La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento contra España por el sistema de recopilación masiva de datos de viajeros impulsado por el Ministerio del Interior. Bruselas considera que existen dudas sobre la compatibilidad de la normativa española con las reglas europeas de protección de datos y privacidad.
La polémica gira en torno al registro obligatorio de información personal que deben recopilar hoteles, apartamentos turísticos, agencias de viaje, empresas de alquiler de vehículos y otros operadores del sector. El sistema obliga a transmitir una gran cantidad de datos de millones de ciudadanos a las autoridades españolas. Para el Gobierno, la medida busca reforzar la seguridad y mejorar la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y otras amenazas.
Sin embargo, la Comisión Europea cuestiona si la cantidad de información exigida es proporcional a los objetivos perseguidos y si respeta adecuadamente los derechos fundamentales reconocidos por la legislación comunitaria.
El debate trasciende el caso español. En toda Europa existe una creciente discusión sobre hasta dónde pueden llegar los Estados en la recopilación de datos personales en nombre de la seguridad. La cuestión enfrenta dos principios fundamentales: la protección de los ciudadanos frente a las amenazas y la protección de sus libertades individuales.
Ahora será Bruselas quien determine si la normativa española se ajusta plenamente al derecho europeo o si deberá ser modificada. Lo que está en juego no es únicamente una cuestión administrativa, sino el equilibrio entre seguridad, privacidad y libertades públicas en una sociedad democrática.
Cuando la Comisión Europea abre un procedimiento de este tipo, el debate deja de ser nacional y pasa a convertirse en una cuestión de alcance europeo.
