La controversia ha estallado. Con el Gobierno en las últimas fases de la reforma de las cuotas de autónomos para 2026, Lorenzo Amor, líder de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha destacado una realidad que incomoda: muchos autónomos, sobre todo aquellos con ingresos más bajos, podrían verse forzados a abonar una cuota mensual que representa más de la mitad de sus ganancias. “Es increíble que se pretenda que un autónomo que gana 400 euros pague 217”, ha manifestado Amor en medios nacionales, reflejando el descontento de un sector que ya se siente relegado en términos de protección social.
Amor, quien fue reelegido recientemente hasta 2030 con un impresionante respaldo del 94,8% de los compromisarios de ATA, ha dedicado dos décadas a defender los intereses del colectivo y es una figura habitual en las negociaciones con el Gobierno y la patronal CEOE. Su mensaje es contundente: antes de plantear aumentos en las cuotas, es esencial abordar las deficiencias históricas en derechos y prestaciones. “No se puede exigir a un autónomo que cotice como si fuera un Ferrari y luego reciba prestaciones dignas de un Panda”, sostiene.
El contexto: cuotas, ingresos y protección social
El sistema actual, que está en vigor desde 2022, establece las cuotas según los ingresos reales declarados por el autónomo. La intención era avanzar hacia una mayor equidad y justicia fiscal. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Seguridad Social para 2026 incluye aumentos significativos en las bases y tipos, lo cual se traduciría en incrementos que irían del 4% al 35% el próximo año, pudiendo llegar hasta un asombroso 105% en 2028. Para aquellos autónomos con menores ingresos, esto implica que la cuota mínima podría superar el 50% de sus ganancias netas.
Lorenzo Amor ha rechazado esta propuesta con firmeza, argumentando que no respeta el espíritu del Pacto de Toledo ni los acuerdos alcanzados previamente en el diálogo social. “En ninguna parte de la ley se establece que las cuotas deban aumentar automáticamente”, recuerda. Además, denuncia que el verdadero objetivo del Gobierno es recaudatorio —se estima que esta medida podría generar unos 6.000 millones de euros adicionales— y no responde a una mejora real en la protección social.
Desigualdad y agravio comparativo
La comparación con los trabajadores asalariados resulta ineludible. Lorenzo Amor destaca que los autónomos ya aportan cuatro veces más en cotizaciones sociales que los empleados por cuenta ajena, según datos verificados por su propia organización. Y lo hacen sin disfrutar de las mismas prestaciones: acceso al desempleo, subsidio para mayores de 52 años, permisos retribuidos por lactancia o cobertura ante fallecimiento o condiciones climáticas adversas.
- El 60% de las solicitudes de cese de actividad son denegadas, según ATA.
- Los autónomos carecen del derecho al subsidio para mayores de 52 años, a diferencia de sus homólogos asalariados.
- España es el único país dentro de la UE donde los emprendedores no cuentan con un IVA franquiciado.
Amor enfatiza que antes de discutir subidas en las cotizaciones es crucial igualar derechos. “El Pacto de Toledo no menciona aumentar cotizaciones; habla sobre garantizar a los autónomos los mismos derechos que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Y eso aún no se ha logrado”, recalca.
Impacto en el mercado laboral y el tejido empresarial
La reforma no solo repercute en la economía diaria de cientos de miles de autónomos; también influye en la dinámica laboral y del emprendimiento en España. Este colectivo representa cerca del 16% del empleo total y es vital para la reactivación económica y la generación neta de nuevos puestos laborales. Sin embargo, durante los últimos cinco años han cerrado aproximadamente 500.000 negocios relacionados con el comercio minorista, según datos proporcionados por Amor.
El aumento del número de autónomos se concentra principalmente en Andalucía y Madrid, mientras comunidades como Galicia o Castilla y León ven disminuir su peso relativo. La despoblación y la escasez de oportunidades fuera del turismo obstaculizan el emprendimiento en gran parte del territorio nacional.
El pulso político y social
La postura adoptada por ATA es clara: no dará su apoyo a ningún incremento mientras no se aborden las carencias existentes en materia de protección social. Amor ha instado al Gobierno a “hablar menos y actuar más”, criticando la lentitud mostrada para renovar el cese extraordinario de actividad para aquellos autónomos afectados por catástrofes naturales.
La patronal CEOE, donde ATA tiene representación desde hace cuatro años, también ha expresado su desacuerdo respecto a la propuesta gubernamental. El desafío está planteado: mientras el Ejecutivo busca incrementar su recaudación, los autónomos demandan igualdad real antes de asumir nuevos costes.
Perspectivas y próximos pasos
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