Hay anuncios que se desgastan con la repetición hasta perder cualquier significado.
El del Gobierno Sánchez sobre los presupuestos generales ha llegado a ese punto de no retorno en que nadie, ni sus propios socios parlamentarios, los toma en serio como proyecto real de gobernanza.
Este miércoles, Pedro Sánchez anunció en Barcelona que esta semana comenzará la tramitación de los Presupuestos de 2027, que la orden se publicará en el BOE en los próximos días y que durante junio se actualizará el cuadro macroeconómico en coordinación con las fuerzas parlamentarias.
Las mismas palabras, el mismo procedimiento, el mismo calendario aproximado que se ha repetido tres veces en los últimos cuatro años. Y el mismo resultado previsible: presupuestos que se anuncian, se tramitan, se negocian y no llegan nunca a votarse.
Cuatro años, cuatro promesas, cero presupuestos aprobados
El historial es tan consistente que merece repasarse con precisión.
- 2023: el Gobierno inicia la tramitación de los presupuestos para ese año con el mismo ritual del BOE, el cuadro macroeconómico y los contactos con los socios. Junts, ERC y el PNV bloquean la operación con exigencias que el Ejecutivo no puede o no quiere satisfacer. Los presupuestos de 2022, aprobados con los votos de ERC en uno de los pocos éxitos parlamentarios del Gobierno, se prorrogan por primera vez.
- 2024: nuevo anuncio, nueva tramitación, nueva ronda de negociaciones. El Gobierno habla de presupuestos sociales, de vivienda, de refuerzo del Estado del bienestar. El bloque de socios vuelve a imponer condiciones incompatibles entre sí. Junts exige más transferencias para Cataluña. ERC exige otras cosas distintas. El PNV negocia por su cuenta. Las cuentas de 2022 se prorrogan por segunda vez.
- 2025: tercera tramitación. Tercera ronda de escenografía presupuestaria. El BOE publica la orden de elaboración. Los ministerios preparan sus propuestas. Los portavoces del Gobierno hablan de voluntad negociadora. Los socios piden más de lo que el Gobierno puede dar sin romper con los otros socios. Las cuentas de 2022 se prorrogan por tercera vez.
- 2026: cuarta tramitación. La noticia que Sánchez anuncia esta semana en Barcelona como si fuera un logro de gestión es la apertura de un procedimiento que ya se ha abierto tres veces sin producir ningún resultado. España lleva cuatro años gobernando con los presupuestos del primer año de la legislatura anterior, aprobados gracias a ERC en una mayoría parlamentaria que ya no existe.
La aritmética que no cambia
El problema no es la voluntad declarada del Gobierno ni el contenido de las cuentas, cuyos detalles son en este momento un ejercicio de futurología puesto que ni siquiera han empezado a elaborarse. El problema es la misma aritmética que ha bloqueado las tres tentativas anteriores y que no ha cambiado en ningún sentido favorable para el Ejecutivo.
Junts sigue siendo imprescindible para cualquier mayoría y sigue exigiendo contrapartidas en materia de financiación catalana que el Gobierno no puede conceder sin provocar la ruptura con el PNV o con Bildu. ERC atraviesa su propia crisis interna que la hace impredecible como socio. El PNV negocia siempre en clave de concierto económico vasco y sus exigencias son incompatibles con las de los independentistas catalanes en lo que respecta al equilibrio territorial del modelo de financiación.
Sin una solución a ese triángulo imposible, los presupuestos no pueden aprobarse. Y no hay ninguna señal pública de que ese triángulo se haya resuelto ni de que esté próximo a resolverse.
El uso político del anuncio
Lo que los analistas señalan con cada vez mayor consenso es que la tramitación presupuestaria tiene para el Gobierno una utilidad política independiente de si las cuentas llegan o no a aprobarse. Anunciar presupuestos proyecta imagen de gobernanza activa en un momento de desgaste acelerado por los escándalos judiciales. Permite al Ejecutivo ocupar el espacio mediático con una agenda de gestión cuando el debate público está dominado por la imputación de Zapatero, el auto de Pedraz y el juicio de Ábalos. Y si finalmente fracasan, ofrece la narrativa de la culpabilidad externa: el Gobierno lo intentó y los socios o la oposición lo impidieron.
Es una estrategia coherente desde el punto de vista de la comunicación política. Es también, desde el punto de vista de la gobernanza real, un reconocimiento implícito de que el Gobierno no tiene capacidad de aprobar sus propias cuentas.
España es en 2026 el único país grande de la Unión Europea que lleva cuatro años sin presupuestos propios aprobados. La prórroga indefinida de las cuentas de 2022 significa que el gasto público no puede adaptarse a las necesidades reales de 2026: ni para la vivienda que el Gobierno promete en el anuncio, ni para el Estado del bienestar que invoca, ni para la reducción del déficit que menciona.
El cuadro macroeconómico se actualizará en junio. Los ministerios prepararán sus propuestas. Los portavoces hablarán de negociaciones avanzadas con los socios. Y en algún momento del otoño, cuando la aritmética parlamentaria vuelva a imponerse sobre los deseos del Ejecutivo, los presupuestos de 2022 se prorrogarán por cuarta vez.
Salvo que algo cambie sustancialmente en una mayoría parlamentaria que lleva cuatro años siendo insuficiente para lo más básico que se le pide a un gobierno: aprobar sus propias cuentas.