El día estaba marcado en rojo en el calendario político español. El Tribunal Supremo se prepara para cerrar el llamado caso mascarillas con una sentencia que, paradójicamente, será más benigna en lo penal de lo que la Fiscalía Anticorrupción pedía y más demoledora en lo político de lo que el PSOE querría admitir.

El juicio que ha sentado en el banquillo a José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama ha sido durante meses el escaparate más detallado de cómo funcionó la compra de material sanitario de emergencia durante los peores momentos de la pandemia, cuando España adquiría mascarillas casi al peso y a precios que ahora parecen de ciencia ficción.

Una sentencia diseñada para no dejar grietas

Según las informaciones que han trascendido de fuentes próximas al tribunal, la Sala Segunda del Supremo se prepara para un fallo unánime, sin ningún magistrado disidente. Esa unanimidad no es casualidad ni un detalle menor: es una decisión estratégica del propio tribunal para blindar la resolución frente a cualquier recurso futuro ante el Tribunal Constitucional y para que ningún sector político pueda construir un relato de «justicia politizada» sobre una sentencia con votos discrepantes.

Un tribunal que falla como bloque, sin fisuras internas, es mucho más difícil de cuestionar. Y eso, en un caso con esta carga política, era prácticamente una condición previa para que la sentencia tuviera credibilidad pública.

Las penas: muy por debajo de lo pedido, pero condena al fin

Lo más llamativo del fallo previsto es la distancia entre lo que pedía la acusación y lo que finalmente impondría el Supremo.

Para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y otrora número tres del PSOE, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba 24 años de prisión. El tribunal se movería en una horquilla de entre 10 y 14 años, con un cumplimiento efectivo estimado de entre 6 y 9 años considerando los beneficios penitenciarios habituales.

Para Koldo García, el hombre que durante años fue la sombra de Ábalos en el ministerio y cuyo nombre se ha convertido en sinónimo del caso, la Fiscalía pedía 19 años y medio. La pena prevista rondaría entre 8 y 11 años, con un cumplimiento real de unos 5 o 6.

Y para Víctor de Aldama, el comisionista que ha sido la pieza clave para destapar buena parte de la trama, la petición era de 7 años. La condena podría quedarse en apenas 2, gracias a su confesión y colaboración con la justicia.

La diferencia entre las peticiones y las penas previstas es enorme. Pero que las penas sean menores no significa que el tribunal dude de la existencia de la trama: significa que ha acotado la calificación jurídica de los delitos y su gravedad, no que haya cuestionado los hechos.

El camino hasta el banquillo

El origen de todo está en los contratos de emergencia para la compra de mascarillas y material sanitario adjudicados por el Ministerio de Transportes en la primavera de 2020, cuando la escasez mundial de equipos de protección convirtió cualquier proveedor con mercancía disponible en un interlocutor con poder de negociación extraordinario. En ese caos, una red de intermediarios encontró un terreno fértil para las comisiones, y Aldama fue uno de los comisionistas que más se movió en ese ecosistema.

La UCO y la Fiscalía Anticorrupción construyeron el caso sobre presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso indebido de información privilegiada, falsedad documental y prevaricación.

El Supremo ha rechazado sistemáticamente todas las maniobras procesales de las defensas para frenar el juicio: desestimó las nulidades planteadas por los abogados de Ábalos y Koldo, confirmó su propia competencia para juzgar el caso y se negó a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El mensaje del tribunal ha sido consistente desde el principio: hay base suficiente para entrar en el fondo, y eso es lo que ha hecho.

El audio que lo cambió todo

Uno de los elementos más comentados del proceso ha sido el audio entregado por Aldama, en el que supuestamente se le escucha acordando una comisión millonaria vinculada a estos contratos. Esa grabación, sumada a su colaboración activa con la investigación, explica en gran medida por qué su pena prevista es tan baja en comparación con la de los otros dos acusados.

Es el clásico mecanismo de las grandes tramas de corrupción: el primero que decide colaborar obtiene el trato más favorable, y su testimonio se convierte en la columna vertebral de la acusación contra los demás. Aldama ha sido, en ese sentido, la pieza que ha permitido tirar del hilo de toda la madeja.

El golpe político que Sánchez no puede esquivar

La sentencia llega en uno de los peores momentos posibles para Pedro Sánchez. El PSOE todavía está digiriendo el impacto reputacional del caso, la oposición liderada por Feijóo ha llegado a pedir hasta 30 años de prisión para Ábalos y Koldo como acusación popular, una cifra muy superior incluso a la de la Fiscalía, y el Congreso funciona con una mayoría tan fragmentada que cada votación es un ejercicio de equilibrismo.

El elemento clave para La Moncloa es la unanimidad del fallo. Una sentencia condenatoria y unánime deja al Gobierno sin el argumento que más ha repetido durante los últimos meses ante cada revés judicial: el de la «justicia politizada» o el «lawfare». Cuando un tribunal falla como un solo bloque, sin un voto discrepante al que aferrarse, esa narrativa pierde casi toda su fuerza.

Y el caso mascarillas no llega aislado. Se suma a un ecosistema ya saturado de escándalos: los pactos con los independentistas, la Ley de Amnistía, y el runrún constante de casos menores que erosionan, gota a gota, la credibilidad del Gobierno. El resultado probable no será un terremoto institucional inmediato, sino algo más lento y más corrosivo: una erosión continuada que se acumula con cada nuevo titular.

Lo que viene para el PSOE

Dentro del partido, Ábalos lleva tiempo siendo un nombre incómodo, distanciado del núcleo duro del sanchismo desde su salida del ministerio. La sentencia puede convertirlo definitivamente en el símbolo que nadie en Ferraz quiere mencionar: la corrupción asociada a la gestión de la pandemia, uno de los momentos más graves de la historia reciente del país.

Es previsible un cierre formal de cualquier mensaje de apoyo público, un distanciamiento real en las estructuras territoriales del partido y una batalla soterrada por el relato: ¿fue esto un caso aislado de dos personas que se desviaron, o es la punta de un iceberg más amplio asociado al estilo de hacer política del sanchismo?

La oposición, mientras tanto, tiene munición para meses. Aunque las penas sean inferiores a lo pedido, una condena de entre 10 y 14 años para un exministro socialista es un titular que se traduce solo. Y los 2 años de Aldama alimentarán durante mucho tiempo el discurso de que, en España, quien colabora con la justicia sale prácticamente indemne mientras los que callan cargan con el peso completo.

Los detalles que no se olvidan

Hay elementos de este caso que han trascendido más allá de lo estrictamente judicial y que se han incorporado al imaginario colectivo sobre la trama. El dinero en efectivo hallado en el domicilio de Koldo García, que él mismo justificó como una especie de «tradición familiar» de guardar metálico en casa, se ha convertido en una de esas anécdotas que resumen mejor que cualquier informe técnico el tono general del caso.

El Supremo, además, ha optado deliberadamente por una sentencia rápida, evitando deliberaciones prolongadas que mantuvieran el caso como noticia constante durante meses adicionales. Es una forma de gestión judicial que busca, en la medida de lo posible, cerrar el capítulo cuanto antes.

Lo cierto es que, jurídicamente, esta sentencia puede ser firme y definitiva. Pero políticamente, el juicio de fondo, el de la opinión pública y el de las urnas, apenas acaba de empezar.