El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, bajo la dirección de Óscar López, ha comenzado este miércoles la negociación colectiva con los sindicatos más representativos de la Administración —CCOO, UGT y CSIF—. El encuentro sirvió para descongelar el diálogo social tras semanas de movilizaciones a nivel nacional y la amenaza de una huelga general de empleados públicos en diciembre.
En esta primera reunión, la Secretaría de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, trasladó la voluntad del Gobierno de establecer un nuevo marco plurianual (2026-2028) con incrementos salariales que aseguren que los 3,5 millones de empleados públicos «no pierdan poder adquisitivo». Aunque el objetivo es que los salarios crezcan al menos tanto como los precios, aún no se han concretado cifras ni se han puesto dígitos sobre la mesa.
El modelo propuesto: fijo y variable
La fórmula planteada por el Ministerio consiste en un esquema similar al del último acuerdo (2022-2024), contemplando subidas retributivas con un componente fijo y otro variable. La parte variable estaría vinculada a la evolución de la economía, como el PIB y la inflación.
El acuerdo anterior (2022-2024), que fue respaldado por CC OO y UGT pero no por CSIF, supuso una subida salarial de cerca del 10% en ese periodo, con un coste aproximado de 13.000 millones de euros. Las subidas se estructuraron de la siguiente manera: 2% fijo más 1,5% variable en 2022; 2,5% fijo más 1% variable en 2023; y 2% fijo más 0,5% adicional en 2024.
Además de las mejoras retributivas, la secretaria de Estado ha explicado que el Gobierno busca incorporar otras medidas organizativas y avanzar en la consolidación de derechos de los empleados públicos. El objetivo es una Administración más participativa, con servicios personalizados y mejor preparada para afrontar la doble transición digital y verde.
La línea roja sindical: la subida de 2025
El principal punto de fricción en la mesa es el año en curso. Los sindicatos, que habían estado presionando al Gobierno para iniciar la negociación, han dejado claro que 2025 no puede ser un año de congelación salarial.
Actualmente, los sueldos de los 3,5 millones de empleados públicos siguen congelados, a pesar de que la inflación media está en el 2,6%. Las organizaciones sindicales —UGT, CCOO y CSIF— reclaman que haya una subida salarial diferenciada para este año y exigen que se aplique de manera inmediata y con efectos retroactivos a enero de 2025.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha insistido: «No estamos dispuestos a que sea un año de congelación o subida cero». Los sindicatos temen que, si la subida de 2025 se incorpora simplemente al incremento de 2026, los trabajadores públicos perderían la parte salarial correspondiente a 2025.
Francisco Lama, de CSIF, valoró positivamente el inicio de las conversaciones, pero manifestó su «preocupación» por la falta de concreción económica. CSIF exige que la propuesta económica del Gobierno «al menos corrija el IPC de 2025» y que contemple fondos adicionales para corregir la desigualdad retributiva entre administraciones y para recuperar el poder adquisitivo perdido. CSIF calcula que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 20% desde 2010.
Los sindicatos han defendido que la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no debe ser una excusa para no subir los salarios, ya que las revalorizaciones pueden hacerse con cuentas prorrogadas o mediante decreto.
Próximas citas y propuesta económica
Aunque la primera reunión ha servido para pactar un calendario, la concreción de las cifras salariales se hará esperar. El Ministerio de Función Pública se ha comprometido a llevar una propuesta económica concreta a la mesa de negociación el miércoles 19 de noviembre. Fuentes de la negociación señalan que Función Pública está pendiente del margen que dé el Ministerio de Hacienda para detallar esta propuesta.
De momento, el calendario de reuniones es ágil. La próxima reunión prevista será el martes 11 de noviembre, y en ella se comenzará a abordar el bloque temático del empleo, que incluye el fin de la tasa de reposición, el refuerzo de plantillas y la aceleración del proceso de estabilización.
El avance de las negociaciones será clave, ya que los sindicatos han advertido de que la continuidad de las movilizaciones y la amenaza de huelga «dependerán del avance y resultado de la negociación».
Reacción política
El Partido Popular ha pasado a la ofensiva parlamentaria, registrando solicitudes de comparecencia de la secretaria de Estado, Consuelo Sánchez Naranjo, y del ministro Óscar López. Los populares critican lo que tildan de «desprecio» del Ejecutivo a los funcionarios por la congelación salarial de 2025 y la «profunda crisis» del funcionariado público.