El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por Óscar López, se encuentra en una semana clave para desbloquear la negociación salarial de los empleados públicos, que afecta a unos tres millones y medio de trabajadores. Tras meses de estancamiento y una creciente presión sindical, Función Pública y las organizaciones sindicales más representativas (CSIF, UGT y CCOO) se reunirán este miércoles 19 de noviembre para abordar la subida de sueldo de cara a 2025 y para establecer una hoja de ruta plurianual hasta 2028.
La Secretaría de Estado de Función Pública, a cargo de Consuelo Sánchez, ha convocado esta ronda de encuentros en respuesta directa al calendario de movilizaciones y a la amenaza de una huelga general prevista para el próximo mes de diciembre.
Presión de los sindicatos
La prioridad absoluta de los sindicatos es fijar la subida salarial de 2025, exigiendo que esta sea inmediata y con efectos retroactivos desde el 1 de enero para evitar que este año se convierta en un ejercicio de congelación o «subida cero». Según cálculos de CSIF, el Gobierno «debe» a los funcionarios más de 2.000 millones de euros en salarios congelados desde 2024.
Tras concluir el último Acuerdo Marco el 31 de diciembre de 2024, el Gobierno se plegó a pactar un incremento con efectos para el ejercicio 2025. Se espera que en la reunión del miércoles, la cartera de Óscar López arroje los porcentajes concretos sobre la mesa.
Siguiendo la estela del acuerdo anterior (2022-2024), el incremento salarial de 2025 seguirá la senda de una parte fija y otra variable. Los principales analistas estiman que el año cerrará con una inflación (IPC) en torno al 2.6% de media, con previsiones que oscilan entre el 2.5% y el 2.8%. En este contexto, se espera que el incremento salarial fijo para 2025 se establezca por encima del 2.5%.
Recuperación del poder adquisitivo: la clave de la negociación
Los sindicatos exigen que la subida salarial no solo asegure el mantenimiento del poder adquisitivo (es decir, que supere al menos el IPC), sino que incluya un porcentaje adicional para compensar las pérdidas acumuladas.
Los trabajadores públicos han sufrido una significativa pérdida de poder de compra, la cual se estima en torno al 19% desde el año 2010. Desde 2012, con los recortes que disminuyeron el salario de los funcionarios entre un 5% y un 10%, la recuperación es una demanda constante. Incluso tras la firma del último acuerdo (2022-2024), el sector público acumula una pérdida de poder adquisitivo de casi el 6% hasta octubre de 2025.
Hoja de ruta plurianual 2026-2028
El Gobierno ya ha presentado un nuevo acuerdo salarial plurianual para los años 2026, 2027 y 2028. La oferta inicial del Ejecutivo contempla incrementos anuales que asegurarán el poder adquisitivo, e incluso podrían superar el IPC. UGT y CCOO han sido claros al demandar un aumento «por encima del IPC real».
En el periodo anterior (2022-2024), la revalorización salarial total de los empleados públicos fue del 9.5%, con incrementos fijos del 3.5% (2022), 2.5% (2023) y 2% (2024), complementados con variables. Este acuerdo supuso un coste cercano a los 13.000 millones de euros.
Más allá del salario: la eliminación de la tasa de reposición
Además del componente salarial, Gobierno y sindicatos han acercado posturas en temas de condiciones laborales. Una de las demandas históricas del colectivo es la eliminación progresiva de la tasa de reposición.
Esta tasa, diseñada como control del gasto público, ha limitado la capacidad de las administraciones para cubrir vacantes. Los sindicatos argumentan que favorece el envejecimiento de las plantillas y el aumento de la interinidad, que actualmente se sitúa en el 28% en las administraciones públicas.
Función Pública se ha comprometido a sustituir este mecanismo por una planificación de recursos humanos más flexible, basada en la necesidad y la sostenibilidad. Otras mejoras demandadas incluyen procesos selectivos más ágiles, la mejora de la promoción interna, la equiparación salarial, la jornada laboral de 35 horas, el desarrollo de la carrera profesional, el teletrabajo y facilitar el acceso a la jubilación anticipada y parcial.
El contexto económico: gasto salarial en auge a pesar de los PGE prorrogados
La negociación se produce mientras el Gobierno opera con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023. Aunque el ministro López había vinculado inicialmente la subida salarial al desbloqueo de las cifras presupuestarias, la presión sindical obligó a retomar la mesa. Los sindicatos han lamentado ser utilizados como «rehenes y moneda de cambio» en la negociación parlamentaria.
De hecho, la masa salarial del Estado continúa creciendo estructuralmente. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reveló que el Gobierno tuvo que aumentar el crédito para pagar nóminas, cotizaciones y complementos en 1.385 millones de euros (cercano a 1.400 millones) en los primeros ocho meses del año, un incremento del 6.7% respecto a agosto de 2024. Este ajuste, aprobado mediante modificaciones internas de crédito, se debió principalmente a los costes salariales y sociales derivados de las revisiones retributivas y el encarecimiento de las cotizaciones.
En un análisis más amplio, el gasto en salarios públicos a nivel general crece casi un 6% anual, su mayor tasa en diez años. Este crecimiento es impulsado tanto por el aumento de la retribución media (cercana al 4%) como por el incremento de las plantillas (más del 2%). La masa salarial total del conjunto del sector público español supera los 140.000 millones de euros anuales, lo que equivale a más del 11% del Producto Interno Bruto (PIB).
La advertencia sindical
Tras el primer encuentro, que los sindicatos valoraron como «positivo» al tratar temas de empleo, la continuidad de las movilizaciones y la posible huelga de diciembre «dependerán del avance y resultado de la negociación» que se abordará esta semana en Función Pública.