La escena se repite en el sumario con una regularidad que ya no puede calificarse de coincidencia: Leire Díez, militante socialista sin cargo oficial, se presenta en la sede del PSOE en la calle Ferraz con carpetas bajo el brazo. D
entro la espera Santos Cerdán, secretario de Organización del partido.
Lo que entregan esas carpetas no son actas de asamblea ni documentos de campaña. Son informes de operaciones destinadas a presionar jueces, desprestigiar guardias civiles e intimidar periodistas que investigaban al entorno del Gobierno.
Esto ya no son rumores ni especulaciones de la oposición.
Está en el auto del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. Está en los informes de la UCO. Está en las agendas incautadas. Y tiene un precio documentado: más de 333.000 euros sufragados con recursos del PSOE.
Ferraz como centro neurálgico de la trama
El juez Pedraz no describe a Ferraz como un lugar ajeno a la operación sino como su «centro neurálgico». La documentación judicial recoge que Díez se presentaba personalmente en la sede socialista para entregar los informes resultantes de sus operaciones. Si Cerdán no estaba disponible, los depositaba en manos de su secretaria, Covadonga San Pedro Pascual. La UCO ha encontrado documentación atribuida a Díez en Ferraz que estaba bajo control de Cerdán, lo que los agentes interpretan como una forma de rendición de cuentas ante la cúpula.
El auto va más allá: Cerdán habría puesto «la propia estructura del partido» al servicio de la presunta organización criminal. No solo los despachos y las instalaciones. También el personal y la financiación, canalizada a través de facturas que los investigadores califican de falsas y gestionadas por la gerente Ana María Fuentes Pacheco. El PSOE no sería simplemente un beneficiario de la trama. Sería su soporte físico, logístico y financiero.
22 reuniones documentadas y una del 26 de abril que lo cambia todo
El auto de Pedraz no se limita a describir una relación vaga entre Cerdán y Díez: documenta más de 22 reuniones entre ambos dentro de las instalaciones de Ferraz, encuentros en los que se coordinaban acciones sobre el terreno, se recibían los informes de la fontanera y se definían objetivos y destinatarios de las operaciones.
La reunión del 26 de abril de 2024 aparece en el sumario como el momento de inflexión. A partir de entonces se organizan viajes desde la sede socialista, se establecen contactos con empresarios implicados en causas abiertas y se rastrea a jueces y fiscales con el objetivo de recolectar información capaz de modificar el rumbo de procedimientos judiciales en curso.
Todo esto tiene un coste documentado que supera los 333.000 euros, con pagos disfrazados y viajes cubiertos para que Díez pudiera operar como fontanera del partido durante meses. Desde Ferraz intentan ahora limitar su responsabilidad alegando que eran decisiones personales de Cerdán y que no había relación contractual formal entre el partido y Díez. El problema es que los documentos aparecieron en el despacho de Cerdán, no en una cuenta bancaria personal.
Mercedes González y la cúpula de la Guardia Civil
La trama no se detiene dentro del PSOE. La investigación apunta también hacia la cúpula del cuerpo que paradójicamente está investigando la propia trama. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha emergido como un frente político de primer orden.
La UCO ha documentado que Leire Díez mantuvo varios encuentros con González con un objetivo preciso: promover actuaciones administrativas contra los agentes que investigaban causas delicadas para el Gobierno y el PSOE. González ha terminado reconociendo esas reuniones, contradiciendo directamente las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien las había negado de forma rotunda.
La secuencia que describe el sumario es especialmente perturbadora. Díez presumía en mensajes interceptados de su relación cercana con González. Al enterarse de una campaña para desacreditar a la UCO, se activaban borrados automáticos de mensajes. Se ordenó archivar un expediente sin realizar diligencias previas, lo que provocó la advertencia de un magistrado del Supremo sobre posibles consecuencias penales.
Algunos análisis jurídicos apuntan a que la directora de la Guardia Civil podría ser considerada cooperadora necesaria en la trama, al haber utilizado su posición para intentar frenar actuaciones de la UCO relacionadas con el entorno presidencial. Es una acusación de una gravedad institucional sin precedentes en la democracia española.
Lo que todo esto significa
Hay tres pilares que el caso Leire somete a una presión sin precedente.
El PSOE tiene que explicar cómo su sede central, la dirección de la calle Ferraz, se convirtió en el lugar donde se recibían informes de operaciones contra jueces y guardias civiles sufragadas con dinero del partido. La explicación de «fueron decisiones personales de Cerdán» choca con el hecho de que los documentos no estaban en casa de Cerdán sino en su despacho de Ferraz.
El Ministerio del Interior tiene que explicar por qué su ministro negó reuniones que su propia directora ha tenido que reconocer. Y tiene que explicar qué papel jugó la cúpula de la Guardia Civil en una operación dirigida contra los propios guardias civiles que investigaban al Gobierno.
Y la Audiencia Nacional y la UCO tienen que seguir un rastro de reuniones clandestinas, chats borrados, facturas creativas y dinero del partido que llevará, si el sumario avanza como apunta, hacia preguntas cada vez más directas sobre quién, por encima de Cerdán, sabía lo que estaba ocurriendo.
Las agendas de Leire tienen las iniciales «PS» anotadas junto a fechas de reuniones. La UCO ha concluido que el presidente era la única persona que podía dar instrucciones a Cerdán dentro del partido.
El rastro de los informes que viajaban desde las manos de Leire Díez hasta el despacho de Santos Cerdán en Ferraz apunta, con la coherencia que los documentos del sumario construyen página a página, siempre en la misma dirección.