Hay un argumento en la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama que merece examinarse con detalle porque es, al mismo tiempo, la columna vertebral de su defensa y el elemento más revelador de cómo funciona el poder en España cuando se ejerce desde la informalidad.
El expresidente explicó que «impuso» a su amigo Julio Martínez Martínez la contratación de sus hijas en la consultora Análisis Relevante SL porque, al ser hijas de un expresidente, no podían trabajar en el sector público.
La lógica es impecable en su superficie: si las instituciones están cerradas para ellas por quiénes son sus padres, el sector privado es su única salida.
El problema es lo que hay debajo de esa lógica. Sus hijas, que tienen cerca de treinta años y llevan años trabajando en el entorno de estos negocios, no consiguieron trabajo en el mercado por méritos propios o por la calidad de sus servicios en empresas ajenas a su padre. Consiguieron trabajo porque su padre «impuso» a su amigo que las contratara.
La misma puerta giratoria que supuestamente les cerraba el sector público la abrió su apellido en el sector privado.
El esquema que el juez quiere entender
La estructura que Zapatero describió ante el tribunal tiene una arquitectura que combina lo doméstico con lo opaco de una forma que el juez no ha considerado suficientemente aclarada.
El expresidente elaboraba informes de análisis geopolítico y geoeconómico para Análisis Relevante. Lo hacía, según explicó, «a mano, con papel y boli», porque no usa correo electrónico. Sus hijas maquetaban esos informes, les daban formato visual y gestionaban el seguimiento digital. Zapatero cobraba 80.000 euros anuales por su trabajo. Su colaborador Sergio Sánchez, exdirector de comunicación del CNI, cobraba 7.000.
No había contrato escrito entre Zapatero y la consultora. La justificación del expresidente: «Soy muy amigo de Julio Martínez y en esa relación de confianza no hacen falta contratos».
Las hijas, por su parte, tenían también su propia agencia, Whathefav, a través de la cual la UDEF ha detectado pagos de entre 200.000 y 240.000 euros por servicios de diseño y contenidos dentro del mismo marco contractual vinculado al caso Plus Ultra.
Doscientos cuarenta mil euros por maquetar informes y gestionar redes sociales. Para dos chicas que empezaron esa trayectoria profesional de la mano de un amigo de su padre que fue «persuadido» de contratarlas.
Lo que el juez dice después de tres horas de explicaciones
Tras casi tres horas de declaración, el juez Calama concluyó que Zapatero no había conseguido desvirtuar «los indicios racionales de criminalidad» que fundamentan la investigación. No lo mandó a prisión, no le retiró el pasaporte, no le impuso comparecencias periódicas. Pero mantuvo intacto el cuadro indiciario que lo señala por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando, organización criminal y falsedad documental.
El PSOE presentó la decisión de no retirarle el pasaporte como un triunfo político. La reacción que esa presentación generó en buena parte de la opinión pública fue la contraria: ¿qué tipo de victoria es celebrar que un expresidente investigado por presunto desvío de fondos públicos pueda seguir viajando al extranjero?
La paradoja que lo dice todo
La defensa de Zapatero construye una paradoja que, cuanto más se examina, más incómoda resulta. Sus hijas no pueden trabajar en el sector público porque su padre fue presidente del Gobierno. Pero sí pueden trabajar, con contratos informales, en empresas privadas que a su vez tienen negocios con el Estado y que están en el centro de una investigación sobre el uso de dinero público. Y pueden cobrar 240.000 euros por esos servicios sin que haya un contrato que lo sustente, porque la relación se basa en la confianza entre amigos.
La línea entre poder político, negocio privado y economía familiar queda, con ese esquema, completamente borrada. Y el resultado es exactamente lo que la regulación sobre puertas giratorias y conflictos de interés intenta evitar: que el apellido de un expresidente sea el principal activo comercial de una consultora que opera en el entorno de decisiones donde ese expresidente sigue teniendo influencia.
Sus hijas merecen juzgarse por lo que son y por lo que hacen, no por quién es su padre. Eso es precisamente lo que el esquema descrito en el juicio no les ha permitido ser.