La futura Ley de Movilidad Sostenible, que ya ha sido aprobada por el Congreso y que llegó la semana pasada al Senado para su ratificación definitiva, trae consigo una serie de obligaciones para los consistorios y novedades significativas para los ciudadanos en materia de circulación. Se espera que esta regulación obtenga el visto bueno definitivo probablemente a finales del mes de noviembre, suponiendo un nuevo impulso para la movilidad eléctrica y una mayor penalización para el vehículo térmico.
El objetivo primordial de la nueva norma es dotar de más control a las ciudades para promover una movilidad menos contaminante.
El nuevo régimen de tasas en ZBE
La ley cambia la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para permitir que los ayuntamientos puedan aprobar tasas a los ciudadanos por entrar a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con transportes que superen los límites establecidos. Específicamente, estas tasas se aplicarán por el «tránsito indebido de vehículos» en dichas zonas.
Estas medidas buscan seguir penalizando a los coches que no tengan etiquetas ECO o Cero Emisiones, y de hecho, las restricciones y las nuevas tasas podrían incluso afectar a los vehículos con etiqueta B y C de la Dirección General de Tráfico (DGT) que circulen por las ZBE.
Respecto a la metodología de cobro, la ley establece que el importe de estas tasas se calculará en base al valor de mercado, es decir, estimando cuánto costaría al ciudadano acceder a esa calle si fuera privada. Para este cálculo, se podrá tomar como referencia «el coste que hubiera tenido que abonar ese vehículo si hubiera estacionado en un aparcamiento público en lugar de circular por la zona calificada de bajas emisiones”.
Se vislumbra, de este modo, la llegada de nuevos impuestos o recargos adicionales que servirán para desincentivar el uso de los vehículos diésel y gasolina.
Penalización específica a vehículos grandes
Junto con las tasas por contaminación, la norma ofrece a los ayuntamientos la potestad de penalizar el uso de coches más grandes, como los 4×4 o los SUV.
La ley insta a los consistorios a que primen «los vehículos que supongan menor ocupación del espacio público», abriendo así una futura batalla contra los coches de mayor tamaño, una estrategia que ya ha sido implementada en otras grandes ciudades internacionales como París y Lyon en Francia, o Montreal en Canadá.
Reformas amparadas por el Plan Europeo de Recuperación
La Ley de Movilidad Sostenible se enmarca dentro de las reformas a las que España se comprometió con la Unión Europea para cumplir con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además de las tasas y penalizaciones a vehículos privados, el texto introduce una serie de medidas complementarias para transformar la movilidad a nivel nacional y empresarial:
- Revisión del etiquetado de la DGT: la ley promueve una revisión del sistema actual de etiquetado. El Gobierno deberá presentar un estudio en el plazo de un año tras la entrada en vigor de la norma, analizando la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales, incluyendo las emisiones de CO2 como criterio adicional y teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos.
- Incentivo para la renovación del parque móvil: el Gobierno tendrá que desarrollar, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la norma, un plan de renovación para incentivar la compra de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos. También se podrá obtener apoyo económico para la adquisición de vehículos de ocasión o usados cuya motorización sea Euro 6d.
- Restricciones en casos de alta contaminación: con el objetivo de reducir las emisiones y poner fin a episodios de alta contaminación del aire, se habilitará a los organismos competentes en gestión del tráfico para tomar medidas drásticas. Estas incluyen el «cierre de la circulación de carreteras o tramos de ellas, o la restricción en ellas del acceso a determinados vehículos por motivos medioambientales».
- Planes de Movilidad obligatorios para empresas: la norma obligará a las empresas que tengan a partir de 200 empleados a aprobar un Plan de Movilidad. Estos planes, que deben ser negociados colectivamente o con los principales representantes de los trabajadores, deberán potenciar el uso del transporte colectivo o público (incluso mediante la subvención del abono por parte de la empresa) o dar soluciones de movilidad compartida. La falta de un plan adecuado será considerada una infracción leve, sancionable con multas de entre 101 euros y 2.000 euros, siempre que produzca un perjuicio para el sistema de movilidad.
- Reducción de servicios de transporte ineficientes: la ley también busca eliminar vuelos y servicios de trenes menos eficientes. Por un lado, plantea la reducción de vuelos domésticos en rutas donde exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media. Esta medida tiene una excepción en caso de conexión con aeropuertos con rutas internacionales. Por otro lado, permite a las CCAA solicitar la eliminación de servicios ferroviarios en territorios de baja densidad de población, utilizando los ahorros para ofrecer otras alternativas de movilidad a los municipios afectados.
- Fomento de la movilidad activa y compartida: en el ámbito urbano, se promueven medidas para impulsar que los ciudadanos caminen, que los menores vayan andando al colegio, y potenciar el uso de la bicicleta con carriles adecuados. El Ministerio de Transportes tendrá que desarrollar un Plan Estatal para el impulso de la bicicleta, fomentando el cicloturismo, la industria asociada y la intermodalidad con otros medios de transporte públicos, así como la creación de estaciones seguras de aparcamiento. Adicionalmente, el texto hace alusión a la posibilidad de regular como actividad económica el uso de coche compartido (carpooling), permitiendo compartir gastos de desplazamiento.
En conjunto, todas estas disposiciones configuran un marco legal que incrementará los costes para los propietarios de vehículos diésel o gasolina, incluso si son modelos relativamente nuevos, marcando un endurecimiento en las políticas de tráfico rodado en las ciudades españolas.