El panorama socioeconómico español se encuentra en un punto de máxima tensión, después de que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) haya ratificado su intención de recurrir en los tribunales el borrador de Real Decreto que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, envió a principios de mes a los agentes sociales.
Este borrador busca impedir que las empresas puedan absorber o compensar los complementos salariales ya reconocidos a los trabajadores al aplicar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a sus nóminas. Para la cúpula empresarial, este cambio normativo, que asegura que no debería hacerse vía reglamento, obligará a elevar las nóminas hasta un 25% en algunos sectores.
El «blindaje» del SMI multiplica el coste salarial
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha prometido una «subida importante» del SMI para 2026. El umbral salarial ascendió recientemente a 1.184 euros tras la última subida del 4,4%, y desde que Díaz asumió la cartera, el SMI ha crecido un 54%, pasando de 735 euros en 2018 a 1.184 euros mensuales en 2025.
Sin embargo, el anuncio más relevante es la intención del Gobierno de «blindar la subida del SMI», modificando la normativa para eliminar los obstáculos que impiden que los incrementos beneficien plenamente a los trabajadores. La práctica de la absorción de complementos salariales ha permitido, según Trabajo, que el sueldo final de determinados empleados no cambie a pesar de la subida del mínimo.
El texto propuesto por Trabajo eliminaría de facto la posibilidad de compensar o absorber complementos, incluyendo los pluses por actividad (como nocturnidad, penosidad o peligrosidad), personales (antigüedad o idiomas) y aquellos ligados a la cantidad o calidad del trabajo (comisiones e incentivos). Estos son precisamente los complementos «más utilizados».
En la práctica, esta medida llevaría a igualar el salario base con el SMI, mientras que los complementos que el trabajador ya perciba quedarían congelados. Aunque el Tribunal Supremo había reconocido esta práctica siempre que estuviera pactada en convenio, la nueva regulación busca anularla.
La CEOE: impactos del 15% al 25% y riesgo de «dinamitar» convenios
La respuesta de la CEOE ha sido contundente. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, advirtió en la asamblea general de Cepyme que la intención de Trabajo es «romper los artículos 26 y 27 del Estatuto de los Trabajadores», que regulan la estructura salarial y la compensación de complementos. Garamendi señaló que, con esta medida, ya no se está hablando solo del SMI, sino que se está «rompiendo la propia negociación».
Fuentes empresariales han trasladado a la cúpula de CEOE que esta intervención estructural incrementaría los costes salariales entre un 15% y un 25%, impactando especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Sectores específicos bajo presión:
- Limpieza: Juan Ignacio Beltrán, presidente de ASPEL, explicó que en este sector, donde más de la mitad de los trabajadores están afectados por el SMI, el hecho de no poder absorber ni compensar complementos produce un incremento de al menos el 15%. Este efecto se multiplicaría al impedir la compensación, incluso si el grupo asesor del Gobierno recomienda una subida del SMI de solo entre el 2% y el 4%.
- Agricultura: Juanjo Álvarez, secretario de Organización de Asaja, considera que el cambio propuesto por Trabajo va a «dinamitar el equilibrio de los convenios, los contratos y los procesos de negociación» en curso en el sector agrario. Esto se debe a que la medida favorecería a los trabajadores que ya acumulan más complementos, alterando por completo la estructura salarial actual.
Conflicto de lealtades y demandas sindicales
La decisión de Trabajo responde a las demandas de CCOO y UGT. Los sindicatos habían condicionado su apoyo a la última subida del 4,4% a la revisión del decreto que regula el salario mínimo. CCOO y UGT argumentan que es injusto que los trabajadores que perciben complementos salariales que los sitúan ligeramente por encima del SMI no se beneficien de estos incrementos, o que se les recorte la compensación por riesgos inherentes a su labor, como la peligrosidad.
Internamente, los empresarios han cuestionado la lealtad de las organizaciones sindicales, temiendo que esta modificación de la estructura salarial se extienda a todos los rangos salariales y se esté cambiando por la «puerta de atrás» lo ya firmado por sus representantes sectoriales y territoriales.
El freno del ala socialista: contratos públicos
Además del conflicto por la absorción de complementos, Garamendi ha instado nuevamente al Ejecutivo a resolver la situación de las empresas con contratos de varios años con el sector público. Compañías de limpieza, mantenimiento o atención a la dependencia, cuyos costes laborales están a menudo ligados al SMI, no reciben compensación por las subidas de este salario en contratos de hasta cinco años, algo que las empresas no pueden anticipar.
Esta demanda es respaldada por los sindicatos, que admiten que esta situación ha generado convenios con dos tablas salariales (una para actividad pública y otra privada). La propia vicepresidenta segunda reconoció este problema e impulsó una proposición de ley que, no obstante, no ha sido debatida en el Congreso debido a las «resistencias del departamento de Hacienda». Garamendi ha hecho notar que, en este aspecto específico, el conflicto se localiza en el ala socialista del Gobierno, a diferencia de otros temas como el despido o los permisos, donde el enfrentamiento se mantiene con el socio minoritario (Unidas Sumar), que controla Trabajo.
A pesar de que el equipo de María Jesús Montero (Hacienda) es responsable de cambiar la Ley de Desindexación y la Ley de Contratos del Sector Público, ha rechazado hacerlo en varias intervenciones públicas. El Consejo Económico y Social (CES) ya había advertido previamente sobre la necesidad de contemplar la situación de estas empresas en contratos públicos vigentes.