El proyecto destinado a proporcionar a la Guardia Civil un buque de altura lleva meses sin avanzar. Este contrato, concebido para reforzar la lucha contra el narcotráfico y realizar otras misiones marítimas, se valora en nueve millones de euros. Sin embargo, según ha publicado El Debate, no ha prosperado a pesar de haber pasado por las manos de tres generales vinculados al ministerio de Fernando Grande-Marlaska.
Lo que está en juego no es una embarcación cualquiera ni un capricho logístico.
Este navío debía servir también para combatir la inmigración ilegal, llevar a cabo vigilancia costera, realizar despliegues prolongados en el mar y cubrir otras funciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Además, otras informaciones sobre la misma licitación indican que Interior había lanzado un concurso para adquirir un buque de hasta 42 metros de eslora, capaz de operar durante varios días sin necesidad de apoyo y con previsión de entrada en servicio en 2027.
Un refuerzo que llega con retraso
La tardanza resulta llamativa, ya que el refuerzo marítimo responde a una necesidad operativa reconocida desde hace tiempo. El pliego mencionado en informaciones anteriores sobre la licitación describe a la sección naval del instituto armado como preparada para llevar a cabo misiones de lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico, así como vigilancia y transporte logístico. Que un contrato así siga estancado sugiere, al menos, una falta de agilidad administrativa en un ámbito donde cada minuto cuenta más que en otros trámites.
El problema va más allá del ámbito técnico; también tiene connotaciones políticas. La presión del narcotráfico en el sur de España ha aumentado las exigencias sobre las fuerzas de seguridad, convirtiendo cada mejora en medios en una cuestión crucial para su capacidad operativa. Si el buque estaba diseñado para operar con independencia, mayor velocidad y equipos avanzados para detección, su ausencia deja una brecha importante en una flota que necesita más presencia y continuidad en alta mar.
Lo que se contemplaba en la licitación
De acuerdo con la información disponible, la compra preveía un buque multipropósito con las siguientes características:
- Presupuesto: 9 millones de euros antes de IVA.
- Uso principal: narcotráfico, inmigración ilegal y vigilancia costera.
- Capacidad operativa: navegación continua durante varios días sin asistencia.
- Entrada en servicio prevista: 2027.
- Diseño: embarcación de altura con sistemas estabilizadores y medios avanzados para detección.
Este planteamiento indica que Interior no buscaba solo un barco simbólico, sino una herramienta eficaz para zonas donde la presión criminal demanda recursos fiables y permanentes. La paradoja reside en que, a pesar de esta necesidad apremiante, el expediente aún no ha logrado traducirse en una adjudicación efectiva.
La imagen que deja el estancamiento
La situación plantea inquietudes sobre la capacidad de gestión dentro del Ministerio del Interior. Si un contrato relativamente sencillo, con un propósito operativo claro y un importe definido, no avanza como debería, el mensaje hacia dentro de la Guardia Civil resulta desalentador. En un contexto donde el narcotráfico se vuelve cada vez más sofisticado, los retrasos administrativos pueden traducirse en menos presencia marítima y mayor margen para las redes criminales.
La conclusión es clara: el servicio marítimo del instituto armado requiere mayor potencia operativa, pero este refuerzo sigue atrapado entre trámites burocráticos, cambios de mando y falta de decisión. Mientras tanto, sin el buque adecuado, esa brecha operativa continuará abierta. Fuente: El Debate, “Tres generales de Marlaska son incapaces de comprar un buque a la Guardia Civil para la lucha contra el narco”