El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-ley que oficializa el aplazamiento de la entrada en vigor de Verifactu, el sistema de verificación de facturas, hasta el año 2027. Esta decisión del Gobierno supone un «respiro» para empresas y trabajadores autónomos, quienes estaban obligados a implementar estos nuevos sistemas informáticos que permiten compartir sus facturas con el fisco.
La norma, que inicialmente contemplaba su entrada en vigor a principios o mediados de 2026, ha sido retrasada por el Ejecutivo con el objetivo de dar un mayor margen a los contribuyentes para adaptarse.
Nuevos plazos de obligatoriedad
El Ministerio de Hacienda ha confirmado los nuevos plazos, que trasladan la obligatoriedad un año en ambos casos:
- Empresas y profesionales (Impuesto de Sociedades): la exigencia de contar con los nuevos softwares de facturación se retrasa al 1 de enero de 2027. Esto afecta principalmente a las compañías con una facturación inferior a los seis millones de euros.
- Autónomos (personas físicas) y el resto: los profesionales que trabajan por cuenta propia, y el resto de empresas no adscritas al Impuesto de Sociedades, verán pospuesta su obligación hasta el 1 de julio de 2027.
El plazo inicial para las empresas era el 1 de enero de 2026, y para los autónomos, el 1 de julio de 2026.
Motivación política y técnica
La decisión de retrasar Verifactu forma parte de los compromisos alcanzados por el Gobierno para gobernar con Junts. El presidente Pedro Sánchez, que había avanzado la medida en una entrevista el martes, indicó que se trataba de una petición del «empresariado catalán» de la cual «se ha hecho eco» Junts.
Técnicamente, el aplazamiento se justifica por la «necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación» y para garantizar «una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial». Según la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, esta prórroga es especialmente importante para pymes y autónomos.
Este es el segundo retraso que sufre la puesta en marcha de Verifactu. Originalmente, la normativa estaba contemplada para arrancar el 1 de julio de 2025, pero el fisco pospuso su entrada a 2026 debido a la gran cantidad de alegaciones recibidas por los afectados, que superaron las 200 páginas.
¿Qué es Verifactu? El control inalterable de Hacienda
Verifactu es un sistema incorporado a la Ley contra el fraude fiscal de 2021. Su propósito principal es evitar que profesionales y empresas oculten ventas al fisco, lo que merma la recaudación del IVA.
El reglamento establece requisitos específicos para los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soportan los procesos de facturación. Los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) deben cumplir requisitos técnicos para garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los pagos.
Entre las principales obligaciones que establece Verifactu están:
- Garantizar la imposibilidad de tener una contabilidad ‘B’.
- Asegurar que las facturas, una vez emitidas, no se puedan modificar.
- Generar un registro inalterable que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria.
- Estar conectados a la Agencia Tributaria para remitir de forma automática y casi en directo las facturas.
Estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilicen un software de facturación. Sin embargo, quedan fuera quienes facturan de manera manual (cien por cien a mano), así como aquellos ya adscritos al Suministro Inmediato de Información (SII) y los residentes en País Vasco y Navarra.
Los empresarios y autónomos que incumplieran esta obligación se enfrentan a multas que pueden ascender hasta los 50.000 euros.
Dudas y baja implementación
La nueva obligación había generado numerosas dudas, sobre todo entre los pequeños empresarios, que preguntaban si podían seguir utilizando programas básicos como Excel o Word para facturar. Hacienda había indicado que si estos programas procesaban los datos, se debía contar con un software que cumpliera los requisitos de Verifactu, pero si no los procesaban, no era necesario.
Para paliar la situación, Hacienda habilitó una aplicación online gratuita para aquellos empresarios que emitieran pocas facturas al año, aunque su uso condicionaba a compartir sí o sí de manera inmediata sus facturas con el fisco.
A pesar de la inminencia de los plazos originales (enero y julio de 2026), la implementación del sistema era baja. Según datos del Observatorio TeamSystem, hasta mediados de noviembre, solo un 8% de las pymes y autónomos había implementado este sistema, mientras que un 15% estaba en proceso de hacerlo.
Reacciones del sector
La prórroga ha sido recibida con alivio por parte de varias organizaciones empresariales y de autónomos.
Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), se mostró muy satisfecho, declarando que «¡Por fin llega el sentido común que reclamábamos!». Afirmó que este aplazamiento es un «alivio para los autónomos ante la marea de cargas y trámites que sufrimos». Amor había señalado que los trabajadores por cuenta propia «no estaban preparados» para el cambio.
Cepyme, la ATA y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) han valorado positivamente el retraso, ya que les proporciona un mayor margen de preparación.
En contraste, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) han criticado que los «bandazos del Gobierno solo generan desconfianza e inseguridad jurídica».
Coincidencia con la afctura electrónica
Cabe destacar que el inicio de Verifactu en 2027 coincidirá con otra obligación importante para pymes y autónomos: la exigencia de emitir todas sus facturas en formato digital. Esta normativa de factura electrónica, que regula la Ley Crea y Crece, también tenía una fecha de entrada en vigor prevista para este año, pero finalmente se pospuso a 2027. Es crucial recordar que Verifactu y la factura electrónica son conceptos distintos.
Para los contribuyentes, este retraso ofrece tiempo para que, como un barco que debe zarpar, se ajusten las velas y se revisen los mapas (los sistemas de facturación) antes de la partida obligatoria en 2027, garantizando que el viaje hacia la digitalización fiscal sea lo más seguro y ordenado posible.