Hay una nota manuscrita en el sumario del caso Cloacas que resume con una precisión involuntariamente literaria lo que la investigación judicial lleva meses intentando demostrar.
Leire Díez, la llamada «fontanera» de la operación, identificó a Pedro Sánchez como la «X de las cloacas del PSOE» y anotó cómo entre los implicados se le conocía como «el one»: el líder indiscutible de la trama, el que sabía, el que supervisaba, el que aprobaba.
No es una acusación de la oposición. Es lo que figura en un auto judicial.
Lo que el sumario describe
El juez encargado de investigar las cloacas del PSOE habla de una «tupida trama criminal» relacionada con el partido y con el propio Gobierno cuyo objetivo, según los autos, no era solo derribar adversarios políticos sino hostigar a jueces, fiscales y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para detener investigaciones incómodas para el entorno presidencial.
En el esquema que describe el sumario, la jerarquía es clara: Ferraz planifica, Moncloa aprueba y la cloaca ejecuta. Santos Cerdán coordina desde arriba. Leire Díez gestiona las operaciones más delicadas. Y en la cúspide de esa estructura aparece repetidamente la misma figura.
Uno de los fragmentos más reveladores del auto muestra a Leire Díez vanagloriándose de que Sánchez estaba al tanto y supervisaba las operaciones: «El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo». En los mensajes interceptados y en las reuniones descritas en el sumario, esa jerarquía informal se repite hasta convertirse en patrón.
El mismo sumario recoge una reunión fundacional celebrada en Ferraz con la presencia de Antonio Hernando, uno de los hombres más cercanos al presidente, donde se articuló la estrategia para gestionar los casos de corrupción. Y una frase que sintetiza la lógica de toda la operación: «Solo cuando ocurre lo de Begoña nos reciben», evidencia de hasta qué punto la protección del entorno personal del presidente se había convertido en prioridad política de primer orden.
Los móviles que se cambiaban y el registro de Ferraz
Mientras la UCO entraba en las instalaciones del partido para desentrañar la red, La Moncloa reveló un detalle que en otro contexto podría parecer una medida de seguridad rutinaria pero que en este encuadre resulta difícil de leer con neutralidad: Pedro Sánchez cambiaba «periódicamente» su teléfono móvil oficial.
Nadie ha demostrado hasta ahora un delito relacionado con esos cambios de dispositivo. Pero la imagen resultante es políticamente devastadora: el jefe del Ejecutivo renovando móviles con una frecuencia inusual en el mismo período en que sus colaboradores más cercanos organizaban una red financiada con dinero negro para torpedear a los investigadores que rastreaban a su familia y a su partido.
La condición de aforado de Sánchez significa que cualquier investigación judicial sobre su persona tendría que pasar por el Tribunal Supremo. La presión para que sea llamado a declarar crece con cada nuevo auto.
La cúpula del Interior en el sumario
La estrategia defensiva del entorno socialista había consistido hasta ahora en limitar el escándalo a unos pocos nombres: Cerdán, Leire Díez y algunos operativos menores. El auto judicial ha desmantelado esa táctica desplazando el foco hacia la cúpula de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior.
El sumario vincula a Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil, y a Mercedes González, quien dirigió la institución hasta hace poco, con episodios relacionados con la obstrucción a las labores de la propia UCO, la unidad destinada precisamente a investigar irregularidades. Ambos fueron nombrados por el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Si se confirma que altos mandos de la Guardia Civil estuvieron involucrados en frenar investigaciones sensibles, el escándalo trasciende al PSOE para cuestionar el uso partidista del aparato del Estado en su nivel más grave. El auto insinúa que algunas de esas decisiones pudieron tomarse «por orden del ‘one’».
La galaxia de causas y el patrón que se repite
El caso Cloacas no surge aislado. Se presenta en el contexto de al menos nueve causas judiciales relacionadas con personas del círculo presidencial: exministros, asesores, amigos íntimos y empresas vinculadas al entorno familiar. En todas ellas se repiten los mismos patrones: tráfico de influencias, contratos públicos adjudicados sin concurrencia real, presuntas empresas pantalla como intermediarias y relatos de presiones sobre funcionarios y órganos administrativos.
Lo que distingue al caso Cloacas de los demás es su capacidad de conectar todos esos hilos en una estructura única: no episodios aislados de corrupción individual sino una organización diseñada específicamente para proteger al núcleo duro del poder, neutralizando a quienes intentaban investigarlo.
Santos Cerdán ya no basta como cortafuegos. Leire Díez ya no es suficiente como chivo expiatorio. El auto judicial ha escalado la investigación hasta el punto en que la pregunta sobre quién ordenó qué no puede responderse sin pronunciar el nombre que aparece escrito a mano en esa nota del sumario.
«El one.»
El mismo que hizo bandera de la regeneración democrática. El mismo que habló de limpieza institucional. El mismo que se encerró cinco días en La Moncloa para reflexionar sobre si merecía la pena seguir.
Todas las huellas del delito que el sumario describe conducen, según la investigación judicial, al mismo despacho.
