La Ley de Memoria Democrática tiene un apartado que sus promotores prefieren no subrayar demasiado en los titulares pero que en la práctica es su efecto más concreto y más masivo: la concesión de nacionalidad española a descendientes de emigrantes que salieron hacia América «por cualquier motivo desde el siglo XIX».

No huyendo de Franco. No escapando de la represión. Por cualquier motivo. Económico, laboral, familiar, oportunista o simplemente porque en Galicia, Asturias o Canarias no había trabajo y el barco salía esa semana.

La fórmula es tan amplia que convierte una ley presentada como reparación histórica en algo que sus críticos describen con bastante precisión: una autopista burocrática para nacionalizaciones masivas con potencial impacto electoral difícil de cuantificar pero imposible de ignorar.

Lo cuenta con detalle Isabel Durán en El Debate.

La emigración real a América: los números que el discurso oficial ignora

Para entender la magnitud de lo que la ley activa, hay que entender primero cuántos españoles cruzaron el Atlántico y por qué razones.

La emigración española a América Latina fue uno de los mayores movimientos migratorios de la historia europea contemporánea. Entre 1880 y 1930, durante el período de máxima emigración económica, aproximadamente 3,5 millones de españoles cruzaron el Atlántico en busca de trabajo y oportunidades. Argentina recibió más de 2 millones, Cuba en torno a 1,2 millones en distintas oleadas, Brasil más de 700.000, Uruguay unos 200.000 y México y Venezuela cantidades significativas aunque menores.

La gran mayoría de esos emigrantes eran gallegos, asturianos, vascos y canarios que salían de la miseria rural de sus regiones de origen. No tenían nada que ver con ninguna represión política: salían porque en sus aldeas no había futuro y en Buenos Aires, La Habana o Montevideo había trabajo en la construcción, el comercio o la hostelería. Los archivos de emigración de Galicia documentan que entre 1900 y 1930 salieron hacia América más de un millón de gallegos, la mayoría analfabetos o con instrucción mínima, sin vinculación política alguna con ningún bando que en esa época ni siquiera existía.

El exilio político que la Guerra Civil de 1936-1939 generó fue un fenómeno cualitativamente distinto y cuantitativamente menor. Se calcula que entre 1936 y 1945 salieron de España entre 400.000 y 500.000 personas a consecuencia directa de la guerra y la represión franquista. De ellas, aproximadamente 150.000-170.000 fueron a Francia y otras naciones europeas, y unas 50.000 a México, que fue el principal destino americano del exilio republicano gracias a la política de acogida del presidente Lázaro Cárdenas. Argentina, Venezuela, Cuba y Chile recibieron contingentes menores.

Es decir: de los millones de personas con apellidos españoles en América Latina, la inmensa mayoría son descendientes de emigrantes económicos del siglo XIX y principios del XX, no de exiliados republicanos. La Ley de Memoria Democrática, al incluir a quienes emigraron «por cualquier motivo», nacionaliza potencialmente a ambos grupos sin distinción.

El mecanismo que el Gobierno no explica

César Mogo, senador del PSOE y responsable en el exterior, afirma que la «vocación reparadora» de la ley justifica esa amplitud. Es una explicación que tiene coherencia interna siempre que se acepte la premisa de que cualquier emigrante español del siglo XIX merece reparación, independientemente de que su salida tuviera que ver con la política o con el precio del pan.

El proceso para acceder a la nacionalidad mediante esta vía requiere demostrar el vínculo familiar, presentar la documentación correspondiente y abonar las tasas administrativas. El coste total del procedimiento, incluyendo tasas, gestores, traducciones y apostillas, ronda los 7.600 euros por expediente. Con millones de potenciales beneficiarios en Argentina, México, Venezuela, Uruguay, Brasil y Cuba, el negocio administrativo generado es colosal. El presupuesto destinado por el Gobierno a la gestión de estos expedientes es de 8 millones de euros, una cifra que los críticos consideran un anticipo modesto de lo que vendrá.

La sombra del pucherazo

La expresión «pucherazo electoral» ha vuelto al debate político español de la mano de esta ley. No porque haya evidencia probada de fraude, sino por una aritmética que los partidos de la oposición consideran preocupante: si cientos de miles de nuevos ciudadanos con raíces españolas en América Latina, muchos de ellos en países con gobiernos afines al PSOE como México, Argentina en determinados períodos o Venezuela, obtienen la nacionalidad española y con ella el derecho a voto en las elecciones generales, su impacto en unas elecciones reñidas podría ser significativo.

El PSOE rechaza esa lectura y la califica de xenófoba y conspiranoica. Pero la coincidencia entre la amplitud inusual de los criterios de acceso y el momento político en que la ley se aprueba, con el Gobierno en horas bajas en las encuestas y necesitado de ampliar su base electoral, es lo suficientemente llamativa como para que la sospecha no desaparezca con un descalificativo.

La paradoja que la ley no resuelve

Una norma concebida para honrar la memoria de quienes huyeron de la represión franquista termina siendo objeto de debate por su rendimiento administrativo y electoral. La paradoja tiene una causa concreta: la redacción eligió la amplitud sobre la precisión.

Habría sido perfectamente posible limitar el acceso a la nacionalidad a los descendientes demostrados del exilio republicano, con criterios documentales claros. No se hizo. Se eligió una fórmula que incluye a cualquiera que pueda demostrar ascendencia española en América desde el siglo XIX, lo que en la práctica significa incluir a los descendientes de los millones de gallegos, asturianos y canarios que emigraron por hambre hace cien años sin ninguna relación con ninguna guerra ni ninguna represión.

Miles de familias en Buenos Aires, Montevideo o Ciudad de México conservan carpetas con partidas de nacimiento, certificados de bautismo y documentos de emigración como si fueran reliquias. No por nostalgia épica. Porque en España, una carpeta amarilla con el nombre de un bisabuelo puede valer hoy un pasaporte europeo.

Eso es la Ley de Memoria Democrática en su aplicación más concreta. Lo demás es discurso.