España vive un drama que pocas voces se atreven a nombrar con la claridad que merece.
El país que ha construido durante años una narrativa de inclusión, que aplaude las campañas de Down España, que celebra públicamente la integración laboral de las personas con discapacidad, aborta al 95% de los bebés diagnosticados con síndrome de Down antes de que nazcan.
De cada cien embarazos en los que se detecta trisomía 21, noventa y cinco no llegan a término.
La cifra la ha dado el expresidente de Down España, Mateo San Segundo. No es una estimación alarmista de ningún grupo ideológico. Es la realidad del sistema sanitario y legal español, y el contraste entre esa realidad y el discurso oficial sobre inclusión y dignidad es tan grande que resulta difícil de procesar.
Es una tragedia. Y merece ser tratada como tal.
Los números que definen la magnitud del problema
En 2024 se practicaron en España 106.172 abortos, un incremento de 3.075 respecto al año anterior y un aumento cercano al 3%. Desde el inicio del actual Gobierno, las interrupciones voluntarias del embarazo han superado las 580.000. Son cifras que el debate público suele manejar de forma abstracta, como estadísticas de salud pública, sin detenerse en lo que cada número representa.
En el caso del síndrome de Down, la abstracción resulta especialmente dolorosa. Los países europeos con datos disponibles muestran tasas de entre el 80 y el 90% de abortos tras el diagnóstico prenatal de trisomía 21. España está en el 95%. Somos, en este indicador concreto, el país de Europa donde menos probabilidades tiene de nacer un niño con síndrome de Down una vez que el diagnóstico ha sido comunicado a los padres.
Por qué ocurre: miedo, información sesgada y presión sistémica
Las familias que han pasado por ese trance describen con frecuencia una experiencia que va mucho más allá de la libertad de elección. La comunicación del diagnóstico en muchos centros hospitalarios se centra en los problemas clínicos, los riesgos médicos asociados y las dificultades previsibles, sin que se ofrezca al mismo tiempo una imagen completa de lo que significa realmente la vida de una persona con síndrome de Down en el siglo XXI.
Down España lleva años denunciando lo que llama «presión eugenésica»: situaciones en las que la interrupción del embarazo es presentada de forma implícita o explícita como la opción más sensata, más responsable, más racional. No necesariamente con maldad. A veces con la convicción de quien cree estar ayudando a evitar un sufrimiento futuro. Pero con consecuencias que las familias que decidieron continuar el embarazo describen como radicalmente distintas a las que el sistema les presentó.
El miedo al futuro es comprensible: ¿quién cuidará a este hijo cuando nosotros no podamos? ¿Será feliz? ¿Tendrá trabajo? ¿Será independiente? Son preguntas legítimas. El problema es que el sistema no las responde con la verdad completa sino con los peores escenarios posibles, sin incluir los testimonios de familias que han recorrido ese camino y que describen una experiencia completamente diferente a la que el diagnóstico prenatal sugería.
La contradicción legal que pocos nombran
La legislación española permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Para anomalías fetales graves, el plazo se amplía hasta la semana 22. Eso significa que España tiene un marco legal que otorga más tiempo para abortar cuando el feto presenta una discapacidad que cuando no la presenta.
Down España y otros especialistas señalan la contradicción fundamental que eso implica: un país que en sus leyes y en su discurso público afirma que la discapacidad no es motivo de discriminación tiene sin embargo una legislación que trata de forma distinta un embarazo en función de si el feto tiene o no una discapacidad diagnosticada. El principio de no discriminación, que se aplica con rigor en todos los demás ámbitos de la vida, tiene una excepción en el período prenatal que pocas voces se atreven a examinar con honestidad.
El contexto demográfico que hace la tragedia aún más grave
Todo esto ocurre mientras España atraviesa el invierno demográfico más profundo de su historia reciente. La tasa de fecundidad se sitúa entre 1,1 y 1,2 hijos por mujer, muy lejos del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. Tres de cada cuatro hogares españoles no tienen ningún niño. La edad media de la población supera los 44 años. En muchos barrios y pueblos, el nacimiento de un bebé se ha convertido en un acontecimiento extraordinario.
En ese contexto, la eliminación prenatal sistemática de los bebés con síndrome de Down adquiere una dimensión que va más allá del debate sobre el aborto. Es la expresión más cruda de una pregunta que la sociedad española no está respondiendo con honestidad: ¿qué vidas consideramos que merecen nacer?
Lo que la ciencia dice sobre esas vidas
La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down supera hoy los 60 años en los países con buena atención sanitaria. Su participación en la educación, el empleo y la vida comunitaria ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas. Muchas personas con trisomía 21 trabajan, tienen relaciones afectivas, desarrollan talentos artísticos o deportivos y describen su propia vida como satisfactoria y plena.
Lo que más condiciona su futuro, coinciden las familias y las asociaciones, no es el cromosoma extra sino el entorno: el acceso a apoyos educativos adecuados, a recursos sanitarios, a un mercado laboral que los incluya de verdad. Donde esos elementos existen, las personas con síndrome de Down demuestran que el diagnóstico prenatal que en la mayoría de los casos conduce al aborto describía un futuro diferente, no un no futuro.
Esa diferencia, entre «futuro diferente» y «no futuro», es exactamente la que el sistema de información médica no está transmitiendo en la mayoría de los casos. Y mientras no se transmita, el 95% seguirá siendo el 95%.
La tragedia no está solo en el número. Está en lo que ese número dice sobre cómo decidimos, como sociedad, qué vidas valen la pena.