En toda España, la implementación de la nueva tasa de basuras desde abril de 2025 ha desatado un cabreo mayúsculo entre ciudadanos y empresas, con subidas que alcanzan el 30% en la factura del servicio de residuos, convirtiéndola en el componente del IPC que más ha impulsado la inflación y provocando protestas generalizadas por su carácter «injusto y opresivo», como denuncian hosteleros y autónomos que ven sus negocios asfixiados por un impuesto que, lejos de mejorar la limpieza, solo encarece la vida diaria.
Sin embargo, en Madrid, el malestar alcanza cotas singularmente explosivas, donde el Ayuntamiento de Almeida ha disparado la media a 141 euros por hogar sin considerar rentas bajas ni el impacto turístico, generando una avalancha de cartas de pago que los madrileños tildan de «atraco a mano armada» y avivando recursos judiciales masivos contra una ordenanza que, según críticos, multiplica el «rejón» estatal con cálculos basados en el valor catastral en lugar del consumo real de residuos.
Las calles sucias y papeleras desbordadas solo avivan el fuego de una indignación que une a vecinos de todos los distritos en un grito unánime: basta de impuestos disfrazados de ecología.
UN CAMBIO RAZONABLE
Con el objetivo de promover una mayor equidad y seguridad jurídica en el cálculo de la tasa de basuras, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido adoptar un nuevo método que tendrá en cuenta cuántas personas están empadronadas en cada vivienda.
Esta modificación, que comenzará a aplicarse en 2026, forma parte de las recientes ordenanzas fiscales aprobadas y busca cubrir los gastos derivados de la recogida y tratamiento de residuos en la capital.
La nueva tasa se calculará mediante una fórmula que combinará una serie de factores.
Se espera que este enfoque contribuya a una distribución más justa del coste del servicio, adaptándose a la realidad demográfica de cada hogar.
Así, cada familia pagará en función del número real de residentes, lo que podría suponer un alivio para aquellos con menos habitantes y un incremento para las viviendas con más personas empadronadas.
En definitiva, esta reforma es un paso más hacia un sistema más justo y sostenible en la gestión de los residuos urbanos.
Con esta iniciativa, Madrid se posiciona como una ciudad que busca no solo mejorar sus servicios, sino también garantizar que todos los ciudadanos contribuyan equitativamente a los costes asociados con la limpieza y mantenimiento del entorno urbano.