El regreso a Madrid de Ada Colau junto a otros veinte perroflautas españoles, tras su estancia en las cárceles israelíes, ha reavivado el debate en torno al polémico viaje de la Flotilla Global Sumud.
La imagen de estos recién llegados, rodeados por simpatizantes y cámaras, ha servido como un epílogo —temporal— a una operación que ha suscitado críticas, divisiones políticas y dudas sobre la legitimidad del proyecto.
El Ministerio de Exteriores admite que ha sufragado los gastos de la vuelta de los integrantes de la Global Sumud Flotilla y estalla la polémica: «A Ángela Angulo la dejaron tirada en Tailandia y tuvo que pagarse un avión medicalizado de 400.000 euros».
La conocida como Flotilla de la Libertad, que reunió a delegaciones de 57 países, zarpó desde Barcelona con el objetivo declarado de romper el bloqueo israelí sobre Gaza y llevar ayuda humanitaria. Más de 450 activistas, entre ellos 49 españoles, se embarcaron en un gesto que, según muchos analistas, combinaba reivindicación política y espectáculo mediático.
El propio recorrido, minuciosamente documentado en redes sociales, así como la presencia de figuras públicas como Ada Colau o Jordi Coronas, reforzaron la idea de que se trataba de un acto de denuncia y presión internacional.
No obstante, el desenlace era algo que muchos anticipaban. La Armada israelí interceptó la flotilla en aguas internacionales bajo el argumento de cuestiones de seguridad y para mantener el bloqueo sobre Gaza. Los activistas fueron detenidos y trasladados a prisiones en el desierto del Neguev, donde las condiciones han sido descritas por ellos mismos como “inhumanas”, aunque las autoridades israelíes sostienen que se han respetado los derechos básicos y se les ha proporcionado acceso a alimentos y atención médica.
Solo 21 deportados: la clave radica en el papel
El Gobierno español, bajo la dirección de José Manuel Albares en Exteriores, inició negociaciones desde el primer momento para lograr la liberación de los detenidos. Sin embargo, esta solución solo ha sido posible para aquellos que aceptaron firmar un documento reconociendo su entrada ilegal en Israel. De los 49 españoles involucrados, únicamente 21 decidieron firmar y regresar en un vuelo hacia casa; mientras tanto, los demás —entre ellos parlamentarios y miembros de partidos como Podemos— se han negado a suscribir dicho documento al considerar ilegítima la jurisdicción israelí en aguas que España reconoce como palestinas.
Tabla: Españoles de la Flotilla liberados y retenidos
| Estado actual | Número de personas | Perfil destacado |
|---|---|---|
| Liberados y deportados | 21 | Ada Colau, Jordi Coronas |
| Retenidos en Israel | 28 | Miembros de Podemos y otros |
Este detalle legal es crucial: quienes optan por no firmar permanecen en el centro de internamiento mientras esperan que un juez israelí decida sobre su deportación forzada o se logre una salida diplomática.
Denuncias, apoyos y el debate sobre el coste público
Los activistas han denunciado presuntos malos tratos durante su encarcelamiento. Relatan situaciones humillantes durante los registros, hacinamiento extremo, privación de medicinas y un trato intimidatorio. Las autoridades israelíes han negado tales abusos y aseguran que se han respetado los derechos de los detenidos con supervisión del consulado español. El testimonio de Ada Colau, quien describe celdas abarrotadas junto a una fotografía desgarradora de Gaza destruida adornando la pared, ha avivado la polémica sobre las condiciones penitenciarias israelíes.
El regreso de los deportados estuvo marcado por un cálido recibimiento por parte de figuras políticas y mensajes solidarios desde el Gobierno y partidos afines. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha alabado la “dignidad y solidaridad” demostradas por los activistas e instó a liberar al resto.
Sin embargo, este operativo ha suscitado un intenso debate acerca del uso indebido de recursos públicos. El Ministerio de Exteriores ha reconocido haber costeado los billetes aéreos para los deportados, justificando esta decisión por motivos humanitarios y para acelerar el proceso. Este episodio alimenta las críticas hacia quienes ven en la flotilla una maniobra propagandística financiada con dinero del contribuyente más que una acción genuinamente humanitaria.
¿Apoyo al terrorismo o solidaridad legítima?
Otro frente polémico son las acusaciones recurrentes desde ciertos sectores que sugieren que tanto la flotilla como sus miembros respaldan indirectamente a Hamás, considerada terrorista por la UE y otros países occidentales. Los activistas rechazan estas afirmaciones defendiendo que su único propósito es denunciar el bloqueo e instar al respeto por los derechos humanos en Gaza. No obstante, sigue abierto el debate sobre dónde trazar la línea entre solidaridad genuina y complicidad política; especialmente cuando el contexto del conflicto —marcado por bombardeos sobre Gaza y una situación humanitaria alarmante— polariza las opiniones.
El papel del Gobierno y la llegada a Barajas
La vuelta de los deportados ha sido meticulosamente gestionada por el Ministerio de Exteriores, movilizando recursos consulares desde Tel Aviv hasta El Cairo y Nicosia. La llegada a Barajas de los 21 activistas liderados por Ada Colau fue recibida con entusiasmo por familiares, simpatizantes e intensa cobertura mediática. Mientras tanto, aquellos que aún permanecen retenidos esperan una solución con la promesa gubernamental de mantener presión diplomática para garantizar su integridad y derechos.
Perspectivas y posibles escenarios
La liberación parcial de los españoles involucrados en la flotilla representa solo un capítulo dentro una historia repleta de elementos propagandísticos, activismo político y diplomacia ante crisis. La decisión adoptada por Israel al liberar únicamente a quienes aceptaron ser deportados podría establecer un precedente para futuras operaciones similares; mientras tanto sigue viva la controversia respecto al coste público involucrado así como a la legitimidad misma del acto protestante.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa cómo acciones simbólicas —y su tratamiento mediático— pueden influir realmente en política internacional así como en percepciones públicas; más allá del éxito o fracaso real respecto a sus objetivos declarados. La llegada reciente de estos activistas a Madrid cierra momentáneamente un capítulo pero anticipa nuevas batallas narrativas y diplomáticas aún por venir.