La confianza internacional en España se tambalea. La inversión extranjera directa se ha desplomado más de un 60% en solo seis meses, firmando su peor registro en una década y encendiendo todas las alarmas sobre el atractivo del país para los grandes capitales.
Una caída de récord
Los datos no dejan lugar a dudas: entre enero y junio de 2025, la inversión extranjera apenas alcanzó 8.476 millones de euros, un 60,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Esta cifra marca el registro más bajo para un periodo enero-junio de los últimos diez años, con la única excepción del año 2021, directamente afectado por la pandemia y los confinamientos. El descenso intertrimestral también es demoledor: la inversión trimestral ha pasado de los 20.083,40 millones de euros que se recibían en el segundo trimestre (IITR) de 2018 (momento de la llegada del actual gobierno) a los 3.992,90 millones de euros en el IITR de 2025, lo que implica que se recibe la quinta parte de lo que se captaba entonces.
Inseguridad y desconfianza, el diagnóstico de los expertos
Diversos análisis apuntan directamente a la gestión gubernamental como causa principal de esta caída, que ha sido una tónica durante los siete años de gobierno de Pedro Sánchez. La inseguridad jurídica se considera el peor factor para la economía, ya que la incertidumbre retrae las inversiones ante la duda de cambios normativos
Entre los factores más señalados:
- Ataque Fiscal y Regulatorio: múltiples subidas de impuestos y la creación de tributos específicos sectoriales por «mero populismo».
- Intervencionismo empresarial: intromisión en las decisiones empresariales, como nombramientos en el capital de grandes multinacionales o el uso de consultas populistas ante OPAs.
- Inestabilidad institucional: intentos de control de la Justicia (que comprometerían la separación de poderes), ataques constantes al sector empresarial, cesiones a los independentistas y el uso de decretos ley (RDL) para forzar normas.
- Escándalos y corrupción: casos recientes que han deteriorado la imagen del país.
- Costes laborales en alza: el aumento desmedido del gasto público y la subida del salario mínimo de casi un 60% desde el inicio de la legislatura elevan los costes laborales, haciendo a España menos competitiva y expulsando inversiones.
Hechos recientes como el apagón generalizado a finales de abril o los escándalos políticos que marcan la vida pública desde junio también han influido en el ánimo de los inversores en el primer semestre de 2025.
Dónde y quiénes siguen apostando
La Comunidad de Madrid sigue siendo el epicentro inversor, con 4.509 millones (el 53,2% del total), aunque lejos de los casi 16.000 millones del año pasado. Cataluña la sigue con 1.189 millones.
Por sectores, los que más inversión extranjera atrajeron hasta junio fueron ‘actividades inmobiliarias’ (879 millones), ‘servicios de información’ (814 millones), la ‘industria de alimentación’ (772 millones) y el ‘suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire’ (770 millones).
Respecto al origen de los fondos, Luxemburgo destaca como el principal país inmediato inversor con 2.947 millones de euros. Les siguen Francia (824 millones), México (731 millones), Países Bajos (648 millones) y Alemania (465 millones).
La inversión empresarial: un motor que no arranca
Pese al rebote del PIB tras la pandemia, la inversión empresarial productiva sigue siendo uno de los puntos más débiles de la economía española. El crecimiento no ha ido acompañado de una renovación real del tejido productivo: las empresas invierten menos, retrasan decisiones estratégicas y muestran un preocupante agotamiento inversor.
A finales del tercer trimestre de 2024, la inversión productiva (sin incluir vivienda) todavía se situaba un 1,6% por debajo de los niveles prepandemia, reflejando una recuperación incompleta. El problema se acentúa en el ámbito privado, donde el peso de la inversión sobre el PIB ha pasado del 12,6% en 2019 al 10,7% en 2024.
El dinamismo inversor está concentrado en las grandes empresas, más productivas y con mayor acceso a financiación. Son ellas las que continúan apostando por la renovación tecnológica y la expansión internacional.
Por tipo de activo, el comportamiento es desigual:
La inversión en activos intangibles (tecnología, software, propiedad intelectual) es la más sólida, y ya supera en un 15,7% los niveles de 2019.
En el extremo opuesto, la inversión en transporte se mantiene un 26,5% por debajo del nivel previo a la pandemia.
Los sectores de Industria y Energía son los más optimistas en sus previsiones para los próximos doce meses, especialmente los que se benefician de los fondos europeos o de la transición verde.
Según la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE), la incertidumbre sobre la política económica es hoy el principal freno a la inversión. Cuatro de cada diez empresas reconocen que esta falta de claridad afecta negativamente a sus decisiones de gasto y expansión.
A ello se suman la excesiva regulación, los costes crecientes y la dependencia de la subcontratación, que limitan la flexibilidad de las compañías.
El impacto varía según el tamaño empresarial:
Las empresas medianas (10–50 empleados) son las más sensibles a la regulación y la incertidumbre política, factores que reducen su margen de maniobra.
Las microempresas (menos de 10 empleados) señalan otros obstáculos más inmediatos: escasez de mano de obra cualificada, rentabilidad insuficiente de los proyectos y dificultades de acceso a financiación.
En conjunto, el panorama revela un país donde la iniciativa privada avanza con freno de mano: la inversión productiva se estanca, la confianza empresarial se erosiona y el crecimiento se apoya cada vez más en fondos públicos en lugar de en decisiones empresariales sostenibles.
Mientras tanto, la inversión pública crece de forma artificial, sostenida por los fondos europeos: ya representa el 2,8% del PIB (frente al 2,2% en 2019), impulsada principalmente por los programas de gasto ligados a la crisis sanitaria y los fondos Next Generation EU. En otras palabras, el impulso inversor proviene del Estado, no del tejido empresarial.
Los fondos Next Generation EU, el salvavidas europeo
Los fondos Next Generation EU (NGEU) se han convertido en el gran salvavidas de la inversión en España, actuando como motor principal de la inversión pública y, en menor medida, como estímulo para la privada. Sin ellos, buena parte de la actividad inversora del último año simplemente no habría existido.
Según los últimos datos, uno de cada cinco empresas (21,1%) ha solicitado —o planea solicitar próximamente— estos fondos europeos. La industria y la energía concentran la mayor parte de las iniciativas, sectores que tradicionalmente han mostrado más capacidad para canalizar las ayudas comunitarias hacia proyectos transformadores.
El 40% de las empresas beneficiarias destina las ayudas a digitalizar o automatizar procesos, confirmando que la modernización tecnológica sigue siendo la prioridad número uno del tejido empresarial. En segundo lugar, destacan las inversiones verdes (21,3%), centradas en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, seguidas por los proyectos de I+D+i (16%), donde el objetivo es reforzar la competitividad a medio plazo. Este reparto refleja una clara tendencia: las empresas que invierten con fondos europeos lo hacen principalmente para ganar eficiencia y modernizar su estructura, más que para expandir su capacidad productiva.
El impacto de los NGEU sobre la inversión total es indudable, pero también deja al descubierto una dependencia preocupante del estímulo público. El 45% de las empresas que accedieron a estos fondos reconoce que no habría realizado ninguna inversión sin ese apoyo. Otro 31% afirma que solo habría ejecutado una parte de los proyectos, mientras que apenas el 24% habría invertido de todas formas. Esto significa que más de tres cuartas partes de las inversiones actuales dependen directamente del empuje europeo, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad futura una vez que cesen las ayudas.
Las inversiones verdes, curiosamente, muestran un menor grado de aditividad: el 39% de las empresas habría acometido esos proyectos incluso sin ayuda. Este dato sugiere un “efecto peso muerto” en parte de las inversiones ecológicas, posiblemente porque su alta rentabilidad intrínseca —en un contexto de precios energéticos elevados— ya las hacía atractivas sin necesidad de subsidios.
En conjunto, los fondos europeos han evitado un parón inversor más severo, pero también han revelado la fragilidad del impulso privado. España crece gracias al empuje de Bruselas, no por la confianza de sus empresarios. El desafío, ahora, es convertir esa ayuda extraordinaria en un motor de inversión sostenible y autónomo, capaz de sostenerse sin la muleta pública.
España ante el espejo
España se ha vuelto un país poco atractivo para el capital extranjero, con una fuga de inversiones histórica que amenaza la creación de empleo y el crecimiento futuro. El reto es monumental: recuperar la confianza internacional mientras se fortalece la cultura inversora nacional. Sin estabilidad política ni seguridad jurídica, la inversión —motor del crecimiento— seguirá apagada.