La jubilación inminente y masiva de la cohorte de población más grande de la historia de España, los conocidos como ‘baby boomers’ (nacidos entre 1946 y 1964), está generando una presión dual sobre las finanzas públicas españolas. Mientras la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reitera con firmeza que la sostenibilidad del sistema de pensiones está garantizada y que la reforma implementada en 2022 hará frente a este desafío, los datos económicos y los análisis de expertos señalan riesgos estructurales, especialmente en el capítulo de ingresos fiscales.
El optimismo oficial: «pensiones garantizadas»
En su reciente participación en la IV edición del foro Metafuturo, la ministra Elma Saiz se mostró taxativa al abordar las inquietudes sobre el futuro del sistema. Saiz insistió en que hay pensiones aseguradas para los mayores que están a punto de jubilarse y para los jóvenes. De hecho, la ministra afirmó que la reforma de las pensiones se hizo mirando al largo plazo, hasta 2050, cuando las tensiones derivadas de la jubilación de los ‘baby boomers’ ya hayan pasado.
Saiz rebajó el alarmismo sobre una posible subida en la edad de jubilación, asegurando que «los jóvenes no se van a jubilar a los 70 años». Recordó que la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65 años, tal como está fijado en la reforma de las pensiones.
La titular de Seguridad Social también defendió que la financiación del sistema público es sólida y desmintió la existencia de una «guerra intergeneracional». Según la ministra, «sostener las pensiones no detrae recursos a otro tipo de cuestiones que son muy importantes, como hospitales, colegios o carreteras, son fuentes de financiación distintas». El sistema se financia con cotizaciones y con aportaciones del Estado, lo cual es «totalmente normal» en países del entorno.
La inesperada vía de agua fiscal
Sin embargo, los datos económicos reflejan el enorme coste que supone el desafío demográfico. El coste mensual de las pensiones alcanzó un récord en octubre, situándose en 13.676 millones de euros. Se espera que esta cifra se bata de nuevo en noviembre, mes en el que se abona la paga extra. Para hacer frente a estos gastos, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Estado tendrá que transferir 22.881 millones de euros a la Seguridad Social el próximo año.
A pesar de estas inyecciones de fondos, la deuda de la Seguridad Social se encuentra en cotas récord, con un «agujero» de 126.173 millones de euros en septiembre, lo que supone un aumento del 8,6% respecto al año anterior.
Más allá del aumento del gasto, el foco de preocupación se ha puesto en los ingresos, específicamente en el IRPF, la figura que más recursos aporta al Estado. Según Funcas, el envejecimiento de la población y el fin del «superciclo recaudatorio» ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal.
La preocupación principal radica en la sustitución de la aportación fiscal: los altos salarios que perciben los ‘boomers’ antes de jubilarse no están encontrando un relevo equivalente en la base de contribuyentes. Aunque los salarios medios son más altos que las pensiones de jubilación, esta diferencia se ha reducido con la incorporación de los ‘boomers’ al retiro.
Los investigadores de Funcas destacan que las percepciones medias de los nuevos jubilados (18.916 euros brutos al año) son muy similares a las de los trabajadores inmigrantes (18.838 euros), quienes explican el fuerte crecimiento reciente del empleo y, consecuentemente, el incremento de la recaudación por IRPF. Este fenómeno lleva a pensar que la recaudación del IRPF se enfrenta a «potenciales riesgos estructurales derivados del envejecimiento».
La inmigración como factor de sostenimiento
Ante el «invierno demográfico» español, la afiliación extranjera ha sido destacada por la ministra Saiz como un pilar crucial para sostener el sistema. Saiz celebró el «éxito del país» de contar con un 14% de afiliados extranjeros (3 millones de afiliados) y señaló que ocho de cada diez personas llegadas en el último cuarto de siglo están incorporadas al mercado laboral.
No obstante, los expertos de Funcas también advierten que la inmigración es un recurso limitado para mantener la recaudación a largo plazo. Los cálculos apuntan a que en los próximos años será necesario al menos un nuevo trabajador inmigrante por cada ‘boomer’ que se jubile para mantener los niveles actuales de ingresos por IRPF.
Además, existe otro desafío a futuro: se prevé que en las próximas dos décadas una parte importante de la población trabajadora inmigrante (especialmente los 3,54 millones que llegaron antes de 2010) pasará a formar parte de la población pensionada, habiendo generado derechos de pensión, lo que plantea un desafío extra para el sostenimiento del estado del bienestar.
Modernización y críticas políticas
En este contexto de tensión financiera, la ministra de Seguridad Social defendió la modernización digital del organismo, asegurando que España cuenta con «la Seguridad Social más moderna de la historia». Saiz enfatizó que, si bien se implementará la Inteligencia Artificial para automatizar trámites, se mantendrán comités éticos y auditorías, y la decisión final sobre las prestaciones será siempre humana, ya que «dar o no una prestación no es una decisión que vaya a tomar la IA».
Finalmente, Saiz aprovechó su intervención para criticar a políticos y líderes a los que acusó de ser «irresponsables» y de estar «interesados en alimentar una guerra intergeneracional» con el fin de confundir sobre la efectividad del sistema público. También acusó al Partido Popular de actuar como «banca privada» por ofrecer descuentos en las cotizaciones de autónomos condicionados a la apertura de planes de pensiones privados. La ministra reiteró que las cotizaciones de los autónomos «no son impuestos», sino una herramienta que busca reducir la brecha de 650 euros menos que perciben de pensión de jubilación respecto a un asalariado, un problema que la reforma de cotización por ingresos reales busca solucionar.
En resumen, la jubilación de los ‘boomers’ está cumpliendo las previsiones de presión sobre el gasto de pensiones, requiriendo transferencias estatales récord. Pero el efecto más silencioso y potencialmente grave es la disminución de la base de ingresos fiscales, un riesgo que, según los expertos, podría obligar al Gobierno a realizar ajustes fiscales extraordinarios a partir de 2027.