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En Madrid, las sanciones por circular en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han dejado de ser una pesadilla para muchos conductores para transformarse en un tema judicial que pone en jaque la recaudación del Ayuntamiento.
Según datos de las asociaciones defensoras de los conductores, más del 95% de las multas impugnadas han sido anuladas, cifra que se eleva al 97% en el caso de la entidad Dvuelta.
Este cambio legal ha resultado en la cancelación de miles de procedimientos sancionadores, dejando en entredicho la validez de un sistema que generó más de 144 millones de euros en ingresos municipales solo en 2023.
La magnitud del desafío se refleja en las estadísticas judiciales.
Dvuelta ya suma 558 sentencias favorables contra el Ayuntamiento por multas consideradas nulas en distintas ZBE. En casi la mitad de estos casos, el Consistorio ha tenido que asumir los gastos procesales, lo cual representa un duro golpe económico. En los primeros meses de 2025, los tribunales han emitido 383 sentencias adversas y 224 condenas en costas, lo que equivale a casi el 60% de los casos revisados.
¿Por qué caen las multas?
La justicia ha centrado su atención en dos argumentos fundamentales:
- Incumplimiento del Artículo 242 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS): El Ayuntamiento no demuestra haber instalado carteles informativos visibles que avisen a los conductores sobre la captación y transmisión de datos para el control del acceso. Esta falta de señalización infringe derechos básicos relacionados con la información y defensa, lo que lleva a anular las sanciones.
- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM): El TSJM ha invalidado la parte de la Ordenanza referente a las ZBE, lo que implica que todas las multas impuestas bajo esa normativa carecen de fundamento legal. Así, los jueces dictan fallos sistemáticos a favor de los conductores, dado que la base legal para estas sanciones ha desaparecido.
El modelo recaudatorio en entredicho
Madrid lidera el ranking nacional en recaudación por multas entre las diez ciudades más pobladas del país. Este año, el Ayuntamiento espera ingresar más de 208 millones de euros procedentes de sanciones, siendo las ZBE su principal fuente. Con un importe mínimo fijado en 200 euros, estas multas se convierten en una fuente muy lucrativa para las administraciones locales.
El portavoz de Dvuelta, Pedro Javaloyes, afirma que “los tribunales están frenando al Ayuntamiento sistemáticamente debido al uso masivo e injustificado de las sanciones por ZBE” y critica una clara “intención recaudatoria” a expensas de los conductores, desmontada sentencia tras sentencia. Esta situación pone sobre la mesa un cambio significativo en la protección legal hacia los derechos ciudadanos y plantea serias interrogantes sobre la proporcionalidad y legalidad social detrás de estas medidas.
Distribución geográfica de las anulaciones
- 60% corresponde a multas impuestas en la ZBE del Distrito Centro.
- 25% se registran en Madrid ZBE.
- 15% provienen de la ZBE situada en Plaza Elíptica.
Más del 50% del total recaudado por multas proviene precisamente de sanciones relacionadas con las ZBE, lo que refuerza su peso dentro del presupuesto municipal.
Fallos informáticos y nuevos frentes de reclamación
El Ayuntamiento también se enfrenta a la anulación masiva de multas emitidas entre junio y agosto del año 2024 debido a un fallo informático en sus sistemas. Este error impidió registrar correctamente alegaciones y recursos presentados por los ciudadanos dentro del plazo establecido, lo que llevó a la prescripción o caducidad automática según establece la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial. La firma Pyramid Consulting ya ha tramitado más de 5.000 expedientes afectados y aconseja revisar todas las multas emitidas durante ese periodo, pues muchas deben considerarse nulas por falta de respuesta administrativa oportuna.
Este incidente abre una nueva vía para reclamaciones no solo por reintegro del dinero pagado, sino también por daños derivados debido a sanciones mal aplicadas, como pérdida injustificada de puntos o restricciones indebidas sobre circulación. La fiabilidad del sistema administrativo queda así cuestionada, subrayando la necesidad urgentede una supervisión tecnológica rigurosa.
¿Recurrir o pagar? El dilema ciudadano
Recurrir multas se ha convertido en un acto cívico habitual. La balanza se inclina entre una administración que parece convertir cada multa en un instrumento recaudador y un ciudadano que se siente indefenso ante esta situación. Sin embargo, expertos advierten: abonar la multa inmediatamente implica reconocer culpabilidad y renunciar a cualquier posibilidad posterior para recurrirla, incluso si finalmente es declarada nula.
El proceso para reclamar exige presentar alegaciones dentro de los 20 días naturales posteriores a recibir la multa, solicitando pruebas concretas que demuestren que el conductor realmente infringió alguna norma y que había señalización adecuada. Si el expediente está mal gestionado o si hay documentación insuficiente, es probable que los tribunales anulen dicha sanción.
Reacciones y consecuencias sociales
Este fenómeno judicial no solo impacta negativamente sobre la recaudación municipal; también influye notablemente en cómo percibe el público la gestión relacionada con movilidad y derechos ciudadanos. La anulación masiva tanto por ZBE como por errores administrativos ha generado un torrente reclamaciones y debates acerca del modelo actual para controlar el tráfico y la transparencia administrativa.
Mientras tanto, el Ayuntamiento analiza cómo responder ante este aluvión incesantede sentencias desfavorables y posibles devoluciones. Muchos madrileños respiran con alivio ante esta situación. La justicia ha logrado imponer límites temporales a un sistema que parecía imparable.