La Universidad Complutense de Madrid, la institución más grande de España y emblema de la educación pública que sobrevivió a dictaduras y recortes, afronta hoy su crisis más profunda. Ahogada por las deudas y erosionada por la política, la UCM no solo se enfrenta a una quiebra contable, sino también a una quiebra moral y reputacional. En sus pasillos planea la palabra «intervención» por parte del Gobierno regional.
La situación económica de la UCM ha alcanzado un punto crítico. La universidad admitió que, sin un rescate urgente, sería “insostenible” afrontar el pago de las nóminas de sus 11.400 empleados a finales de año, incluyendo la paga extra de Navidad. El pasado año, la UCM cerró con un descubierto de 33,19 millones de euros.
El préstamo inminente de 34,5 millones
Para evitar la suspensión de pagos, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha negociado un crédito extraordinario de unos 34 millones de euros.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, avanzó ayer que la concesión del préstamo de 34,5 millones de euros es «inminente». El objetivo de esta ayuda, según la Consejería, es que la Complutense pueda hacer frente a sus obligaciones con terceros y al pago de nóminas. El Gobierno regional ha estado negociando con el rector Joaquín Goyache y el equipo económico desde febrero para buscar una forma de ayuda.
No obstante, la operación ha estado condicionada a la presentación de un plan económico-financiero que incluya “medidas reales y efectivas de contención del gasto”. Desde el Ejecutivo de Ayuso se insiste en que la Complutense debe “hacer su parte” ajustando el gasto y se ha solicitado información adicional al Plan Económico-Financiero enviado por la UCM.
Para buena parte de la comunidad universitaria, este crédito es visto como un «parche» que solo incrementa la deuda y no compensa años de desinversión pública. La UCM, por su parte, rechaza el concepto de «rescate» y subraya que solicitó un préstamo debido al retraso en la modificación del sistema de financiación pública, el cual debe ser plurianual y proporcionar estabilidad.
Los “presupuestos de guerra” y los recortes estructurales
El origen de la asfixia financiera de la UCM radica en la infrafinanciación crónica de las universidades públicas madrileñas durante la última década. Las transferencias anuales del gobierno regional a la UCM siguen por debajo de los niveles de 2010 en términos reales, a pesar de que la inflación ha aumentado cerca de un 40% en ese periodo. Los rectores han denunciado que los recursos no han seguido el ritmo del aumento de costes y necesidades.
En contraste, la Consejería de Educación ha concluido que el «origen del déficit» se halla en el «incremento exponencial» de los gastos de personal desde 2019. La UCM defiende que el aumento de costes de personal se debe a «circunstancias ajenas a la propia gestión universitaria», como la asunción de costes de Seguridad Social o el incremento de sexenios y quinquenios.
Para devolver el préstamo de 34,5 millones de euros, la vicerrectora de Economía anunció hoy que la UCM mantendrá durante tres años (2026-2028) un recorte del 35% en los gastos de las facultades. Este tijeretazo histórico, que comenzó con un 30% en julio de 2024 y subió al 35% en diciembre, congela presupuestos y deja a muchas áreas sin recursos para actividades básicas.
El recorte del 35% afecta a partidas destinadas a materiales, compra de libros, organización de congresos, ayudas de investigación y prácticas externas de alumnos. El rector Joaquín Goyache adelantó que en 2026 habrá “unos presupuestos de guerra”.
El desánimo y el malestar son palpables en el campus. Sindicatos y trabajadores se han concentrado hoy frente al rectorado, reclamando saber cómo se negocia el préstamo y advirtiendo que los recortes están afectando la compra de material de laboratorio (obligando a compartir pipetas y decantadores, por ejemplo) y retrasando ayudas a la investigación. Incluso, la UCM ha tenido que dejar plazas de Medicina sin cubrir por no poder garantizar la calidad de la enseñanza.
La erosión reputacional y la alianza incómoda
La “quiebra” de la Complutense no es solo contable, sino que también afecta su prestigio y autonomía.
En medio de la crisis, el rector Goyache, reelegido en 2023, ha sido una figura polémica por su relación dual con el Gobierno autonómico: por un lado, exige más financiación, pero por otro, se percibe que se pliega a los deseos de la presidenta, en un intento de mantener la sintonía.
El ejemplo más simbólico de esta cercanía fue el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como “Alumna Ilustre” de la UCM en enero de 2023. La iniciativa, que contó con el respaldo del rectorado, desató protestas masivas, incluyendo la consigna “Ayuso non grata,” y salpicó la imagen de independencia política de la universidad. Meses después, Goyache admitió que el nombramiento había sido “un error” en aquel momento.
Además, la reputación de la UCM ha quedado en entredicho por el caso judicial de Begoña Gómez, exdirectora de una cátedra en la Complutense. Tras haber mantenido una posición prudente en 2024, a comienzos de octubre de 2025 se produjo un giro inesperado: la UCM anunció que se personaba “como perjudicada” en la causa instruida por el juez Peinado, asumiendo el rol de acusación civil.
En suma, la UCM enfrenta una tormenta perfecta. Su futuro es incierto, ya que su capacidad para recuperar el brillo perdido dependerá de cómo equilibre el saneamiento de sus cuentas con la limpieza de su nombre.