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Hay una crisis económica que no aparece en los telediarios con la frecuencia que merece y que sin embargo tiene un impacto sobre el tejido productivo español comparable al de una recesión moderada.
Cada día laboral, el 7% de los trabajadores españoles no acude a su puesto de trabajo.
El coste total de ese absentismo, sumando bajas médicas, ausencias injustificadas, sustituciones, cotizaciones y pérdida de productividad, supera los 33.000 millones de euros anuales según los últimos datos de la CEOE. Una cifra que triplica la de hace diez años.
Para ponerlo en perspectiva: 33.000 millones es más que el presupuesto anual del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia juntos.
Es el equivalente a más del 2% del PIB español. Y es dinero que no produce nada, que no se invierte en nada y que alguien tiene que pagar: las empresas, la Seguridad Social o ambas simultáneamente.
Los números que la patronal ha puesto sobre la mesa
La CEOE, con su presidente Antonio Garamendi al frente y respaldada por una veintena de líderes patronales sectoriales, ha decidido convertir el absentismo en su principal caballo de batalla en las negociaciones sobre salarios y jornada laboral para los próximos años. Los datos que maneja la organización empresarial son contundentes.
El impacto económico de las bajas laborales se ha triplicado en diez años. En 2014, el coste del absentismo se estimaba en torno a los 11.000 millones. En 2024, la cifra supera los 33.000 millones, un incremento que los empresarios atribuyen a la combinación de varios factores: el aumento de los salarios, que hace más cara cada hora de ausencia, el incremento de los complementos empresariales que elevan la prestación por baja hasta el 100% del salario, y el crecimiento real de las tasas de absentismo.
El 7% de absentismo diario significa que en una empresa de cien trabajadores, siete personas no están en su puesto cada día. Para sectores con trabajo por turnos, como la sanidad, la industria o la logística, esa cifra obliga a mantener plantillas sobredimensionadas o a recurrir sistemáticamente a horas extra y sustituciones que elevan los costes laborales de forma considerable.
Lo que pide la patronal: trasladar costes a la Seguridad Social
La propuesta central de la CEOE tiene tres ejes. Primero, que la Seguridad Social cubra las bajas por enfermedad desde el primer día de incapacidad, eliminando el período actual en que el coste recae sobre el empleador. Segundo, que el sistema público asuma también las cotizaciones sociales de los contratos de sustitución cuando un trabajador está de baja. Tercero, revisar los complementos voluntarios que muchas empresas pagan para elevar la prestación hasta el 100% del salario, que según la patronal generan un incentivo perverso para prolongar las bajas innecesariamente.
La lógica empresarial es clara: si el trabajador en baja cobra el 100% de su salario desde el primer día con dinero de la empresa, el coste económico de estar enfermo para el trabajador es cero, lo que reduce los incentivos para incorporarse cuanto antes. Si ese coste lo asume parcialmente la Seguridad Social, las empresas ven reducida su carga y el sistema público asume el riesgo que, según la patronal, le corresponde.
Los sindicatos leen exactamente lo contrario en esa propuesta: es un intento de penalizar la enfermedad trasladando la presión económica al trabajador que necesita una baja, generando miedo a solicitarla por temor a perder ingresos o a ser señalado como absentista.
El despido por absentismo: la línea roja que la patronal quiere cruzar
El planteamiento más polémico es la propuesta de recuperar algún tipo de mecanismo legal que permita extinguir contratos por ausencias reiteradas, incluso cuando están justificadas con baja médica. Esta figura existió en el Estatuto de los Trabajadores y fue eliminada en la reforma laboral de 2021, pero algunos líderes empresariales piden su retorno vinculado a porcentajes elevados de ausencia sobre la jornada anual.
Para los sindicatos, esto es una línea roja innegociable. Argumentan que reabriría un modelo de despido cuestionado sistemáticamente por los tribunales y que podría entrar en colisión directa con la normativa europea sobre protección frente a la discriminación por enfermedad. Despedir a alguien por estar enfermo, aunque la enfermedad sea intermitente y esté debidamente justificada, es un terreno jurídicamente explosivo en el marco del derecho laboral europeo.
El absentismo injustificado: el problema que nadie quiere abordar directamente
Dentro de la discusión sobre el absentismo hay una distinción que el debate público tiende a difuminar pero que es crucial para entender el problema correctamente.
El absentismo por enfermedad real, bajas médicas justificadas por patologías verificadas, es legítimo y cualquier sistema de protección social tiene la obligación de cubrirlo. El absentismo injustificado, ausencias sin parte médico ni otra justificación válida, es otro fenómeno distinto que representa en España aproximadamente el 22,8% de todas las ausencias registradas, es decir, casi una de cada cuatro sillas vacías no tiene ningún respaldo documental.
Abordar el segundo sin criminalizar el primero es el desafío que la negociación no está consiguiendo separar con la claridad necesaria. Cuando la patronal habla de «pandemia de absentismo» agrupa ambas realidades en una misma cifra, lo que le permite construir un argumento más contundente pero menos matizado. Cuando los sindicatos defienden el derecho a la baja laboral, a veces difuminan el problema real del absentismo sin justificación.
Lo que explica realmente el aumento
Los economistas que estudian el mercado laboral español apuntan a causas estructurales que el debate empresarial tiende a ignorar.
Una parte significativa del absentismo creciente está relacionada con el deterioro de la salud mental en el trabajo: el agotamiento profesional, la ansiedad y la depresión son las patologías que más han crecido como causa de baja laboral en la última década, especialmente en servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esa tendencia no se resuelve con incentivos económicos ni con mecanismos de control: requiere mejoras reales en las condiciones de trabajo.
Otra parte responde a condiciones laborales precarias y salarios bajos en sectores con alta rotación. Cuando un trabajador cobra poco, trabaja en condiciones difíciles y tiene poca identificación con su empresa, la propensión a ausentarse es mayor. La solución no está en reducir la prestación por baja sino en mejorar las condiciones que generan ese desapego.
Y hay también un problema de atención primaria: las listas de espera en la sanidad pública hacen que muchos procesos que podrían resolverse en días se alarguen semanas, prolongando las bajas más allá de lo que la patología en sí requeriría.
La pregunta que la negociación no puede evitar
La discusión sobre quién paga el absentismo, si las empresas, la Seguridad Social o el propio trabajador mediante la pérdida de ingresos, es en el fondo una discusión sobre cómo se distribuye el riesgo de enfermar en una sociedad.
España tiene un sistema de protección social que garantiza que enfermar no arruina económicamente al trabajador. Eso es un logro que la mayoría de la ciudadanía valora. El problema es que ese logro tiene un coste que alguien tiene que asumir, y cuando ese coste crece hasta los 33.000 millones anuales y sigue aumentando, la pregunta sobre cómo distribuirlo y cómo controlarlo deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una negociación política de primer orden.
El 7% de los trabajadores que no está en su puesto cada día es un dato que exige respuestas. La dificultad está en encontrar las respuestas correctas sin confundir el derecho a enfermar con la impunidad de no trabajar.