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La Agencia Tributaria ha pactado un sistema de bonus que puede alcanzar hasta 125 millones de euros para parte de su plantilla si se cumplen determinados objetivos de recaudación en 2025.
Aquí aparece un debate enorme que afecta directamente a millones de contribuyentes.
El sistema funciona estableciendo metas concretas de ingresos por IRPF, IVA y lucha contra el fraude.
Si Hacienda supera ciertos niveles de recaudación, se activan pagos adicionales para los funcionarios adheridos a estos incentivos. El objetivo es muy claro: ingresar todavía más dinero para el Estado.
Pero la polémica aparece inmediatamente. Muchas asociaciones fiscales y expertos denuncian que este modelo puede generar un incentivo permanente para aumentar la presión recaudatoria. Es decir, cuanto más dinero consigue ingresar Hacienda, mayores pueden ser los bonus.
Y hay otro detalle importante. El acuerdo fija objetivos muy concretos para 2025: que la recaudación del IRPF crezca por encima de los salarios y que el IVA avance más que el propio consumo previsto.
Eso significa que el Estado aspira a aumentar todavía más su capacidad de recaudación incluso en un contexto donde familias y empresas siguen soportando una fuerte presión fiscal.
Aquí es donde entra el verdadero debate de fondo. Porque una cosa es perseguir el fraude fiscal y otra muy distinta es vincular incentivos económicos directos a la capacidad de recaudar más dinero.
Y la pregunta es inevitable: si quienes inspeccionan y recaudan tienen incentivos ligados a ingresar más… ¿el sistema prioriza realmente la justicia fiscal o termina priorizando maximizar la recaudación?
Porque cuando recaudar más genera premios, muchos contribuyentes empiezan a sentir que dejan de ser ciudadanos… para convertirse simplemente en objetivos fiscales.
