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En España, los precios de la vivienda continúan en ascenso bajo la gestión de Sánchez, mientras que los pisos de alquiler escasean.
En cambio, Canadá ha conseguido revertir la crisis inmobiliaria que parecía insuperable hace apenas tres años. En el primer trimestre de 2022, el país norteamericano experimentó un encarecimiento del 18,5% anual. Sin embargo, hoy en día, gracias a una serie de reformas audaces, los precios han descendido un 5,1% respecto al año anterior. Esta diferencia no es casualidad: mientras España mantiene un entramado tributario y regulador que ahoga la construcción, Canadá ha tomado un rumbo completamente opuesto.
El cambio en Canadá comenzó con una decisión política clara: incrementar de manera significativa la oferta de vivienda. Entre 2021 y 2025, el país construyó 1,3 millones de nuevas viviendas, una cifra que no se veía desde hacía décadas. En 2021 y 2022, el sector de la construcción lanzó alrededor de 270.000 unidades cada año, el volumen más elevado desde los años setenta. Esta tendencia se ha mantenido firme en años posteriores: se registraron 220.000 unidades en 2023, 245.000 en 2024 y cerca de 260.000 visados para obra nueva en 2025. Este shock de oferta fue lo que permitió contener la inflación cuando otros países seguían sumidos en la crisis.
Impuestos eliminados y burocracia reducida
La estrategia canadiense se basa en tres pilares fundamentales: disminución de cargas fiscales, simplificación regulatoria y financiación pública directa. La medida más impactante ha sido la eliminación del IVA sobre la construcción de nuevas viviendas destinadas al alquiler. Esta acción, junto a modificaciones en las reglas de amortización que permiten a los promotores deducir rápidamente sus inversiones, ha mejorado notablemente el flujo de caja para los constructores y recortado el coste real del capital. En España, donde el IVA sigue siendo del 10% para las viviendas nuevas y las normas sobre amortización son restrictivas, esto representa un contraste abismal.
Asimismo, la burocracia fue atacada sin contemplaciones. En Ontario, se aprobó en 2021 la ley «More Homes for Everyone», que acortó los plazos para aprobar proyectos urbanísticos a un máximo de 120 días. Por su parte, Columbia Británica aumentó la densidad permitida en desarrollos inmobiliarios y eliminó los requisitos para consultas públicas que solían ralentizar los proyectos. Además, el gobierno federal puso en marcha el Housing Accelerator Fund, un programa que motiva a municipios y provincias a eliminar barreras regulatorias a cambio de fondos federales. También se lanzó la iniciativa Public Lands for Homes, que liberó terrenos públicos infrautilizados para una construcción rápida.
Coordinación entre política monetaria y oferta
La política monetaria también tuvo un papel decisivo en este proceso. El Banco de Canadá elevó los tipos de interés hasta el 5% en 2023 para controlar la inflación; sin embargo, posteriormente los redujo gradualmente a medida que comenzaba a notarse el efecto del aumento en la oferta de vivienda. Este enfoque coordinado entre las políticas fiscal, regulatoria y monetaria es lo que falta en España, donde la inflación persiste a pesar de unos tipos de interés más altos en términos reales.
El gobierno canadiense también evitó caer en el error de establecer controles sobre los precios del alquiler; una medida que ha contribuido a reducir drásticamente la disponibilidad de vivienda arrendada en España. En lugar de imponer controles sobre precios, Canadá decidió incrementar la oferta disponible, permitiendo así que el mercado se autorregule naturalmente. Los resultados son evidentes: tras caídas del 19,6% en 2023, el descenso se moderó al 3,7% durante el primer trimestre de 2025, lo que sugiere que el mercado está encontrando su equilibrio.
Lecciones para España
El contraste entre ambos países resulta revelador e instructivo. Canadá enfrentó una crisis similar a la española hace tan solo tres años; sin embargo, optó por implementar medidas agresivas relacionadas con la oferta, reducción fiscal y simplificación regulatoria. En cambio, España ha mantenido una estructura tributaria pesada y regulaciones complejas mientras introduce controles sobre precios que desincentivan la inversión privada en alquileres. Así las cosas, mientras Canadá disfruta descensos sostenidos en sus precios inmobiliarios, España sigue atrapada en una espiral alcista que ahuyenta a potenciales compradores y ahoga a inquilinos.
La experiencia canadiense deja claro que una crisis habitacional no es algo inevitable ni irreversible. Requiere decisiones políticas valientes: eliminar impuestos sobre construcción, acelerar permisos o liberar suelo público son pasos necesarios si se busca mejorar esta situación. Canadá lo logró; ahora le toca a España dar ese salto hacia adelante.