriedad pública hace improbable la fuga y que las pruebas ya están aseguradas, no porque los indicios de criminalidad hayan quedado desmentidos.
España tiene por primera vez un expresidente con seis delitos investigados en la Audiencia Nacional, con sus hijas y secretaria también investigadas, con la Fiscalía pidiendo que se las impute por organización criminal y con un juez que después de escuchar tres horas de explicaciones ha concluido que ninguna de ellas ha desvanecido los indicios racionales de criminalidad.
Eso no es una exoneración. Es el principio de algo que todavía no ha terminado.