El Tribunal Supremo ha dictado una condena histórica contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarándolo culpable de un delito de revelación de datos reservados. El fallo fue anticipado por la Sala de lo Penal ayer jueves.
La Sala Segunda del alto tribunal ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado. Además de la inhabilitación, la sentencia le impone una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, sumando un total de 7.300 euros. Como responsabilidad civil, el fiscal general deberá indemnizar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, con 10.000 euros por daños morales.
El delito se recoge en el artículo 417.1 del Código Penal. La condena se relaciona con la revelación de información confidencial sobre González Amador, específicamente la filtración de un correo que incluía la admisión de un fraude a Hacienda. Fuentes jurídicas indican que la condena podría estar vinculada directamente a la nota de prensa que García Ortiz reconoció haber redactado y difundido el 14 de marzo de 2024, donde citaba por su nombre a González Amador y detallaba las diligencias abiertas por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El Tribunal Supremo considera que esta información era de carácter reservado y su publicación vulneró la ley.
Una decisión judicial no unánime
La sentencia ha sido dictada por mayoría de los siete magistrados que componen el tribunal. La decisión se tomó por cinco votos a favor frente a dos en contra.
Las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García han anunciado la emisión de votos particulares discrepantes. De hecho, Susana Polo, de tendencia progresista, era inicialmente la ponente (encargada de redactar la sentencia), pero al quedar en minoría en su defensa de la absolución, la ponencia cambió de manos. El presidente de la Sala de lo Penal y el magistrado más veterano, Andrés Martínez Arrieta, asumirá la redacción final de la resolución. Entre los magistrados que votaron a favor de la condena se encuentran Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela, la mayoría de ellos asociados a sensibilidades conservadoras.
Aunque la sentencia está pendiente de redacción, el fallo fue comunicado a las partes y surtirá efectos a partir de su notificación en forma legal. Al fiscal general aún le queda una «última bala» ante el Supremo: un incidente de nulidad, un paso indispensable, aunque con pocas probabilidades de prosperar, para poder acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Reacciones políticas: del «respeto» a la demanda de dimisión
La condena ha provocado un terremoto político, con reacciones inmediatas y contundentes de todo el espectro.
La postura del Gobierno
Desde Moncloa, el Gobierno ha asegurado que respeta pero no comparte el fallo del Tribunal Supremo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido el «compromiso con el servicio público, la ley y la verdad» de García Ortiz, insistiendo en que el Gobierno «siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado».
Bolaños ha confirmado que en los próximos días se pondrá en marcha el mecanismo legal para nombrar al sucesor de García Ortiz. Asegura que el nuevo fiscal general será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función y de máximo prestigio profesional en el ámbito del derecho. Este sucesor deberá comparecer ante el Congreso antes de prestar juramento ante el Rey y tomar posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aunque acata la sentencia, la ha calificado de «una auténtica vergüenza».
El PP exige la salida de Sánchez y elecciones
Alberto Núñez Feijóo ha sido el más contundente, pidiendo la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y la convocatoria anticipada de elecciones. Feijóo acusó a Sánchez de abuso de poder y ataque a la independencia judicial.
Feijóo afirmó que García Ortiz «se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo y participó en una operación política contra el PP y contra una presidenta autonómica». Aseveró que «la condena la pagará el fiscal, pero la degradación la pagaremos todos los españoles«. Además, exigió a Sánchez que pida perdón a los españoles por «la página negra escrita por Álvaro García Ortiz».
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, defendió que la condena impuesta refleja «una Justicia independiente» y demuestra que «nadie está por encima de la ley». Otros líderes del PP, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, también han cargado contra Sánchez, señalando que en cualquier democracia consolidada, esta condena significaría «la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones».
Reacción de Ayuso y la acusación de «golpismo judicial»
Isabel Díaz Ayuso se mostró muy satisfecha con el fallo, considerándolo un «éxito sin precedentes de la democracia». Ayuso afirmó que el mundo sabe hoy «lo que está pasando en España», en referencia al uso de «los medios del Estado para hacer política delinquiendo».
En el espectro de la izquierda, la condena ha sido recibida con fuertes críticas al Poder Judicial. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, señaló que la condena lanza un «demoledor mensaje de no te atrevas a tocar a Ayuso».
Otras formaciones han ido más allá:
- ERC (Gabriel Rufián) aseguró que «hoy los golpes de Estado se hacen en sede judicial» y que una parte del Poder Judicial utiliza la toga para hacer política contra movimientos e ideas determinadas.
- Sumar (Lara Hernández) afirmó que la condena estaba escrita «mucho antes de empezar el proceso» y la atribuyó a la ofensiva de la derecha judicial contra el Gobierno.
- IU (Antonio Maíllo) tildó la condena de «vergüenza» y denunció que el Tribunal Supremo está «capturado por la derecha».
- Podemos (Ione Belarra) denunció «puro golpismo judicial» para tapar la corrupción de Ayuso.
- Compromís (Alberto Ibáñez) vinculó la decisión con la frase: «El franquismo vive».
- PNV lamentó la «judicialización de la política» que «perjudica a todos», aunque analizará la sentencia en profundidad.
Desde el ámbito jurídico, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que ejerció la acusación popular, manifestó su «pleno respeto» a la condena, señalando que «demuestra que nadie está por encima de la ley» y que refuerza la confianza en el sistema de justicia.