No les cabe un cacahuete.
Pero más por lo que pasa en los juzgados españoles, que por lo que pueda llegar de la blanda y rica Europa.
Madrid recibe esta semana a los enviados de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, en un momento en que la justicia española vive una de sus etapas más convulsas de las últimas décadas.
No es una visita de cortesía ni para degustar churros con chocolate: los cinco miembros de la Comisión aterrizan con la misión de analizar, de arriba abajo, la polémica reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), justo cuando la tensión entre jueces, Gobierno y oposición alcanza cotas dignas de una serie de suspense judicial.
El proceso de renovación del CGPJ, bloqueado durante años y recién desbloqueado tras arduas negociaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular, ha resultado en la designación de 20 vocales y la elección de Isabel Perelló como presidenta. Sin embargo, la reforma prometida sobre el modelo de elección sigue encallada en el fango de la política nacional. El Consejo, lejos de un consenso, ha remitido a las Cortes dos propuestas opuestas: una impulsada por el sector progresista, que defiende la elección parlamentaria; otra por el conservador, que aboga por que los jueces elijan a los jueces.
Agenda: encuentros, interrogantes y tensiones
La Comisión de Venecia no viene con las manos vacías ni con tiempo para el turismo. Su agenda está marcada por reuniones con todos los actores clave del sistema judicial y político español:
- Vocales del CGPJ, representando ambos sectores enfrentados.
- La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, corazón de la judicatura.
- Asociaciones judiciales y de fiscales.
- Expertos en derecho constitucional y procesal.
- El Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños.
- Miembros de Congreso y Senado, donde se cuecen las reformas legales.
En estos encuentros, la Comisión escuchará no solo las propuestas de reforma, sino también las inquietudes sobre la independencia judicial, la permanencia de un fiscal general procesado y los ataques políticos a jueces concretos. Todo ello bajo la sombra alargada de los informes europeos que han alertado del aumento de la percepción de corrupción y de la necesidad de mejorar las garantías democráticas en España.
El pulso de la reforma: dos modelos en disputa
El núcleo del debate gira en torno al sistema de elección de los vocales jueces del CGPJ. El modelo actual, basado en la elección parlamentaria, es defendido por el sector progresista y por el PSOE, mientras que el bloque conservador, respaldado por el PP y por buena parte de las asociaciones judiciales, apuesta por que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes. Este último enfoque cuenta con mayor simpatía en la Comisión de Venecia, como han dejado entrever sus miembros en anteriores informes internacionales, donde se subraya la importancia de que «los jueces elijan a los jueces» para garantizar la independencia judicial.
El resultado de la visita será un dictamen que se espera para mediados de octubre y que, aunque no vinculante, podría marcar el ritmo de futuras negociaciones y poner presión sobre las instituciones españolas para que adapten sus prácticas a los estándares europeos.
El Supremo y el caso del fiscal general: otro frente abierto
Como si la reforma del CGPJ no bastara para agitar las aguas, el Tribunal Supremo se prepara para dictar sentencia sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a comienzos de 2026. El proceso, que se prevé complejo y con repercusiones institucionales de calado, se centra en la acusación de revelación de secretos, derivada de la filtración de un correo confidencial relativo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La instrucción, a cargo del magistrado Ángel Hurtado, ha impuesto una fianza de 150.000 euros a García Ortiz y ha descartado su suspensión cautelar, argumentando un vacío legal en la regulación del cargo. El juicio, que será el primero en el que un fiscal general se sienta en el banquillo del Supremo, estará presidido por un panel de siete magistrados, con mayoría conservadora pero presencia progresista, lo que añade otra capa de tensión al desenlace.
Los hechos objeto del juicio —la filtración de información sensible obtenida en el ejercicio del cargo— han puesto en entredicho la reputación del Ministerio Fiscal y la imparcialidad de la institución, elevando el debate sobre la independencia judicial a un nuevo nivel de urgencia y preocupación.
Reacciones políticas y presión europea
La llegada de la Comisión de Venecia ha sacudido el tablero político. Dirigentes del Partido Popular, como Cuca Gamarra, han exigido una «reforma» y «regeneración» del sistema judicial, reclamando cambios en la elección de los miembros del CGPJ y del fiscal general del Estado. El Gobierno, por su parte, ha defendido la reciente renovación del Consejo como un paso hacia la normalidad institucional, aunque reconoce la necesidad de abordar la reforma pendiente.
La presión europea es palpable. La Comisión Europea ha reiterado la obligación de España de adoptar medidas eficaces contra la corrupción y de garantizar la independencia judicial. El informe de la Comisión de Venecia, cuyo borrador se debatirá en Venecia el 9 y 10 de octubre, podría convertirse en un catalizador para desbloquear la reforma o, en caso contrario, en una nueva piedra en el zapato de la política nacional.
Curiosidades y datos para no perderse
- La Comisión de Venecia ya visitó España por la ley de amnistía y, aunque no vio vulneración de la separación de poderes, criticó la urgencia y la falta de consenso en su tramitación.
- El dictamen sobre el modelo de elección de vocales del CGPJ podría inclinarse hacia el sistema conservador, que cuenta con mayor respaldo internacional.
- El juicio al fiscal general será el primero en la historia del Supremo contra un titular del cargo y podría tener efectos en cadena sobre la imagen y funcionamiento de la Fiscalía.
- El renovado CGPJ presentó dos informes contradictorios sobre la reforma, reflejo de la profunda división interna en el órgano de gobierno de los jueces.
- La percepción de corrupción en España ha aumentado significativamente en los últimos cinco años, según la Comisión Europea, y la estrategia nacional para combatirla sigue en el aire.
En Madrid, a día de hoy, los pasillos de la justicia huelen a expectativas y nerviosismo. Y mientras la Comisión de Venecia toma nota, más de uno en la Carrera de San Jerónimo se pregunta si, esta vez, Europa traerá algo más que recomendaciones.