El Gobierno español ha incumplido oficialmente el plazo constitucional para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, que expiró ayer, 30 de septiembre. Por tercer año consecutivo, el Ejecutivo no ha logrado registrar el proyecto de cuentas públicas en el Congreso de los Diputados, lo que abre la puerta a una situación sin precedentes: que los presupuestos de 2023 se prorroguen por tercer ejercicio consecutivo, algo que nunca antes había ocurrido.
A pesar de que el proceso se inició formalmente el 3 de septiembre con la publicación de la Orden de elaboración en el BOE, pasos previos indispensables como la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit todavía no se han completado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que su gabinete está «ajustando los últimos números» y trabajando «intensamente con los otros ministerios y los grupos políticos» para llevar «pronto» ambos puntos al Consejo de Ministros.
Un Ejecutivo que resta importancia a los plazos
Ante el evidente incumplimiento, varios miembros del Gobierno han intentado minimizar su importancia. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el más explícito al afirmar que «lo importante ya no es un día arriba o un día abajo, sino que ese proyecto se presente«. El ministro insiste en que el objetivo es conseguir una mayoría que apruebe las cuentas y ha recordado que, incluso con presupuestos prorrogados, el Ejecutivo ha sido «capaz de llevar a cabo todas las reformas y todas las inversiones necesarias» en los últimos años.
En una línea similar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también reiteró la intención del Gobierno de presentar las cuentas, a pesar de la prórroga actual. Sin embargo, la demora refleja el desgaste de un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria, incapaz de articular mayorías estables para un trámite tan fundamental como aprobar sus propios presupuestos. La última vez que se aprobaron unas cuentas fue en diciembre de 2022 para el ejercicio de 2023, lo que significa que el Ejecutivo lleva más de 1.000 días con las mismas cuentas prorrogadas.
El doble bloqueo: la senda de déficit y la falta de apoyos
El principal escollo para el Gobierno es la aritmética parlamentaria. El proceso se encuentra bloqueado en dos puntos clave:
- La senda de déficit: es el paso más problemático. Consiste en repartir el objetivo de déficit máximo permitido por Bruselas (2,1% del PIB para 2026) entre las distintas administraciones. Esta senda debe ser votada en el Congreso. El año pasado, la propuesta para el periodo 2025-2027 fue rechazada por PP, Vox y Junts, lo que impidió elaborar los presupuestos de 2025 y forzó la prórroga actual.
- La negociación con los socios: el escenario de este año es muy similar. Los socios parlamentarios niegan que haya negociaciones en marcha. «No hay negociación presupuestaria», afirmó ayer el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien exige que se cumpla lo pactado en financiación fiscal. Desde Podemos, Pablo Fernández asegura que «no ha habido ningún contacto» y condiciona su apoyo a más inversión social y un recorte en gasto militar. Por su parte, Junts, que fue clave en el bloqueo anterior, advierte: «Hoy por hoy no tienen ninguna mayoría para aprobarlos», y recalca que «no habrá Presupuestos de 2026 sin cumplir con Cataluña».
Mientras tanto, el PP califica la situación de «agonizante» y presiona pidiendo un adelanto electoral, argumentando que la falta de presupuestos desde 2022 y la ausencia de una mayoría sólida demuestran la parálisis del Gobierno.
Prioridades de un presupuesto aún en el aire
A pesar de los obstáculos, la Orden Ministerial publicada en septiembre detalla las ambiciosas prioridades para las cuentas de 2026. El objetivo es dar continuidad a la política económica que, según el Gobierno, ha permitido a España crecer por encima de la media de la UE y alcanzar cifras récord de empleo. Los ejes principales incluyen:
- Vivienda: impulsar la oferta de vivienda asequible, especialmente para jóvenes.
- Fondos Europeos: culminar la modernización del tejido productivo desplegando la Adenda del Plan de Recuperación y los PERTE.
- Estado del bienestar: reforzar la sanidad pública, especialmente la atención primaria, y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.
- Transición ecológica: aumentar la inversión en descarbonización, energías renovables y prevención de incendios.
- Defensa e innovación: mantener los compromisos con socios estratégicos y posicionar la ciencia como eje del modelo productivo.
Aunque el Gobierno insiste en que presentará los presupuestos «lo antes posible», el incumplimiento del plazo constitucional augura un calendario muy ajustado y un debate parlamentario bronco, dejando en el aire la viabilidad de la legislatura.