La forma de comprar una botella de agua, un refresco o una lata puede estar a punto de cambiar por completo en España. El Gobierno estudia implantar un sistema de depósito y retorno de envases que obligaría a los consumidores a pagar un importe adicional por cada botella o lata adquirida. Ese dinero no sería un impuesto en sentido estricto, pero sí un recargo que solo se recuperaría devolviendo posteriormente el envase vacío en los puntos autorizados.
El objetivo oficial es aumentar las tasas de reciclaje y cumplir los compromisos medioambientales exigidos por la Unión Europea. Según los defensores del sistema, países que ya lo aplican han conseguido elevar significativamente la recuperación de envases y reducir los residuos abandonados en calles, parques y espacios naturales.
Sin embargo, la medida también abre un importante debate. Para millones de consumidores supondrá adelantar dinero cada vez que compren una bebida y depender después de máquinas o puntos de recogida para recuperarlo. Además, bares, restaurantes, comercios y supermercados tendrán que adaptar sus instalaciones y procedimientos para gestionar el nuevo sistema.
Los críticos sostienen que, aunque el dinero pueda recuperarse, el efecto inmediato es que cada compra resulta más cara y más compleja. También advierten de que muchas personas terminarán perdiendo parte de esos depósitos por no devolver los envases o por las dificultades prácticas del sistema. La cuestión de fondo es sencilla.
El Gobierno defiende que se trata de una herramienta medioambiental para mejorar el reciclaje. Sus detractores consideran que supone trasladar nuevos costes y obligaciones al consumidor.
Cuando cada botella y cada lata empiezan a llevar un recargo adicional, ¿estamos ante una medida ecológica necesaria o ante otro coste más que acaba soportando el ciudadano?
