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La Administración General del Estado (AGE) atraviesa un momento crítico en términos de envejecimiento.
Según los datos publicados en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (BEDSAP) correspondiente a enero de 2025, un alarmante 57% de sus trabajadores supera los 50 años. Por contra, tan solo un 20% cuenta con menos de 40.
Aunque la edad media ha experimentado una ligera caída, situándose en 49,89 años, la situación sigue siendo preocupante. En el total del sector público, el porcentaje de mayores de 50 se aproxima al 50%, lo que equivale a unos 3,64 millones de empleados a finales de 2025, según los datos facilitados por la EPA del INE.
Este fenómeno del envejecimiento contrasta con la realidad del invierno demográfico español.
Al cierre de 2025, España registró un índice histórico: 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.
En el ámbito del empleo público, solo el 17% tiene menos de 35 años, frente al 28% que se observa en el mercado laboral general. Grupos como los funcionarios de carrera del grupo C2 alcanzan un preocupante 78,7% de personas mayores de 50 años. En el caso específico del sector de Defensa, esta cifra se eleva hasta el 71%. La EPA también revela que el 16,1% tiene entre 55 y 59 años (567.800 personas) y que casi la mitad (47%) se encuentra entre los 45 y 59 años.
Oleada de jubilaciones inminente
Un análisis realizado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública anticipa que cerca del 49,53% del personal activo en la AGE podría jubilarse en la próxima década: eso suma un total estimado de 89.690 efectivos. De estos, se espera que sean aproximadamente 67.448 funcionarios de carrera, lo que representa un 49,67%, y otros 22.242 laborales fijos, es decir, un notable 57,68%. En determinados subgrupos como el mencionado grupo C2, las jubilaciones podrían alcanzar hasta el 74,92%, lo que equivale a unas 15.979 bajas, mientras que en grupo E1 se aproxima al asombroso casi 80%. Organizaciones sindicales como UGT han expresado su preocupación por la pérdida inminente de experiencia si no se establece un adecuado relevo generacional.
La crisis económica desencadenada en 2008 limitó las oposiciones debido a tasas restrictivas para la reposición del personal. Actualmente, la prórroga presupuestaria mantiene restricciones sobre la Oferta Pública de Empleo (OEP) para este año 2025. Además, escasea el atractivo para los jóvenes: con una carrera profesional poco definida y escasos incentivos disponibles. Esto provoca una sobrecarga para aquellos que continúan trabajando, lo cual afecta directamente tanto a los servicios públicos como a la salud laboral.
- Consecuencias clave:
- Pérdida significativa de capital humano y conocimiento.
- Riesgo potencial sobre la calidad en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
- Las dificultades para acceder a jubilaciones parciales obstaculizan los contratos relevo.
Mientras tanto, desde el ámbito de la Función Pública se ha comenzado a gestionar la implantación de las nuevas jornadas laborales de 35 horas semanales para los funcionarios, buscando mejorar así la eficiencia dentro de unas plantillas envejecidas. Además, desde el pasado 1 de enero de 2026 se aprobó una subida salarial del 1,5%, que podría llegar hasta un máximo del 2%, dependiendo del comportamiento inflacionario.
Comparación sector público vs privado
| Franja de edad | Sector público (%) | Sector privado (%) | Total mercado (%) |
|---|---|---|---|
| Menos de 35 | 17 | 30,4 | 28 |
| 35-49 | 37,1 | 39 | 33,5 |
| 50 o más | ~50 | 30,7 | 33,5 |
El sector público ofrece estabilidad laboral; sin embargo, atrae menos a los jóvenes pese a lo que indican diversas encuestas realizadas al respecto. En contraste con esto, en el sector privado existe una distribución más equilibrada por edades. Por otro lado, son escasos los mayores de 65 años dentro del ámbito público (67.600) debido a las exigencias relacionadas con la edad mínima para jubilarse (66 años y ocho meses, siempre que cuenten con al menos treinta y ocho años cotizados).
Respuestas al envejecimiento
La figura de la jubilación activa ha ido aumentando: actualmente hay unos destacados 76.600 casos, impulsados por reformas que permiten continuar trabajando sin haber completado toda la carrera profesional requerida. Los empleados públicos pueden trabajar hasta los 70 años (los jueces hasta 72 y miembros Cortes hasta 75). Iniciativas como el Plan de Empleo Sénior implementado en la Comunidad de Madrid buscan reintegrar a personas mayores de 45 años al mercado laboral activo. Los sindicatos exigen un plan plurianual que contemple eliminar las tasas restrictivas para reposiciones; así como oposiciones bien planificadas y oportunidades para avanzar horizontalmente en su carrera profesional.
España enfrenta así una realidad marcada por plantillas envejecidas dentro del Estado pero también por cifras récords en cuanto al empleo público se refiere. Sin tomar medidas urgentes y efectivas ante esta situación inminente, corremos el riesgo real sobre los servicios públicos ante esta ola masiva de jubilaciones.