El sistema de pensiones en China se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales y económicos para el gobierno del país. Aunque oficialmente se estructura sobre tres pilares, la realidad muestra que existe una gran dependencia de uno solo: el sistema público de seguros de vejez (Programa obligatorio estatal que garantiza una pensión a la mayoría de la población). Este modelo, que actualmente cubre a más de mil millones de personas, enfrenta graves problemas de equidad y sostenibilidad a largo plazo.
Los tres pilares del sistema
El primer pilar es el sistema de seguros públicos de vejez, de carácter obligatorio, que cubre tanto a trabajadores del sector estatal como a ciudadanos desempleados en áreas urbanas y rurales. Este constituye, de lejos, el más importante, dado que los otros dos pilares siguen teniendo una presencia marginal en la sociedad.
El segundo pilar está compuesto por el sistema de anualidades empresariales, creado en 2004. Se trata de un plan voluntario para empleados del sector privado, donde los trabajadores y empresas pueden aportar una parte del salario, obteniendo ciertos beneficios fiscales. Sin embargo, solo alrededor del 5% de la población activa se ha inscrito, lo que lo convierte en un instrumento con un alcance limitado.
El tercer pilar es el plan de pensiones personales, introducido en 2022. Permite a cualquier individuo aportar hasta 12.000 yuanes anuales en una cuenta exenta de impuestos, similar a los sistemas de ahorro para el retiro de países como Estados Unidos o el Reino Unido. A pesar de su potencial, la participación aún es baja, aunque se espera que aumente con el tiempo.
El problema de la equidad
Uno de los principales cuestionamientos hacia el sistema es su falta de equidad (Principio de justicia distributiva). Los beneficios dependen en gran medida de la provincia en la que se haya cotizado, ya que la gestión recae en los gobiernos locales. Esto significa que los jubilados de regiones más ricas reciben pensiones considerablemente más altas que aquellos de provincias pobres.
La situación se agrava por la permanencia del sistema hukou (Registro de residencia en China que vincula derechos sociales a la ciudad de origen), que impide que los trabajadores migrantes puedan trasladar plenamente sus beneficios a las grandes ciudades donde laboran. En consecuencia, un campesino que se muda a Shanghái seguirá dependiendo de las prestaciones asociadas a su lugar de origen, generalmente de menor cuantía.
Además, el sistema refuerza divisiones entre el campo y la ciudad: los trabajadores rurales reciben pensiones mucho más bajas que los urbanos, ampliando la brecha socioeconómica. También existe una diferencia generacional, ya que las cohortes mayores, especialmente exfuncionarios públicos o empleados de empresas estatales, disfrutan de pensiones significativamente más generosas que las que esperan recibir los jóvenes.
Este fenómeno se explica en parte por la existencia histórica del sistema del “tazón de arroz de hierro” (régimen que garantizaba empleo y pensiones vitalicias a funcionarios sin necesidad de aportar), que hasta los años noventa permitió a los servidores públicos jubilarse con el 100% de su salario. Aunque en 1997 se introdujo un sistema contributivo, muchos organismos estatales mantuvieron condiciones privilegiadas. Esto ha generado una percepción de injusticia y ha reducido la confianza de los jóvenes en el sistema.
El problema de la sostenibilidad
El otro gran desafío es la insostenibilidad financiera (Imposibilidad de sostener gastos en el tiempo sin agotar recursos). Al igual que en otros países con poblaciones envejecidas, el sistema chino enfrenta crecientes presiones demográficas.
El índice de dependencia de la vejez (Relación entre el número de jubilados y la población en edad de trabajar) ilustra el problema: en 1980, había 11 trabajadores por cada pensionista; hoy la cifra ha caído a 4,3 y se prevé que alcance apenas 1,5 en 2050. Este desequilibrio es resultado de la baja natalidad, consecuencia directa de la política del hijo único y del descenso de la tasa de fertilidad (Número medio de hijos por mujer) a niveles históricamente bajos, con 1,09 en 2022.
A este panorama se suma que China aún no es un país plenamente desarrollado, con un PIB per cápita inferior a 15.000 dólares, similar al de varias economías latinoamericanas. Esto implica que deberá enfrentar su crisis demográfica con menos recursos fiscales que otros países envejecidos.
La edad de jubilación, establecida en 60 años desde 1955, resulta baja frente a la esperanza de vida actual (casi 80 años). De hecho, muchos trabajadores se retiran antes de esa edad, promediando los 54 años. El gobierno ha anunciado planes para elevarla a 63, aunque todavía estaría por debajo de los estándares internacionales.
En este contexto, el Fondo Nacional de Seguridad Social (FNSS) (Reserva creada en 2000 para cubrir futuras pensiones) podría agotarse en 2035, o incluso antes, debido a la insuficiencia de aportaciones de los jóvenes, quienes cada vez participan menos por falta de confianza en el sistema.
Opciones de reforma
Las posibles soluciones para el Partido Comunista Chino son limitadas. Sin un aumento significativo de la productividad, la natalidad o la inmigración —todos escenarios poco probables— las opciones más factibles son retrasar aún más la edad de jubilación o reducir la generosidad de las pensiones. Ambas medidas, como se ha visto en Europa, son políticamente controvertidas.
El gran dilema de China será cómo equilibrar las cuentas públicas sin agravar las desigualdades ya existentes ni desencadenar descontento social. Su sistema de pensiones es, al mismo tiempo, un pilar de seguridad para millones de personas y una fuente creciente de tensiones estructurales que marcarán el futuro económico y político del país.